El Consejo Superior del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires anunció que se fortalecieron las tareas de detección, fiscalización y denuncia de personas que ejercen ilegalmente la odontología. La estrategia incluye la articulación con la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense.
La lucha contra el ejercicio ilegal de la odontología atraviesa una nueva etapa en la Provincia de Buenos Aires. Así lo informó el Colegio de Odontólogos bonaerense en un comunicado en el cual se detalló que se viene profundizando un esquema de trabajo que comienza con la recepción de denuncias y alertas, continúa con tareas de investigación y fiscalización en territorio y -cuando se constatan irregularidades- avanza por la vía administrativa y judicial.
La estrategia es coordinada por el Consejo Superior y llevada adelante junto con los diez distritos de la institución, que intervienen ante situaciones en las que personas sin título habilitante o sin matrícula profesional realizan prácticas propias de la odontología. De este modo, se busca que cada denuncia pueda ser documentada y, cuando corresponda, puesta en conocimiento de la Justicia.
En paralelo, el Colegio sostiene una línea de trabajo institucional con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a partir del convenio suscripto con el Procurador General, Dr. Julio Marcelo Conte-Grand. El acuerdo contempla acciones destinadas a fortalecer la prevención, detección y denuncia del ejercicio ilegal, entre ellas el desarrollo de un protocolo para la presentación de denuncias ante el Ministerio Público Fiscal y la capacitación de dirigentes de la profesión junto con la Procuración.
El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, y el Presidente del Colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires, Diego Biscioni, firmaron un convenio de cooperación.
Casos concretos: de la fiscalización a la denuncia penal
Desde el Colegio de Odontólogos, brindaron detalles de intervenciones realizadas en los últimos meses en distintos puntos de la Provincia.
En Lanús Este, durante marzo, el Distrito II del Colegio llevó adelante un operativo en un consultorio ubicado sobre la calle Madariaga. Allí se constató que una persona ejercía la odontología sin contar con matrícula profesional ni habilitación. Frente a la situación detectada, la institución procedió a la clausura del establecimiento y posteriormente realizó la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía competente.
También en marzo, en Almirante Brown, una investigación iniciada a partir de denuncias realizadas por odontólogos permitió detectar a una persona que se presentaba como protesista dental y que atendía pacientes para tomar impresiones y confeccionar prótesis.
A partir de las tareas de investigación de campo y de la constatación de pruebas, inspectores del Distrito II intervinieron en el lugar. La actuación derivó en las correspondientes actuaciones administrativas y en una denuncia penal ante la autoridad judicial competente, debido a que las prácticas detectadas excedían las actividades permitidas para un técnico o protesista dental.
Otro procedimiento tuvo lugar en Villa Domínico, donde el Colegio detectó a un supuesto protesista dental atendiendo pacientes dentro de un club y realizando prácticas que son propias y exclusivas del ejercicio de la odontología.
La actividad se desarrollaba bajo la denominación de una “Campaña Solidaria”, pero la fiscalización permitió constatar que, detrás de esa presentación, se estaban realizando prácticas odontológicas por fuera del marco legal. El lugar fue clausurado y el Colegio efectuó también la correspondiente denuncia penal.
Estos procedimientos se suman a las acciones desarrolladas en Ingeniero Budge durante mayo de 2025, donde se realizó un operativo conjunto con autoridades municipales y policiales que culminó con cinco clausuras de establecimientos en los que se efectuaban atenciones odontológicas sin cumplir con la normativa vigente.
Los casos mencionados forman parte de una política que se replica en distintos puntos de la Provincia. Las denuncias de profesionales y particulares permiten poner en marcha las investigaciones; los Distritos realizan las tareas de fiscalización y constatación y, una vez reunidos los elementos necesarios, el Colegio avanza con las actuaciones administrativas y la denuncia ante la Justicia cuando corresponde.
El ejercicio ilegales un problema de salud pública
Para el Colegio de Odontólogos, la problemática excede el incumplimiento de las normas que regulan el ejercicio profesional. “El ejercicio ilegal de la odontología constituye también un riesgo para la salud de quienes se someten a tratamientos realizados por personas que no cuentan con la formación, habilitación ni matrícula correspondientes”, expresaron.
La preocupación se mantiene vigente frente a la proliferación de ofertas de supuestos tratamientos odontológicos a bajo costo, a cargo de personas que se presentan falsamente como odontólogos, y prometen soluciones rápidas a través de redes sociales y publicidad informal.
En este contexto, la institución recomendó a la población verificar la matrícula del profesional antes de iniciar cualquier tratamiento. En este sentido, desde el Colegio remarcaron que esa comprobación constituye una herramienta fundamental para garantizar que la atención esté a cargo de una persona habilitada para ejercer la profesión.
Asimismo, se solicitó a pacientes y profesionales que, ante cualquier sospecha de ejercicio ilegal, utilicen los canales oficiales del Colegio para realizar la denuncia. “La información aportada por la comunidad resulta clave para que los Distritos puedan iniciar las tareas de investigación, fiscalizar los establecimientos y reunir los elementos necesarios para avanzar institucionalmente”, señalaron desde la Mesa Directiva.
