El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial rechazó de forma tajante la decisión del gobierno bonaerense de implementar el cobro de peaje en un corredor clave de 180 km que une La Plata con Zárate-Campana. Advierten que la medida es «inconstitucional, ilegal y recaudatoria», y que generará costos anuales de hasta $4.400.000 para autos particulares y $22.000.000 para camiones, impactando directamente en la producción y el transporte local sin ofrecer vías alternativas.
Comunicado de CONADUV
NUEVA ESTAFA VIAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RECHAZO A LA DECISIÓN INSENSATA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PARA INSTALAR TRES ESTACIONES DE COBRO DE PEAJE EN LA RUTA PROVINCIAL N° 6
“BASTA DE PRETENDER COBRAR COMPULSIVAMENTE OTRO “IMPUESTO AL TRÁNSITO”
Un automóvil considerando 20 viajes mensuales entre La Plata y Zárate – Campana, ida y vuelta, pagará por año la suma de $ 4.400.000, solo de peaje.
Un camión de 6 ejes, tomando el ejemplo del auto, pagará por año $ 22.000.000.-
Esta nefasta decisión del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires generará serios perjuicios sociales y económicos, y un considerable aumento en el costo de transporte, afectando no sólo a los usuarios viales, sino también a toda la sociedad en su conjunto y fundamentalmente a las localidades servidas por el corredor vial en cuestión.
La Ruta Provincial N° 6, es netamente productiva, uniendo el puerto de La Plata con el Puerto Campana – Zárate. Son sólo 180 km de longitud y la idea es cobrar peaje en tres estaciones y con tarifas ya propuestas que son claramente abusivas e ilegales.
La concesión vial a través del sistema de peaje directo con cobro en ruta que se piensa implementar en la Ruta Provincial N° 6, es claramente inconstitucional por tratarse de un corredor vial existente pagado con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago; antieconómica e inviable por el insuficiente caudal de tránsito, e injusta por ser una ruta “abierta” donde unos pagarán y otros no, según atraviesen o no cada una de las estaciones de peaje.
Dicha iniciativa provincial, llevada a cabo sin la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos, demuestra una actitud claramente antidemocrática, arbitraria, irresponsable, de soberbia y de enorme desconocimiento en materia de infraestructura vial de parte del Señor Gobernador y especialmente del Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, ya que como en tantas otras oportunidades, nunca se ha convocado a las entidades de usuarios viales para cambiar opiniones, a pesar de los reiterados pedidos de audiencias solicitados en tiempo y forma. Sin ir más lejos, en materia de derechos del usuario, las concesiones viales bonaerenses se han llevado adelante de espaldas a mecanismos de control social, como lo son las veedurías ciudadanas y las audiencias públicas, pero de carácter vinculante. La administración y gestión de lo público requiere de la no exclusión de la participación ciudadana, premisa que jamás se respetó en la Provincia a la hora de la toma de decisiones, las cuales se han sucedido de manera unilateral por medio de decretos del Ejecutivo o de medidas ministeriales. “Los caminos son de dominio público, no son propiedad exclusiva de quien gobierne la Provincia o de algún funcionario.”
Si la política vial definida por el Señor Gobernador es POLÍTICA DE ESTADO PROVINCIAL, y los caminos son bienes de dominio público pagados con los recursos que aportan los usuarios viales, antes de adoptar una decisión apresurada, arbitraria e irresponsable, debería escucharse a quienes abonan la red vial y tienen propuestas mucho más adecuadas a la realidad social que vive la Provincia y el País.
En definitiva, el CONADUV manifiesta:
– Rechazar, total y enfáticamente, por inviable, antieconómica, ilegal, anticonstitucional, injusta y discriminatoria, la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de insistir con un régimen de “falso peaje o impuesto al tránsito” con cobro en ruta, en caminos de dominio público ya existentes, previamente pagados con creces por los usuarios viales, y sin alternativas libres de pago.
– Que ha quedado claramente demostrado, que el sistema de peaje directo con cobro en rutas nacionales y provinciales ya existentes implementado en nuestro País, ha sido y sigue siendo un verdadero fracaso y una estafa a los usuarios viales, beneficiando únicamente a las empresas concesionarias.
– Que de prosperar esta decisión del Gobierno Provincial, sólo se logrará favorecer los intereses de la empresa concesionaria (AUBASA), generando serios perjuicios sociales y económicos, incrementando el costo de transporte, siendo en definitiva una nueva afrenta al interés de la sociedad en su conjunto.
– Que no es justo que los usuarios viales se hagan cargo a través de falsos peajes, de la malversación que hacen el Gobierno Nacional y Provincial con los respectivos fondos viales que recaudan.
– Que resulta imperioso reflexionar que de implementarse la idea del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se continuará atentando contra lo prescripto en la Constitución de la Nación Argentina (Art. 10 – 11 y 14), siendo repudiado por organismos internacionales, legisladores nacionales y provinciales, organismos públicos y privados, representaciones de usuarios y asociaciones vecinales.
– Que las rutas de la Provincia de Buenos Aires son de poco caudal de tránsito, motivo por el cual la recaudación en su mayor parte se destina a la instalación de las estaciones de cobro y su costo operativo, sin volcarse los fondos necesarios al camino, lo cual hace antieconómico e impracticable el sistema de peaje directo con cobro en ruta.
– Que se permite cuestionar el anuncio formulado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, solicitando al Gobernador quiera disponer se realice, junto con la participación directa de los usuarios viales, el estudio del beneficio económico que la comunidad obtendría si se dispusiera de caminos libres de peajes y de aduanas interiores, y el costo social que implicará el proyecto de implementar un régimen de falso peaje, antieconómico, ilegal, injusto, discriminatorio y anticonstitucional.
– Que resulta necesario remarcar que el sistema de peaje directo con cobro en ruta es una herramienta o método de financiamiento que debe utilizarse exclusivamente para recuperar la inversión previamente realizada en obras nuevas construidas por un inversor que arriesga su capital para brindar un servicio nuevo, como por ejemplo una autopista o autovía, y con un camino alternativo libre de pago. Luego se recupera mediante el pago de una tarifa de peaje razonable y que debe ser posterior a la disponibilidad efectiva del servicio por parte del público. El peaje supone siempre una inversión previa que es recuperada con posterioridad. Es el precio que se paga para retribuir una obra que antes no existía. “El peaje no es un pago a cuenta, ni un crédito ni un subsidio, es el pago de una contraprestación real ofrecida.”
SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: “ADMINISTRE BIEN LOS FONDOS QUE SE RECAUDAN, Y REASIGNE EN FORMA EFECTIVA LOS QUE SON NECESARIOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE TRANSITABILIDAD LOS DISTINTOS CORREDORES VIALES DE LA PROVINCIA, APLICANDO LOS MÉTODOS ADECUADOS DE FINANCIAMIENTO Y LIBRES DE FALSOS PEAJES. NO COMETA UN NUEVO GRAVE ERROR EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL. YA BASTANTE DAÑO CAUSAN EL ESCANDALOSO CORREDOR VIAL INTEGRADO DEL ATLÁNTICO (AUTOVIA N° 2 Y RUTA PROVINCIAL N° 11 Y CONEXAS) Y LA AUTOPISTA BUENOS AIRES – LA PLATA, EN MANOS DE AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A), UNA EMPRESA BUROCRÁTICA, INNECESARIA, SUMAMENTE COSTA Y QUE ACTÚA INDEBIDAMENTE COMO UNA VIALIDAD PROVINCIAL PARALEA.
