El Ministerio de Defensa inició una actuación administrativa y, tras constatar irregularidades, radicó la denuncia ante la Justicia.<
Según los testimonios que dieron origen al expediente, la maniobra habría funcionado desde 2022 y podría haber provocado un perjuicio cercano a $1.600 millones.
El caso involucra, de acuerdo con la información aportada a la investigación, a alrededor de 25 personas entre oficiales y empleados civiles. La sospecha es que desde el área encargada de las liquidaciones se habrían generado pagos que no correspondían, tanto mediante suplementos salariales como a través de fondos destinados a personas que ya no pertenecían a la fuerza.
La denuncia comenzó a tomar forma cuando al menos siete integrantes de la Armada se negaron a participar de las maniobras y comunicaron las irregularidades a sus superiores. A partir de esos testimonios, el servicio contable de la fuerza elevó la información y se inició una actuación administrativa para revisar las acreditaciones realizadas durante los últimos años.
Uno de los mecanismos bajo investigación está relacionado con los suplementos que se incorporaban a los salarios. Según los denunciantes, algunos agentes recibían montos adicionales y luego se les reclamaba que devolvieran una parte del dinero. Esa diferencia habría sido distribuida entre integrantes del área que intervenía en las liquidaciones.
La investigación también puso bajo la lupa pagos que se habrían realizado utilizando información de personal retirado o que ya había sido dado de baja. La sospecha es que esos datos permitían solicitar fondos para salarios que finalmente no debían ser abonados. De confirmarse, parte del dinero obtenido de esa manera habría quedado fuera del circuito correspondiente.
Los viáticos vinculados con viajes al exterior también forman parte de las irregularidades denunciadas. En esos casos, los testimonios mencionan la posible adulteración de comprobantes y la incorporación de gastos que no se habrían realizado. La documentación contable será uno de los elementos que deberá analizar la Justicia para determinar el alcance de la maniobra.
El expediente también alcanza al funcionamiento del área administrativa encargada de procesar los haberes. Según los testimonios incorporados a la denuncia, personal civil intervenía en la carga de los suplementos mientras oficiales tenían responsabilidades de control y firma, por lo que la investigación deberá establecer qué grado de participación tuvo cada persona y si existió una estructura coordinada para desviar fondos.
La respuesta del Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa confirmó la existencia de una investigación administrativa y señaló que las autoridades detectaron inconsistencias en las acreditaciones de sueldos. Una vez constatadas esas irregularidades, la cartera informó que presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N° 2 para que se investiguen los hechos y se determinen las eventuales responsabilidades.
“Se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de sueldos”, indicó Defensa. El Ministerio explicó que, luego de verificar esas irregularidades, decidió recurrir a la Justicia para que avance la investigación, con la garantía del debido proceso.
La cartera que conduce Luis Petri remarcó además que la administración de los recursos públicos constituye una obligación central del área y aseguró que existe “tolerancia cero” frente a cualquier irregularidad en su manejo. En ese sentido, señaló que se adoptarán las medidas que correspondan a medida que avance la investigación.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar cómo funcionaba el mecanismo, desde cuándo operaba, cuál fue el monto efectivamente desviado y quiénes participaron. La cifra de $1.600 millones surge de los testimonios que dieron origen a la denuncia y deberá ser corroborada mediante el análisis de las liquidaciones, los movimientos de fondos y el resto de la documentación administrativa.
La investigación se produce además en un momento en que la administración de los recursos de las Fuerzas Armadas se encuentra bajo revisión dentro del Ministerio de Defensa. En este caso, sin embargo, las responsabilidades individuales y el eventual perjuicio al Estado todavía deberán ser establecidos a partir de la investigación judicial.
Fuente: diario Ámbito
