La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires solicitó separar a la policía bonaerense de la investigación por el paradero de Facundo José Castro Astudillo, el joven de Pedro Luro, en el partido de Villarino, quien está desaparecido desde el último 30 de abril.
El pedido fue realizado en una nota presentada ayer ante la Ayudantía Fiscal de Villarino, a cago de Dimas García, quien lleva adelante la IPP (Investigaciones Penales Preparatorias) caratulada «Averiguación de Paradero» que tramita en el Departamento Judicial de Bahía Blanca.
En la presentación también recomendó solicitar a las autoridades pertinentes los registros del «Sistema de Localización Vehicular AVL» de todos los móviles involucrados en los hechos, como así también el secuestro de los teléfonos celulares de los agentes cuestionados por la familia del joven.
La presentación fue realizada por el Director de Políticas contra la Violencia Institucional, Ignacio Álvarez, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo titular es Matías Facundo Moreno, y es la segunda enviada a la ayudantía fiscal: el 1 de julio pasado se envió una nota similar que a la fecha no fue respondida.
La intervención de la Subsecretaría se produjo luego de que los abogados querellantes presentaran en la Justicia Federal una denuncia por desaparición forzada, introduciendo elementos que darían cuenta de una posible responsabilidad de agentes de la fuerza policial en la desaparición de Facundo.
Alvarez recomendó «el inmediato desligamiento de las fuerzas pertenecientes a la Policía de la provincia de Buenos Aires, en todos sus agrupamientos, y el despliegue de las medidas necesarias para individualizar a todos los agentes involucrados, tanto los que tuvieron en contacto con la víctima como con aquellos que pudiesen haber ocultado, modificado y/o suprimido prueba documental relacionada a los hechos».
«Con la mera sospecha de una posible responsabilidad de un funcionario policial en la desaparición de una persona, todo tiene que apuntar a esa hipótesis teniendo en cuenta que es una obligación del Estado en materia de Derechos Humanos», dijo Álvarez.
Agregó que «el impulso de una investigación pronta e imparcial es fundamental para aliviar la angustia de los familiares, causada por la incertidumbre acerca de la suerte del familiar desaparecido. La violación de los DD.HH va a continuar hasta que Facundo no aparezca».
Facundo José Castro Astudillo tiene 22 años y fue visto por última vez el 30 de abril, en un control provincial de la localidad bonaerense de Teniente Origone, cuando luego de dejar su casa de Pedro Luro se dirigía a la ciudad de Bahía Blanca.
La desaparición del joven fue denunciada por la familia en la Justicia Federal, y en el marco de ese expediente, la Subsecretaría de Derechos Humanos se puso en contacto con la fiscalía.
Sobre el caso, ayer la Comisión Provincial por la Memoria, en carácter de Mecanismo de Prevención de la Tortura, presentó una petición de acción urgente ante el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas.
En el escrito, el organismo señaló que «según las declaraciones testimoniales de testigos, como así también las contradicciones en los relatos de los agentes policiales de la Policía de la provincia de Buenos, se presume que esta fuerza estatal podría estar involucrada en la desaparición de Facundo», y se pidió también protección para los tres testigos claves de la causa.
La CPM reclamó además «el cese de la intervención de la justicia provincial».
