El proyecto profundiza el ajuste a tres de los sectores más golpeados en la gestión libertaria, mientras el gobierno reafirma su obsesión por el equilibrio fiscal a expensas de los sectores medios y bajos de la sociedad.
La obsesión del gobierno por lograr el equilibrio fiscal como ancla principal de la política económica y sin tocar los intereses del poder económico sumó un nuevo capítulo en el proyecto de Presupuesto 2027, que profundizará el ajuste en discapacidad, universidades y ciencia, áreas donde los recortes son sistemáticos desde diciembre de 2023. Así, el mantra repetido hasta el hartazgo por Javier Milei y compañía — “no hay plata” — se cristalizó nuevamente en el proyecto que entró este martes a última hora a la Cámara de Diputados. El ajuste a los más vulnerables llegará a quitar la actualización por inflación a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El presupuesto 2027 ratifica la política de ajuste de la Casa Rosada para sostener el equilibrio fiscal como eje central de la política económica. En los lineamientos generales, el gobierno espera un crecimiento del PBI del 4 % anual, inflación de 18 % y un dólar a $1.847,6 para fin de año, todo un desafío tratándose de un año electoral que, como es habitual en la historia argentina, promete turbulencias cambiarias. De hecho para 2026 el Ejecutivo esperaba 10,1 % de inflación y en los primeros ocho meses acumuló más del doble (21,3%).
Así, el gobierno libertario busca mantener un equilibrio de las cuentas ficticio, profundizando la injusticia distributiva y afectando a los sectores más vulnerables, ya castigados por los ajustes y recortes desde su asunción.
La Casa Rosada podría impulsar el cobro de impuestos más altos a los sectores más acaudalados o la eliminación de beneficios fiscales para corporaciones. Pero el modelo Milei se ancla, además, en una enorme transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los más poderosos, a través del vaciamiento del impuesto a los Bienes Personales, los generosos blanqueos de capitales y la eliminación de gravámenes para la compra de autos de lujo, yates y mansiones.
Discapacidad, una obsesión del Gobierno
El presupuesto impulsado por el gobierno ratifica una política sostenida desde el día 1: el ajuste contra las personas con discapacidad, incluso a pesar de leyes y fallos judiciales que ordenan al Ejecutivo cumplir con las prestaciones y garantizar fondos, que de igual modo incumplió sistemáticamente.
Ahora, el proyecto asesta un nuevo golpe al eliminar la actualización obligatoria, mensual y automática, de los pagos a prestadores de acuerdo con el índice de precios al consumidor.
De acuerdo con el texto del proyecto enviado al Congreso, la Casa Rosada busca que el nomenclador de las prestaciones básicas no contemple valores universales.
Así, cada prepaga u obra social quedará autorizada a fijar sus propios valores. “La universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional común”, dice el texto.
Las actualizaciones mensuales serán suprimidas y, en cambio, se reemplazarán por una pauta trimestral discrecional.
Además, de avanzar será un retorno al modelo de “invalidez laboral”: así, Argentina podría quedar al margen de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que afirma que la discapacidad no es una enfermedad individual, sino el resultado de la interacción entre las condiciones de una persona y las barreras impuestas por el entorno que le impiden participar de forma plena en la sociedad.
En cambio, la propuesta busca el regreso a un modelo de criterio médico anacrónico, estrictamente clínico, por lo que la otorgación de las pensiones dependerá de dictámenes médicos.
También se elimina el Certificado Único de Discapacidad como herramienta para el acceso a las pensiones y se establece la incompatibilidad de la pensión por invalidez con el trabajo en el sector formal, actualmente compatibles (tanto en empleos en relación de dependencia como monotributo hasta dos salarios mínimos). Si se aprueba el Presupuesto, cualquier trabajo o alta tributaria extinguirá las pensiones.
Las universidades, $4 billones abajo
En medio de las críticas y denuncias por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, el Presupuesto 2027 prevé 7,3 billones de pesos para el sostenimiento de las universidades, muy por debajo de lo establecido por las autoridades del Consejo Federal Interuniversitario (CIN), que solicitaron 11 billones para todo el sistema de cara al próximo año.
Para el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, el proyecto “profundiza el desfinanciamiento” y “no incorpora los fondos previstos en la ley de Financiamiento, que está vigente”. “Está muy lejos de lo que las universidades requerimos para funcionar bien”, dijo a Página|12. “La diferencia de 11 billones a 7 es muy importante”, enfatizó.
Los $11 billones que proyectó el CIN contemplan a todo el sistema y abarcan los salarios de docentes y no docentes con la recomposición salarial prevista en la ley de Financiamiento, presupuesto para investigación, equipamiento y hospitales universitarios y becas, entre otros aspectos.
Pero según Bartolacci, este nuevo recorte proyectado en el Presupuesto 2027 profundizará el conflicto que atraviesa el sistema universitario a nivel nacional. “Si no encontramos la manera de revertir la situación, será cada vez más difícil. Hacemos un esfuerzo fenomenal, este año las partidas crecieron a la mitad, estamos a la mitad de nuestra capacidad, y llega un momento en que no se podrá sostener más”, afirmó.
De acuerdo con un relevamiento del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el recorte en el sistema universitario trepa al 25 % en comparación con el presupuesto de 2023. “El ajuste grande ya ocurrió: por eso varias de estas partidas suben contra 2026 y aun así siguen muy por debajo de 2023”, concluyó el informe.
Para Bartolacci, es fundamental sostener el reclamo por fondos en el ámbito legislativo, judicial y, por supuesto, en las calles: ya anticipan que en octubre habrá una nueva marcha federal, en un contexto donde el gobierno incumple de forma sistemática artículos clave de la ley de Financiamiento Universitario votada dos veces en el Congreso, vetada por Milei, ratificada por el Parlamento y luego por un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia.
Aún así, la Casa Rosada se niega a actualizar los salarios de docentes y no docentes en base a la inflación acumulada, mientras los gremios denuncian una pérdida del poder adquisitivo que supera el 30 % y el gobierno dispone aumentos discrecionales y acerca propuestas irrisorias: en la última reunión paritaria ofrecieron 3 % de incremento.
Además, Nación mantiene los recortes operativos a pesar de que la ley obliga a actualizar periódicamente las partidas destinadas al mantenimiento edilicio y el gasto de servicios básicos; así como también se sostuvo el congelamiento de las becas estudiantiles.
“Ya nos estamos achicando en todos los aspectos. Las universidades se sostienen por el amor de la comunidad, no hay otra explicación, no hay condiciones objetivas”, dijo Bartolacci. Y concluyó: “Una profundización del ajuste somete al sistema universitario a una situación más grave”.
La ciencia, afuera
El campo de la ciencia será otro de los afectados, en caso de que el Presupuesto 2027 se apruebe tal como lo proyectaron Luis Caputo y Milei.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) recibirá apenas un 0,2 % más que en 2026, una fuerte caída presupuestaria en términos reales si se contempla la inflación, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNAE) recibirá 6,6 % menos que este año.
En Conicet, las partidas pasarán de $743,681 millones en 2026 a $824.539 millones el próximo año, una suba del 10,9 %, por debajo de la pauta inflacionaria prevista.
En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el recorte será superior al 5 % nominal: se asignarán $4.712 millones menos que en 2026. En términos reales, la caída será superior al 19 %.
En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ocurre algo similar. El presupuesto pasará de $360.124,0 millones en 2026 a $315.538,0 millones en 2027 (-12,4% nominal), lo que equivale a un ajuste real del -25,8%.
“El grado de recorte depende mucho de cada área. El lineamiento general es que la Agencia de Promoción Científica seguirá desfinanciada, con lo cual no habrá financiamiento para proyectos de investigación”, dijo a Página|12 el físico Jorge Aliaga, miembro del Directorio del Conicet. “Es lo más crítico, junto con la pérdida salarial del 40 %”, resaltó.
Para Aliaga, el desfinanciamiento golpea especialmente a los proyectos de investigación cuyos fondos se vieron recortados o directamente suspendidos, y afecta en especial a investigadores jóvenes.
“La gente tiene problemas de salario, los más jóvenes lo sufren más porque tienen salarios más bajos y mayor necesidad. Hoy los sueldos son bajísimos”, dijo. “Sin un modelo en ciencia y tecnología, pareciera que todo es prescindible”, lamentó.
Camuflar el recorte a las AUH
Por otra parte, el gobierno también intentó camuflar el recorte a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la eliminación de una normativa que actualiza el monto de la asistencia.
En concreto, deroga tres artículos clave del Régimen de Asignaciones Familiares dispuesto en la ley 27.160, la norma sancionada hace una década que establece la movilidad de esos beneficios en función del índice de inflación.
Por esa legislación, mes a mes las familias perciben un incremento de las asignaciones y prestaciones no contributivas como la AUH y la asignación por embarazo y por discapacidad. También podría afectar a las asignaciones por nacimiento o adopción, por matrimonio y por ayuda escolar.
Si el proyecto es aprobado tal como lo envió el Ejecutivo al Congreso, el gobierno podrá ejecutar a discreción los aumentos de estas asignaciones o congelarlas, ya que el texto no establece parámetros que indiquen de cómo se actualizarán. Hasta ahora, se hacía de forma mensual y por decreto, ya que están atadas de forma automática a la movilidad previsional, que depende del índice de inflación.
Fuente Pagina 12
