A través de un recorrido por los hitos que marcaron el fin de la era de Rosas y el nacimiento de la organización nacional, el profesor José Alberto Auzmendi analiza las tensiones políticas, el Acuerdo de San Nicolás y el complejo proceso de segregación de Buenos Aires que dio forma a la Constitución de 1853.
“Yo pude darle a ese pueblo (Buenos Aires) el triunfo de la aceptación de las reformas porque contaba con la voluntad generosa y decidida de la Nación. Quizás la historia me lo impute como un error…” (Urquiza a Mitre 1861)
Palabras clave : Urquiza; Buenos Aires; Confederación; Constitución Nacional
La caída de Rosas dejó de hecho el poder político nacional en las manos del general Urquiza. Pero en el orden local porteño, el vacío de poder resultó más difícil de llenar, dada la anterior omnipresencia de Rosas en todos los aspectos de la vida política provincial.
Buenos Aires tenía ahora en sus calles un ejército de entrerrianos, correntinos, santafesinos, orientales y brasileños, mandados por un caudillo federal. La ciudad entera observó los primeros pasos de Urquiza para alinearse a favor o en contra de él. El resultado fue que le aceptó como “libertador” pero no como ”organizador” de la nación.
Al día siguiente de Caseros, Urquiza nombró gobernador provisorio de Buenos Aires a un porteño ilustre, federal de toda la vida y rosista hasta no hace pocos años, el doctor Vicente López y Planes, quien asumió la magistratura proclamando a Rosas “salvaje unitario”. Su ministerio de fue de conciliació, figuraban en él Valentín Alsina, viejo rivadaviano, y federalescomo Gorostiaga y el coronel Escalada. Este gobierno expropió los bienes de Rosas, devolvió los que se habían confiscado, restableció la libertad de imprenta y la sociedad de Beneficiencia y creó la Facultad de Medicina. Pero ningún hecho del momento provocó tantos comentarios como el restablecimiento por Urquiza del uso de la divisa punzó.
Urquiza demostró ser un político astuto y realista, en cuanto se adaptó a las circunstancias, se trazó un serio plan de largos y positivos alcances y satisfizo algunos apetitos inmediatos un tanto reñidos con la moral. Como Lavalle, hizo reparto de dineros públicos entre un numeroso grupo de oficiales y allegados.
Cumplidas estas primeras providencias, encomendó a Bernardo de Irigoye, joven de familia federal, una misión en las provincias del interior. El propósito era mantener en paz y tranquilidad a los gobernadores, asegurándoles una política de unión y olvido. Irigoyen cumplió su misión con éxito, contribuyendo mucho a ello su don de gente y la superioridad de su entendimiento. Quedaba atrás la oposición a la alianza con el Brasil para derrocar a Rosas y surgía la voluntad para colaborar en los planes constitucionales.
El acto más trascendente de esos días fue la firma del protocolo de Palermo el 6 de abril. Por él, los gobiernos de Buenos Aires y de las tres provincias libertadoras invitaban a los de las provincias hermanas a una reunión de gobernadores en San Nicolás de los Arroyos para reglar las bases de la organización nacional. A la vez encargaban a Urquiza las relaciones exteriores de la nación. Por primera vez el ejercicio de estas facultades no estaba en manos de un gobernador porteño.
El Acuerdo de San Nicolás
Urgía a Urquiza dar a su poder de facto una base jurídica. Su único punto de apoyo eran las autoridades ya constituidas, los gobernadores de las provincias. De ahí la convocatoria resuelta en el Protocolo de Palermo. La tesis urquicista, que Vicente Fidel López expondrá después era llegar a la legalidad a través de la personalización del poder, es decir que las masas pasaran del respeto al organizador al respeto a la organización. El proyecto liberal era distinto. Daban por supuesto en todos la admiración por la ley que ellos sentían y partiendo de ella iban hacia la institucionalización del poder.
Urquiza llegó a San Nicolás con el proyecto del correntino Juan Pujo, pero para lograr la adhesión porteña, había eliminado dos temas conflictivos como la nacionalización de las aduanas y la federalización de la ciudad de Buenos Aires como capital de la República. El 31 de mayo se firmó el Acuerdo.
El acuerdo comenzaba declarando ley fundamental de la Repúbica el Pacto Federal de 1831 y llegado el momento de organizar por medio de un congreso federativo la administración del país, sus rentas, comercio, navegación, entre otras cuestiones. A él concurrirían las provincias con igual representación y hasta que se dictase la Constitución se nombraría a Urquiza Director provisorio de la Confederación Argentina, encargado de conducir sus relaciones exteriores, reglamentar la navegación de sus ríos, percibir y distribuir las rentas nacionales y comandar todas las fuerzas militares, a cuyo efecto las tropas provinciales pasaban a formar parte del ejército nacional.
Lo convenido superaba ampliamente el texto estricto del Pacto Federal pero se conformaba a su espíritu. Cuando Buenos Aires conoció extraoficialmente el Acuerdo, estalló una verdadera tormenta. Los gobernadores habían ido demasiado lejos al despojar a Buenos Aires de su ejército y sus rentas.
Presentado el Acuerdo en la Legislatura, comenzó el debate el 21 de junio. Mitre y Vélez Sarsfield atacaron el Acuerdo, Vicente Fidel López, Pico y Juan María Gutiérrez lo defendieron con igual fervor. El debate escaló en intensidad y fue dominado por la barra. Los argumentos de Mitre invocaba el exceso de facultades otorgadas a Urquiza. La sombre de Rosas estaba demasiado cerca para los liberales. Además del exceso de poder que se otorgaba, había otra razón para Mitre, la persona del depositario de aquellas facultades, a quien Mitre consideraba una garantía. Pero garantía moral, no política; garantía de no abusar, pero no garantía de que Buenos Aires no perdiera su posición hegemónica en el concierto provincial , el Acuerdo fue derrotado por antiporteño. La enuncia del gobernador fue la primera consecuencia, pero el mismo día el Director Provisorio, contra la “demagogia” según sus palabras, disolvió a la Legislatura , encarceló a los diputados opositores y al otro día delegó el gobierno en el mismo renunciante. El golpe final fue la nacionalización de las aduanas el 28 de agosto.
La segregación de Buenos Aires.
Urquiza tenía una tarea mayor entre sus manos más allá de la cuestión de Buenos Aires. A principios de septiembre se retiró a Santa Fe para preparar el Congreso Constituyente, decretando previamente una amnistía general. Pero el movimiento porteño ya estaba en marcha. En la noche del 10 al 11 de septiembre se sublevaron Madariaga, Hornos, Tejerina y otros, dirigidos por el general Pirán, que restableció la Legislatura disuelta y entregó el mando ejecutivo al general Manuel Pinto.
La revolución mantenía la alianza de los dos grupos porteñistas: el nacionalista y el aislacionista. La proclama de Mitre respondía netamente a su propia concepción del momento : defender “la verdad” del pacto federativo, organización nacional sin que ningún hombre ni provincia pretenda imponerse a las demás por la coacción o la fuerza y la organización administrativa del país, arreglando sus rentas, navegación, instrucción, justicia y demás funciones del Estado. Proclamaba la realización de la democracia y el rechazo de la tiranía “venga de donde viniere”.
Este programa suponía una ruptura con Urquiza, pero las leyes del 21 y 22 de septiembre las concretaron en forma muy favorable para los aislacionistas; se desconocía el Congreso Constituyente como autoridad nacional válida; se declaró que su base, el Acuerdo de San Nicolás, no había sido aceptado por la provincia; que la elección de sus diputados se había hecho bajo el imperio de la fuerza, y se ordenó el regreso de los mismos. Por último, se retiró a Urquiza el manejo de las relaciones exteriores, en cuanto a la provincia, atribución que Buenos Aires reasumía por sí.
La segregación se había consumado, y se materializaría casi dos años después en un texto constitucional, donde triunfaría la tendencia aislacionista impulsada por Alsina, Tejedor y Anchorena. Allí se proclamó que Buenos Aires era un Estado con libre ejercicio de su soberanía interior y exterior.
El grupo nacionalista había propuesto otro texto propuesto por Mitre, donde se insistía con el carácter provincial de Buenos Airres.
La segregación no se limitó a las palabras. Pese a sus diferencias, nacionalistas y aislacionistas estaban unidos en la tarea de salvar Buenos Aires de la influencia de Urquiza.
La defensa de Buenos Aires estuvo a cargo del general Pacheco y el mando de la Guardia Nacional al coronel Mitre. El coronel Hilario Lagos sitió la ciudad; Alsina renunció a la gobernación que acababa de dársele, y el general Pinto asumió nuevamente el gobierno. Las gestiones de paz murieron por la intransigencia recíproca. Buenos Aires se armó con el poder de sus amplios recursos y el asedio se prolongó.
El Congreso encargó a Urquiza el restablecimiento de la paz. Tras fracasar los medios pacíficos, Urquiza declaró el bloqueo de Buenos Aires el 23 de abril de 1853, e intervino con las tropas nacionales. Los porteños apelaron a sus recursos económicos como arma iniciando una campaña de sobornos que demostró los pocos escrúpulos de quienes daban y recibían. El jefe de la escuadra confederal, comodoro Core, se pasó a Buenos Aires y le siguieron casi todos sus subordinados, la Confederación perdió su escuadra sin disparar un tiro.
La acción se repitió sobre las tropas de Lagos, quien vio desertar a sus soldados en gran cantidad, dejándolo a mediados de julio casi disuelto y se levantó el sitio. Buenos Aires había ganado la primera etapa de su nueva lucha por la hegemonía.
Mientras tanto el Congreso había producido una Constitución que fue aceptada por las provincias. Urquiza había ejercido su poder provisorio con seguridad y moderación, llegando a la presidencia de la Confederación. En Buenos Aires, no dominaba un hombre, si lo hacía un partido.
La Constitución Nacional
Desde la inauguración misma del Congreso, la comisión redactora del proyecto trabajó sobre distintas fuentes entre las cuales se encontraban el Pacto Federal de 1831, la constitución norteamericana y los diversos intentos nacionales de constitución como la de 1813, 1819 y 1826 y el notable libro de Alberdi Bases y puntos de partida para la organización nacional, que acababa de publicarse en Chile.
El resultado fue un proyecto de constitución de tipo federal atenuado, teniendo en cuenta para ese entonces la sedición de Buenos Aires era necesario dotar de fuertes poderes al gobierno central. Por otra parte el proyecto era liberal en su formulación y la existencia de toda una sección sobre derechos y garantías de los ciudadanos lo demostraba. Todos los grandes temas del liberalismo argentino de ese tiempo estaban allí formulados, en buena parte recogidos de la Constitución de 1819 programada por la generación anterior: libertad de trabajo, de prensa, de reunión, de asociación, defensa de la propiedad, garantía de igualdad ante la ley formaban parte del plexo normativo. Tres aspectos marcaban el cambio de época: la inclusión de la libertad de navegación de los ríos, el anatema sobre quienes concediesen la suma del poder público al gobernante, y el tratamiento de la religión que pasaba a ser religión del Estado a religión protegida por el Estado.
El programa estaba cerca del contenido de la proclama del 11 de septiembre pero las causas de la segregación surgen sobre las rentas de la nación, sin perjuicio del rechazo que provocaba la persona de Urquiza. No eran los derechos humanos ni las fórmulas jurídicas las causas de la división, sino un problema político – económico que residía en que Buenos Aires quería conservar su poder hasta el momento de recuperar su hegemonía o de hacer definitiva su separación, y para la Confederación en nacionalizar los beneficios del puerto de Buenos Aires y someter a la igualdad a esta provincia. El artículo tercero de la Constitución subrayó la problemática en juego al declarar a Buenos Aires, capital federal de la República.
El proyecto fue aprobado el 1 de mayo y promulgado el 25. Desde el punto de vista organizativo garantizaba a ls provincias sus instituciones y la elección de sus gobernantes, a condición de que respetaran el sistema republicano, y aseguraran el régimen municipal y la educación primaria gratuita. Establecía la igualdad de representación provincial en el Senado nacional, lo cual marcaba su sentido federal. Al mismo tiempo recreaba un sistema bicameral para el legislativo y establecía la representación proporcional de acuerdo al número de habitantes para la cámara de diputados de la nación. A esta atenuación de los principios federales se agregaba la facultad del gobierno nacional de intervenir las provincias bajo determinadas condiciones, la creación de una justicia federal, encabezada por la Corte Suprema, que coexistía con los tribunales provinciales, y la facultad nacional de dictar los Códigos básicos de la legislación.
El poder ejecutivo se confiaba a un presidente y un vicepresidente cuyo período duraba seis años y no era reelegible en el período subsiguiente, para evitar la continuidad dictatorial del cargo.
La segregación porteña obligó a buscar una capital provisional en Paraná.
En agosto de 1853 se dispuso la elección del ejecutivo nacional y el 20 de noviembre Urquiza fue electo por 94 votos sobre un total de 106. La vicepresidencia fue obtenida por el sanjuanino Salvador María del Carril, federal liberal.
Inmediatamente de asumir el cargo, el 1 de mayo de 1854, Urquiza integró su ministerio: Benjamín Gorostiaga en Interior, Juan María Gutiérrez en Justicia, Culto e Instrucción Pública , Facundo Zuviría en Exterior, Mariano Fragueiro en Hacienda, el General Alvarado en Guerra. Urquiza reunía en su entorno, no sólo a los más capaces y más fieles a la Constitución según dijo, sino también a los que mejor representaban las aspiraciones políticas del país.
Con este gabinete debía afrontar no sólo el conflicto con Buenos Aires, sino encarar los problemas derivados de intentar materializar en obras el gobierno nacional.
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Repositorio propio.
