“Solo el 20% del territorio de la provincia de Buenos Aires cumple con la norma de potabilidad del agua”, CONICET.
El agua, que es fuente de vida, se ha convertido en una amenaza silenciosa para miles de bonaerenses. En la región del oeste de la provincia de los bonaerenses, los niveles de arsénico en el agua superan hasta 36 veces el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Municipios como 9 de Julio, Lincoln, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen o Chivilcoy llevan décadas conviviendo con este problema, sin que el poder político lo aborde con la seriedad que merece.
El origen del arsénico
El arsénico presente en el agua bonaerense es de origen geológico: se filtra naturalmente desde los suelos y napas subterráneas de la pampa húmeda. Pero ese dato científico, conocido hace décadas, no justifica la falta de acción. La contaminación natural requiere intervención pública. No se trata de un fenómeno inesperado, sino de un problema estructural que debería haber sido planificado, mitigado y resuelto mucho tiempo atrás.
Un problema social y sanitario
El consumo prolongado de agua con arsénico causa arsenicosis, una enfermedad crónica que afecta la piel, el hígado, los riñones y aumenta el riesgo de distintos tipos de cáncer. Es un drama de salud pública, aunque en los pueblos afectados se naturalizó como un mal inevitable. Lo más grave es la combinación con el modelo productivo dominante: la fumigación con agroquímicos cerca de los pozos agrava la situación, multiplicando las toxinas que consumen diariamente las comunidades rurales.
La desidia política
¿Por qué la política no ha hecho nada sustancial en todos estos años?
La respuesta es dura: porque no hay costo electoral. Los pueblos del extra-AMBA bonaerense son vistos como zonas de sacrificio, territorios donde la resignación garantiza gobernabilidad barata. Cada tanto aparecen anuncios, convenios, proyectos piloto o promesas de obras, pero nunca se asume el problema como política de Estado. La indiferencia del poder central contrasta con lo sucedido en países como India, donde la crisis del arsénico fue revertida con decisión pública: plantas de tratamiento comunitarias, programas sostenidos de concientización y una política activa para garantizar agua segura.
La indiferencia social
La inacción política se sostiene, en parte, por la escasa presión social. En muchos pueblos bonaerenses el tema se asume con resignación, como un destino inevitable. Esa falta de organización comunitaria deja el campo libre a los gobiernos, que pueden seguir postergando soluciones sin enfrentar protestas masivas ni demandas concretas. Es la trampa de la naturalización: cuando un problema grave se convierte en costumbre, pierde fuerza como reclamo colectivo.
Soluciones posibles
Resolver la crisis del arsénico no es imposible. Requiere decisión política, inversión y planificación regional. Algunas medidas urgentes:
a) Plantas potabilizadoras y ósmosis inversa: tecnologías disponibles que permiten reducir drásticamente los niveles de arsénico y que ya se aplican en otras provincias.
b) Red de cisternas comunitarias: garantizar agua segura gratuita en cada localidad hasta que se concreten las obras estructurales.
c) Monitoreo transparente: análisis públicos y periódicos del agua, accesibles a todos los vecinos, como parte de un derecho ciudadano.
d) Protección de las fuentes: regulación estricta de fumigaciones cercanas a pozos y estudios continuos sobre la presencia de agroquímicos como glifosato o atrazina.
e) Educación y movilización social: sin organización vecinal, cooperativa y comunitaria, el problema seguirá en la sombra.
f) Autonomía municipal y regionalización: la salida estructural pasa por darle a los municipios autonomía plena y cartas orgánicas para una mayor participación vecinal con competencias y facultades reales para gestionar sus recursos hídricos y sanitarios. El centralismo provincial ha demostrado ineficacia. Si cada región bonaerense cuenta con autonomía política, capacidad de planificación y control, podrá revisar de manera directa estas problemáticas, diseñar soluciones locales y articular con los pueblos vecinos en clave regional.
Una decisión política y cultural
El arsénico en el agua bonaerense es el espejo de una política que abandona al interior. No se trata solo de infraestructura, sino de una concepción de provincia: Buenos Ayres administrada desde el AMBA-La Plata, como si el resto de su geografía fuera invisible.
Revertir este drama requiere conducción política, presión social organizada y un nuevo federalismo bonaerense que devuelva a los pueblos la capacidad de decidir sobre su destino.
El agua no puede ser privilegio ni mercancía: debe ser un derecho garantizado. Y cuando un derecho básico está en juego, la indiferencia no es una opción.
Luis Gotte
la trinchera bonaerense
Desde la ciudad de Lincoln.
