USHUAIA. – La provincia de Tierra del Fuego atraviesa jornadas de intensa conflictividad social y política a raíz del fuerte impacto económico que sufren miles de familias debido a la reestructuración y recorte de los subsidios al gas envasado (Gas Licuado de Petróleo – GLP). La medida, implementada por la administración provincial, desató un esquema de protestas con permanencia frente a las sedes gubernamentales, movilizaciones a la Legislatura y un encendido debate en torno al costo de vida y la vulnerabilidad energética en la región austral.
Días de protesta y reclamo social
Las manifestaciones se profundizaron con un acampe y permanencia pacífica por parte de vecinos de barrios populares y organizaciones sociales frente a la Casa de Gobierno en Ushuaia y en puntos neurálgicos de Río Grande. El detonante de las protestas fue la aplicación de normativas territoriales y de segmentación que redujeron los cupos mensuales de kilos de gas subsidiados (bajando de 450 a 400 kilos en una primera instancia) y excluyeron directamente del beneficio a familias de diversos asentamientos periféricos que no cuentan con acceso a la red de gas natural domiciliaria.
De acuerdo con los manifestantes, el kilo de gas envasado sin subsidio se ubica por encima de los $2.400, en contraste con la tarifa bonificada de aproximadamente $160. Vecinos autoconvocados advierten que, ante las temperaturas extremas propias de la veda invernal, las facturas reales para calefaccionar un hogar superan ampliamente las posibilidades de los presupuestos familiares, llegando a proyectarse costos mensuales insostenibles para los sectores de menores recursos y jubilados.
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Respuesta de las autoridades locales y provinciales
El conflicto escaló a nivel institucional generando un fuerte contrapunto entre el Poder Ejecutivo fueguino y la Legislatura provincial:
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Poder Legislativo: En respuesta al reclamo de los vecinos, los parlamentarios provinciales habían avanzado con iniciativas legislativas tendientes a frenar el impacto del ajuste y prohibir el corte de servicios públicos esenciales (luz, agua y gas) por falta de pago durante el período invernal.
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Poder Ejecutivo Provincial: El gobernador Gustavo Melella formalizó el veto total a dicha ley de prohibición de cortes a través del Decreto 0881/26. Desde el Ejecutivo provincial fundamentaron la decisión argumentando que la normativa de la Legislatura presentaba una «rigidez que generaba descalabro fiscal» al no distinguir niveles de ingresos entre los usuarios y al comprometer de forma «irrazonable» las facultades exclusivas de administración financiera del Estado y la sustentabilidad del sistema energético local.
Contexto y postura en el ámbito nacional
En el plano nacional, la problemática fueguina coincide temporalmente con los debates en el Congreso de la Nación respecto a la continuidad y el alcance del régimen de subsidios por «Zona Fría» (Ley 27.637).
Mientras el oficialismo nacional avanzó en el tratamiento legislativo para modificar el alcance de dicho régimen en provincias del centro del país con el fin de reducir el gasto público, las autoridades nacionales han ratificado que las provincias patagónicas mantienen sus condiciones de excepcionalidad debido a su carácter de regiones con climas extremos y productoras de hidrocarburos. No obstante, las cámaras sectoriales y la oposición nacional siguen con atención el conflicto fueguino, que expone de forma directa la encrucijada entre el equilibrio fiscal y la contención de los servicios esenciales en el interior profundo del país.
Se aguardan nuevas mesas de diálogo entre las mesas barriales de emergencia energética y los ministerios provinciales para intentar destrabar un conflicto que mantiene en vilo a más de 6.000 hogares de la isla en el comienzo de la temporada invernal.
