Cuatro guardaparques comenzaron a ser juzgados hoy por el Tribunal Oral Federal de Neuquén por la tragedia de Lolen, ocurrida en 2016, donde dos niños murieron por la caída de un árbol en el Parque Nacional Lanín (PNL), en San Martín de los Andes.
El tribunal, integrado por los jueces María Paula Marisi, Pablo Lacava y Alejandro Cabral, dio comienzo a la audiencia pública a las 16, en la sede del TOF de AMUC (Asociación Mutual Universitaria Comahue), ubicada en avenica Argentina al 1600 de la capital neuquina.
Los cuatro agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) están imputados por homicidio culposo agravado por el número de víctimas, lesiones graves culposas agravadas por el número de víctimas y presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuyas penas pueden llegar hasta los seis años de prisión.
Además, se encuentran imputados por homicidio culposo dos prestadores turísticos, integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca.
Los acusados son el jefe del Departamento de Conservación y Manejo, Juan Jones; el titular de Guardaparques, Diego Lucca; la jefa de Uso Público del PNL, María Hileman; el guardaparque Matías Encina; y dos miembros de la comunidad mapuche Curruhuinca, Milena Cheuquepán y Juan Delgado.
Al iniciar la audiencia, la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal general Miguel Ángel Palazzani junto a la fiscal auxiliar Luisina Tiscornia, dieron lectura del hecho imputado y la calificación legal de cada uno de los acusados.
El hecho que se les acusa es por haber actuado con «negligencia» en sus deberes, motivo por el cual, el 1 de enero de 2016, a las 18 aproximadamente, la caída de un roble pellín, de más de 20 metros de alto y de 1,20 metros aproximadamente de diámetro, en el sector del camping Lolen (ubicado en la bahía de Catritre, a orillas del lago Lacar), causó la muerte inmediata de los niños Martina Sepúlveda de 2 años de edad y de Matías Mercanti Aguilera, de 8.
Además, resultaron gravemente lesionados Federico Mercanti y Carmen Rey, padre y abuela del menor fallecido.
Tras la lectura del hecho y la calificación legal, el imputado Juan Ignacio Jones, solicitó realizar una declaración indagatoria, en donde expresó su respeto a las familias de las víctimas y relató todo lo sucedido el 1 de enero de 2016.
Jones calificó la imputación como una «situación injusta que he debido afrontar sin haber tenido la culpa», y aseguró que «yo no soy un asesino».
Asimismo, explicó que «no es mi función revertir un deterioro ambiental natural, solo el impacto negativo producido por el ser humano».
Y concluyó: «Soy una persona orgullosa de ser funcionario nacional».
Luego de un cuarto intermedio, Federico Mercanti declaró como primer testigo y víctima, quien relató los hechos ocurridos el año nuevo del 2016.
Mercanti, contó que esa tarde decidió ir, junto a su pareja e hijos a Lolen, porque «suele ser más tranquilo, más familiar», y porque «contaba con todas las comodidades teniendo en cuenta que nosotros llevábamos a dos criaturas de tan solo 8 y 4 años de edad».
«Era un día lindo, no había los vientos que dicen que hubieron», aseguró el hombre.
Además, recordó que, en determinado momento de la tarde, se encontraban jugando sus hijos junto a los dos hijos de la familia Sepúlveda y «yo estaba distante a unos ocho metros con mi reposera, cuando escucho un griterío y un estruendo terrible».
«El árbol cayó y no dio tiempo a nada. Yo lo único que atiné a hacer fue ponerme en posición fetal y recibir el golpe del árbol», contó Mercanti, quien resultó gravemente herido y debió ser trasladado a la ciudad de Neuquén.
El hombre recordó que recién al día siguiente recibió la noticia de la muerte de su hijo, quien «falleció en el momento».
Por último, señaló que «nunca vi una cartelería e información en el lugar antes de ese día».
También declaró el papá de Martina, Lucas Sepúlveda, quien manifestó que ese 1 de enero «fuimos con la familia a compartir un día de playa y volvimos con mi hija en un cajón».
En el camping Lolen, «nunca vimos algo que nos dijera que no teníamos que estar, ni cartelería, ni folletería, ni guardaparques», señaló el hombre.
Sepúlveda contó que, mientras sus hijos jugaban y él los observaba, «se escucha un griterío como de película de terror y se escucha un golpe seco».
«Lo primero que atino es a buscar a mis hijos, lo encuentro a Francisco (su hijo mayor), le pregunté por la hermana, me dice ‘no sé’, y miro alrededor porque lo que primero que me imaginé es que me la habían robado y que la podía recuperar, y me di cuenta de que estaban sus crocs abajo del árbol», relató.
Por último, denunció que por parte de la Administración de Parques Nacionales «solo recibimos chicanas».
En tanto, Soledad Di Lello, la mamá de Martina, tras recordar los detalles del 1 de enero del 2016, en los que tras el «estruendo» y encontrar a su hijo mayor, pensó que su hija «iba a salir de ahí (abajo del árbol) con una costilla rota, pero no».
«Es el día de hoy que siento que mi vida se fue con ella. No volvés a ser nunca lo que eras antes», concluyó.
Luego, se escucharon las declaraciones del comisario a cargo de desalojo del camping Lolen y de un vecino de la localidad cordillerana.
Las audiencias continuarán mañana y el miércoles, a partir de las 9, y se espera que finalicen este jueves, 2 de noviembre.
En 2019, la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, había sobreseído a los implicados.
La resolución fue apelada, ya que en la causa consta documentación donde se establece que tanto los guardaparques como la comunidad mapuche se encontraban obligados a realizar una revisión de los árboles previo al inicio de la temporada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.
Desde la APN expresaron su solidaridad «con el profundo dolor y desconsuelo de la familia y de la sociedad toda ante semejante suceso», pero anunciaron que, «mientras dure el juicio, se llevará adelante una paralización total en todas las áreas protegidas del país».
La acción de protesta más fuerte está prevista para este jueves. Se trata de una medida a la que se sumarán casi todos los parques nacionales de la Argentina, que no abrirán los senderos a visitantes ni tampoco se permitirán excursiones ni cualquier otro tipo de actividad.
Los parques afectados por las restricciones incluirán al Lanín, Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito, el Parque Nacional Chaco y el área del Valle Encantado en el PN Los Cardones.
También se sumarán a la protesta -con restricción total- los parques de El Palmar, Aconquija, Monte León, Leoncito, Talampaya, Quijadas, Arrayanes, Huapi, Alerces, Cardones, Pre-Delta, Iberá, Mburucuyá, Bosques Petrificados de Jaramillo, Ciervo de los Pantanos y el Parque Nacional Iguazú.
