El primer diagnóstico que se hace sobre incumplimiento de las obligaciones parentales en Buenos Aires reveló que la violencia económica atraviesa todas las clases sociales, aunque «impacta con mayor dureza a los hogares monomarentales de los sectores populares».
Casi el 70% de las mujeres bonaerenses no recibe la obligación alimentaria de parte del padre de sus hijas o hijos o sólo la percibe eventualmente, una violencia económica que atraviesa todas las clases sociales, reveló un estudio que presentó este miércoles el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.
«Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género», es el informe oficial que se hizo en base a una encuesta que respondieron 6442 personas de los 125 municipios y más de 50 entrevistas.
Es el primer diagnóstico que se hace sobre incumplimiento de las obligaciones parentales en la provincia de Buenos Aires, y se conocen experiencias similares en La Pampa y Catamarca.
Más de la mitad de las encuestadas (51,2%) no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas o hijos.
Algunos de los resultados más destacables mostraron que más de la mitad de las encuestadas (51,2%) no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas o hijos.
Dentro del grupo de encuestadas que indican que el progenitor aporta dinero en concepto de obligación alimentaria (41,2%), un 24,9% menciona que este lo realiza de manera regular y un 15,3% de manera irregular.
Es decir, más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente.
En una notable menor proporción (7,9%), las mujeres señalan que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa.
El impacto en las niñas, niños, adolescentes y sus mamás
Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense, destacó dos aspectos del alto incumplimiento de las obligaciones parentales.
Primero «la vulneración del derecho de las infancias y juventudes a ser cuidadas, en todos los aspectos de su vida y desarrollo, por sus progenitores».
Y por otro lado «el impacto que la falta de aporte económico al sustento vital de las y los hijos tiene sobre la situación de pobreza, la falta de autonomía y la sobrecarga de tareas de cuidado, a las que principalmente las mujeres suelen hacer frente, en muchísimos casos, desde hogares monomarentales».
El informe aportó además que solo el 10% de las encuestadas consideró que es suficiente el dinero para cubrir todos los gastos y necesidades las y los hijos, en los casos en que el padre cumple con sus obligaciones en dinero.
Para sostener económicamente la familia, cuando no hay aporte del padre, las mujeres deben incrementar las horas de trabajo y muchas se endeudan.
De las encuestadas, el 44% depende de dinero prestado, ya sea de familiares como de bancos y financieras, para completar sus ingresos mensuales.
Así, el incumplimiento de la obligación alimentaria hace pasar a las mujeres de la condición de acreedoras (ya que a ellas se les debe la distribución en igualdad de la manutención y el cuidado de hijos e hijas) a la condición de deudoras, afectando la posibilidad de ejercer una vida autónoma, resumió el documento oficial.
El incumplimiento de las obligaciones alimentarias no solo se expresa en las necesidades materiales cotidianas, sino que supone también el desligamiento respecto a las responsabilidades de cuidado y crianza por parte de los progenitores.
Allí se explicó que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no solo se expresa en las necesidades materiales cotidianas (alimentación, vestimenta o salud de niñas, niños y adolescentes), sino que supone también el desligamiento respecto a las responsabilidades de cuidado y crianza por parte de los progenitores.
El análisis demostró que la ausencia de los progenitores varones en las responsabilidades de cuidado es transversal a los distintos sectores sociales.
«No obstante, impacta con mayor dureza a los hogares monomarentales de los sectores populares, produciendo efectos negativos en las condiciones de vida y la salud de las mujeres», señaló la ministra.
La principal estrategia para garantizar las respuestas a estas necesidades se encuentra en el cuidado a cargo de familiares y amistades (35%) y, en segundo lugar, a cargo de la madre (23%).
En muchos casos, las hijas e hijos mayores son quienes se encargan de sus hermanas y hermanos menores. La opción de guarderías, jardines y escuelas, solo representa el 4% de las respuestas.
Se encontró que tan solo el 10% de los progenitores cuidan a sus hijas e hijos.
En este caso, existe una división estereotipada de tareas: los padres se ocupan más de las actividades de ocio como pasear, compartir algún evento, pasar tiempo libre los fines de semana, mientras que las tareas de cuidado que se relacionan con tareas escolares, control médico, alimentación, higiene siguen recayendo sobre las mujeres.
El cumplimiento o no de la obligación alimentaria se transforma en una herramienta de manipulación, extorsión y dominio, se consideró en el estudio.
El rol de la Justicia
Muchas madres no optan por la opción judicial porque atravesaron situaciones de violencia, agotamiento e incluso se endeudaron para poder pagar un servicio jurídico, sin garantías de que todo ese esfuerzo redunde en el cobro efectivo de la obligación alimentaria.
A esto se suma que casi la mitad de las encuestadas (45,9%) dijo desconocer el marco normativo que garantiza sus derechos y el de la niñez.
Otro dato en este sentido es que el 65% no conoce centros de atención, asesorías de familia o centros de acceso a la justicia donde pueden ser asesoradas.
El informe resaltó que «la mayoría de las personas, incluyendo a los progenitores y operadores de justicia, entre otros, no consideran que el pago de la obligación alimentaria sea un derecho de las infancias y una medida en contra de la violencia económica».
En casos donde existe un acuerdo alimentario, el 56,5% de las encuestadas contó que no existe un mecanismo de actualización que permita afrontar el encarecimiento del costo de vida.
La demora en el proceso judicial, la extensión del uso de estrategias dilatorias y el tener que presentar pruebas de cómo y en qué se gasta el dinero de las y los hijos, se agregan al listado de obstáculos.
La Justicia suele establece porcentajes que van del 20 al 35 por ciento del salario del padre como aporte alimentario.
En el caso de las madres «ellas comprometen el 100% de su tiempo y dinero en el cuidado y necesidades de hijas e hijos, y en líneas generales perciben salarios inferiores a los de los varones. Por esta razón, tarifar puede ser riesgoso porque se pierden de vista las particularidades y se simplifica, sin tener en cuenta las necesidades de cada niña, niño o adolescente», resumió el documento.
En casos donde existe un acuerdo alimentario, el 56,5% de las encuestadas contó que no existe un mecanismo de actualización que permita afrontar el encarecimiento del costo de vida.
En la provincia de Buenos Aires existe el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos Aires (RDAM), una opción que genera obstáculos a los progenitores que incumplen con la obligación .
Sin embargo, las personas entrevistadas coincidieron en que los efectos que provoca la inscripción no tienen efectividad suficiente para obligar al pago, amén de que el 69,4% de las mujeres que participaron del estudio, desconocen su existencia.
El documento concluye con una serie de recomendaciones para los poderes del Estado «y también promueve la revisión de prácticas sociales y comunicacionales. Esperamos, además, que aporte en el sentido de las transformaciones culturales pendientes», dijo Diaz.
