El incremento paralos beneficiarios de la tarifa social será del 21,27%. Las exposiciones estuvieron centradas en los nuevos esquemas tarifarios para el gas y el jueves se debatirá la segmentación de los subsidios. Hubo una crítica masiva hacia las empresas distribuidoras.
El aumento de la factura final del servicio de energía eléctrica para todo 2022 sería de 42,72% para los usuarios que no tengan tarifa social, y del 21,27% para aquellos que dispongan de ese beneficio, si se aprueba la propuesta presentada este miércoles por la Secretaría de Energía.
La propuesta fue presentada en el inicio de la segunda audiencia pública para debatir los nuevos valores de referencia del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).
En tanto, desde la comitiva que acompaña al presidente Alberto Fernández en su gira por Europa, se dejó trascender que se trata de «una decisión política» del Ejecutivo avanzar con una actualización moderada de las tarifas de los servicios públicos y se señaló que, «si alguien no puede tomarla, no va a poder seguir en el Gobierno».
La audiencia pública para debatir los nuevos valores del servicio de energía eléctrica era presidida por el subsecretario de Coordinación Institucional de la Secretaría de Energía, Guillermo Usandivaras, quien, luego de superar un inconveniente técnico que demoró el desarrollo del encuentro virtual, dio a conocer el informe basado en datos de la Subsecretaría de Planeamiento Energético.
El informe precisó que en el presente trimestre los subsidios tendrán una cobertura del «81,85% del costo total para abastecer la demanda residencial».
En base al criterio de ajustar las tarifas según el Coeficiente de Variación Salarial de 2021, Energía dispuso que los aumentos para todo el año serán de 21,27% para los usuarios de tarifa social y del 42,72% para el resto de los usuarios.
De esta forma, un usuario sin el beneficio de tarifa social que pagó en enero $1.315 de factura final (con impuestos), le correspondió abonar $1.610 en marzo y tendrá que desembolsar $1.876 en junio.
En el caso de aquellos que tengan el beneficio de tarifa social, los pagos de la factura final con impuestos serán de $743, $ 843 y $901, respectivamente.
La audiencia pública de este miércoles es la segunda, luego de que el martes se iniciaran las exposiciones para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio para el gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
La tercera audiencia, prevista para este jueves, debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado a los usuarios del servicio de gas natural y de energía eléctrica para el bienio 2022-2023.
Primera jornada
Este martes se iniciaron las exposiciones para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio para el gas natural a boca de pozo. En ese marco, el martes la Secretaría de Energía propuso un aumento promedio del 20% en el servicio de gas natural para los usuarios sin tarifa social.
En referencia al nuevo esquema tarifario del gas, la postura oficial fue presentada en la audiencia del martes por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla.
La jornada de este martes -que se extendió por espacio de casi tres horas y media- significó el inició del proceso de actualización tarifaria definido por el Poder Ejecutivo en el programa económico, con el que busca lograr «niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva» para los servicios públicos de gas y electricidad.
Críticas a las empresas del sector eléctrico, con las distribuidoras en la mira
Los expositores de la audiencia pública criticaron a las empresas del sector, en especial las distribuidoras, por considerar que prestan un servicio «deficiente», al tiempo que reclamaron mayor información para conocer los verdaderos costos de explotación.
El intendente del municipio bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, fustigó a Edesur, concesionaria de la distribución en ese distrito, para la que pidió la rescisión del contrato. «Es urgente rescindir el contrato de esta empresa concesionaria y hacer una pormenorizada auditoría de las inversiones realizadas desde 1992», planteó el jefe comunal, quien además reclamó que la firma «sea demandada ante los tribunales internacionales».
Las críticas a las distribuidoras se dieron a conocer luego de que el representante de Edenor, Federico Méndez, protestara por lo que consideró un tratamiento «injusto, arbitrario e inconstitucional» contra las distribuidoras por parte del Estado nacional.
Al respecto, el diputado provincial de Mendoza del partido Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, cuestionó a «ese directivo que anda llorando», en tanto la legisladora porteña del Partido Obrero, Amanda Martín, dijo que «es falso que tengan los números en rojo», debido a que «como no se conocen los verdaderos costos, lo que dicen las empresas es incomprobable».
Diego Mielnicki, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, planteó que «las distribuidoras, con tarifas congeladas, con tarifazos, o con cualquier esquema tarifario, siempre han prestado un servicio deficiente».
«Venimos de un tarifazo del Gobierno anterior y eso genera aumento en la morosidad y el endeudamiento de los usuarios, las empresas esto no lo dicen como tampoco dicen cómo son sus planes de pago», cuestionó. Por otra parte, reclamó que se aumente la cantidad de kilovatios/hora consumidos para determinar el tope de tarifa social, y elevar de dos a tres salarios mínimos los ingresos necesarios para percibir el beneficio.
En otro orden, Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, objetó la presentación inicial de la Secretaría de Energía, ya que «no hace referencia al PEST sino a la segmentación de la tarifa, que es objeto de la audiencia de mañana».
En un sentido similar se expresó la diputada radical Jimena Latorre, quien consideró a la presentación «un copy paste típico de un alumno de secundaria», además de advertir que se trataba de «tarifas sólo para el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)».
La exsubsecretaria de Defensa del Consumidor María Lucila «Pimpi» Colombo criticó la falta de información acerca de los costos de la energía y dijo al respecto que «si supiéramos cuánto cuesta, podríamos saber cuál es el precio justo y razonable; si no, sólo queda adivinar».
Alberto Calsiano, del Departamento de Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), aseguró que el sector manufacturero «es el que ha pagado el mayor precio» entre todos los usuarios, razón por la que pidió «reducir hasta eliminar la dispersión del precio del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista)».
En el mismo sentido, Claudio Bulacio, de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), sostuvo que «todo este proceso debe concluir con la definición de una tarifa que sea sustentable».
