El Senado aprobó hoy, sin el apoyo de la oposición, el proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias, en una sesión especial en la que el oficialismo decidió eliminar la alusión a los medios de comunicación del artículo en el que se obliga a los jueces a denunciar presiones.
La propuesta del Gobierno fue aprobada por 40 votos afirmativos del Frente de Todos y sus aliados contra 26 votos negativos de la bancada opositora de Juntos por el Cambio, que mantuvo sus cuestionamientos, pese al cambio introducido a último momento, por considerar que la reforma «no era prioritaria» en medio de la pandemia de coronavirus.
En el final de la sesión, el oficialismo a través de la senadora Anabel Fernández Sagasti, denunció amenazas a través de la red social twitter contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por promover la reforma judicial e intimidaciones contra los senadores que apoyaron el proyecto aprobado.
La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, crea un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias con la meta puesta en fortalecer el sistema de justicia, y desde el oficialismo se afirmó que se trata del «puntapié inicial» de una reforma que «debe ser más amplia».
Tras más de diez horas de debate, el Frente de Todos apoyó una modificación propuesta por el senador Oscar Parrilli para excluir la palabra mediáticos del artículo que obliga a los jueces a denunciar presiones de grupos de poder, un punto que no había sido incluido en el proyecto original del Poder Ejecutivo.
La mención a los medios de comunicación había sido introducida en el debate en comisiones por el propio Parrilli, quien hoy aceptó retirarla tras las críticas recibidas desde la oposición y desde algunos medios de prensa que opinaron que se trataba de un intento de cercenar la libertad de prensa.
No obstante, Parrilli afirmó que «las presiones mediáticas para incidir en la voluntad de los jueces» existen y manifestó que su inclusión funcionó como «un anzuelo» para descubrir a los dirigentes de la oposición que son «voceros» de algunos medios de comunicación.
La discusión en el Senado fue seguida durante la tarde de hoy desde las inmediaciones del Palacio Legislativo por manifestantes que se oponían a la aprobación.
Desde el Frente de Todos se endilgó a los legisladores de Juntos por el Cambio de «oponerse por oponerse» y de no haber sumado ninguna propuesta de cambio en el tratamiento en comisiones cuando tuvieron oportunidad de hacerlo y la oposición acusó al oficialismo de haber introducido más cambios al texto que no fueron comunicados y no estaban en el dictamen original.
El jefe de la bancada del FdT, José Mayans, aseguró que no cree «en las casualidades» respecto a la actitud de la oposición y que si hubo amenazas es porque el oficialismo «no hace lo que ellos dicen», y aseguró que reaccionan porque el presidente Alberto Fernández «está midiendo una barbaridad» de cara a los comicios del año próximo.
En sintonía con lo expresado esta semana por Fernández de Kirchner en el sentido de que el país «todavía se debe una verdadera reforma judicial», senadores peronistas como María de los Angeles Sacnún o Matías Rodríguez ratificaron que la de hoy «es una primera ley» pero que harán falta más para «completar» una reforma del Poder Judicial.
La mayoría de los discursos de los senadores del Frente de Todos se orientaron a asegurar que la reforma busca «garantizar la independencia de los jueces» y apuntaron al gobierno de Mauricio Macri, al que acusaron de haber montado «una persecución judicial» contra la expresidenta y miembros de sus dos gobiernos.
En respuesta, senadores de la oposición como Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseveraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para «licuar» el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra la vicepresidenta.
El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que la reforma es «un intento de colonizar la justicia» con «un reparto de cargos» para «proteger a los autores de delitos de corrupción».
La esencia del proyecto que el Gobierno envió al Congreso el 31 de julio y recibió modificaciones en el debate en comisiones busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad.
También aspira a equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de un total de 94 cargos nuevos en juzgados, fiscalías y defensorías y de cámaras de apelaciones en siete provincias (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y San Luis), punto reclamado por los gobernadores.
