En los primeros ocho meses de 2026, Mar del Plata registró 27 homicidios dolosos, el equivalente a un asesinato cada ocho días. El crecimiento sostenido del delito durante los últimos años demuestra que la inseguridad ya no puede interpretarse como un fenómeno pasajero, sino como una crisis estructural que exige reformas profundas.
No somos especialistas en criminología, derecho penal ni gestión policial. Tampoco pretendemos ofrecer soluciones mágicas. Simplemente observamos la realidad y aplicamos sentido común. La seguridad debe dejar de ser una discusión exclusivamente reactiva para convertirse en una verdadera política de prevención primaria, capaz de anticiparse al delito antes de que ocurra.
El modelo vigente muestra claros signos de agotamiento. La Provincia concentra las decisiones estratégicas, mientras los municipios financian patrulleros, combustible, cámaras de vigilancia y centros de monitoreo, pero carecen de capacidad operativa para conducir la prevención en sus propios territorios. El narcotráfico, las economías criminales y la violencia avanzan con mayor velocidad que las respuestas institucionales.
Frente a esta situación, se propone doce líneas de acción rápidas que podrían contribuir a iniciar un debate serio sobre una nueva política de seguridad bonaerense.
La primera consiste en crear Policías Municipales con autonomía operativa, bajo la conducción del Municipio. Estaría a cargo de un funcionario judicial elegido por el Concejo Deliberante de cada municipio que garantizaría transparencia y eficiencia.
La segunda propone devolver la investigación del narcotráfico a la Justicia Federal, concentrando recursos y evitando la fragmentación que hoy dificulta combatir organizaciones criminales complejas. Se debe revertir la provincialización del narcomenudeo, que fragmentó la investigación criminal.
La tercera medida es reactivar el Consejo Provincial de Seguridad Pública, previsto por la legislación vigente, para coordinar de manera permanente las políticas entre Provincia, municipios y Poder Legislativo.
También resulta indispensable profesionalizar la Policía Bonaerense, fortaleciendo su capacitación, especialización territorial y formación permanente, junto con la elaboración de un mapa único del delito que integre información de todas las fuerzas de seguridad para asignar recursos con mayor eficacia.
La prevención también requiere un abordaje integral, que combine la persecución del narcotráfico, el combate a la corrupción policial, judicial y política, una discusión seria sobre la responsabilidad penal juvenil y políticas sociales orientadas a disminuir los factores de riesgo.
Se propone además la creación del Tribunal Social de Responsabilidad Política, previsto en el art. 3 de la Constitución bonaerense y nunca implementado por nuestros legisladores, como herramienta de control institucional frente a la corrupción.
El bonaerense también debe participar. Por ello se plantea establecer un sistema permanente de evaluación ciudadana, auditorías públicas y observatorios independientes que permitan medir resultados con transparencia.
Otras medidas complementarias incluyen la creación de una Escuela de Formación en Seguridad Municipal, el desarrollo de un Plan de Urbanismo Preventivo que recupere espacios públicos y mejore la iluminación, una Unidad Anticorrupción Policial con autonomía funcional y la implementación de Tribunales de Mediación Barrial, destinados a resolver conflictos vecinales antes de que deriven en violencia.
Estas propuestas no constituyen un programa cerrado ni un tratado académico sobre prevención del delito. Son ideas nacidas de la observación de una realidad que preocupa a miles de marplatenses como de bonaerenses. La seguridad no se resolverá únicamente con más patrulleros ni con discursos de campaña. Requiere instituciones modernas, coordinación entre los distintos niveles del Estado, participación vecinal y, sobre todo, la decisión política de pasar de la reacción a la prevención.
Luis Gotte
La Trinchera Bonaerense
P/D: muchos se preguntarán por la “caja”: de dónde saldría el dinero. La respuesta es política y legislativa. Los diputados y senadores bonaerenses deberán modificar la Ley 10.559 de Coparticipación y elevar el porcentaje actual -fijado en apenas el 16,14%- a un mínimo del 21%. Solo así los municipios podrán contar con recursos genuinos para sostener un sistema de seguridad descentralizado y eficaz.
