La empresa de Marcos Galperín tiene cinco días para contestar. El gobierno de Kicillof detectó que, en más de una ocasión, viola la ley de Defensa del Consumidor.
La provincia de Buenos Aires detectó cláusulas abusivas en los contratos que Mercado Libre ofrece a sus clientes e intimó a la empresa fundada por Marcos Galperín para que los modifique. En caso de no hacerlo, la plataforma comercial podría tener una sanción de hasta 1.815 millones de pesos. La firma tiene cinco días hábiles para contestar y allí se verá si toma una actitud reparatoria como hicieron otras grandes empresas, o no. El abanico de incumplimientos, que incluye tanto a Mercado Libre como a Mercado Pago, va desde casos en los que se habilita a cobrar tarifas sin aclarar el monto o cambiar términos y condiciones de los contratos dándolas como aceptadas, hasta sacar plata de cuentas de terceros que la firma considere “cuentas relacionadas” a un deudor. Todas estas prácticas van en contra de la Ley 24.240.
A partir de la fiscalización realizada por el gobierno de Axel Kicillof se detectaron una serie de prácticas abusivas presentes en los contratos de adhesión de la firma que atentan, principalmente, contra el artículo 37 de la Ley de Defensa al Consumidor. ¿Qué dice este artículo? Dice que se consideran como “no convenidas” aquellas cláusulas que “desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños”. En segundo orden, aquellas “que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte”. Y, también, las que “contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor”.
La interpretación del contrato, apunta la normativa, “se hará en el sentido más favorable para el consumidor”. “Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa”, aclara. Y concluye: “En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas”.
Entre estas prácticas por fuera de la ley que constató el gobierno provincial están:
*El contrato permite cobrar tarifas sin especificar montos ni condiciones, violando el derecho del consumidor a conocer el precio antes de contratar.
La empresa modifica sus condiciones unilateralmente y las tiene por aceptadas con el solo uso de la plataforma, sin requerir consentimiento expreso.
*El contrato hace al usuario único responsable por fraudes o accesos no autorizados, como los hackeos, eximiendo a la empresa de su obligación legal de garantizar la seguridad del servicio.
*Mercado Libre puede tomar fondos de tu cuenta para saldar deudas de otros contratos, algo prohibido en las relaciones de consumo.
*El usuario queda obligado a cubrir cualquier reclamo contra Mercado Libre, incluso los que surjan por fallas del propio sistema.
*La empresa se exime de responsabilidad por fallas técnicas y encima le traslada al usuario la carga de probar que no realizó la operación.
*Mercado Pago puede descontar cuotas de préstamos de cuentas de terceros que defina como “relacionadas”, afectando a personas que nunca firmaron el contrato.
* La empresa puede exigir el pago total del préstamo basándose en su propio criterio subjetivo sobre un posible incumplimiento futuro.
*El contrato intenta liberar a Mercado Pago de toda responsabilidad por daños, cuando la seguridad de la plataforma es una obligación esencial e irrenunciable.
*Obliga a todos los usuarios del país a litigar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, restringiendo ilegalmente el derecho del consumidor a reclamar en su propio domicilio.
Ariel Aguilar es subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones y depende del ministro de Producción, Augusto Costa, y su área tiene a cargo la Dirección de Defensa al Consumidor en el plano bonaerense. El funcionario explicó a Página/12 que de acuerdo con el trabajo realizado por esta área, se envió la intimación, de la cual Mercado Libre puede defenderse porque no se trata de una condena. Respecto a los montos, resalta que 1.815 millones es el límite máximo que surge de la posibilidad de que se acumulen todas las sanciones que se el endilgan a Mercado Libre.
Esta intimación, señala Aguilar, surge de una tarea cotidiana del equipo de abogados a su cargo, impulsada por una mirada estratégica ante el arribo de Javier Milei a la Casa Rosada. “Desde el cambio de gobierno, el ministro Costa nos planteó que se venía una etapa de mayor vulneración de derechos porque el contexto de que una empresa puede hacer cualquier cosa sería favorecido”, subraya el funcionario provincial.
Bajo esa premisa, se fortaleció el trabajo de revisar aquellos contratos que comúnmente se aceptan sin ninguna lectura por parte de los ciudadanos. Entre ellos, los de Mercado Libre. Pero también se hizo lo mismo con Netflix, Flybondi, HBO y Omint. En la mayoría de los casos no hubo necesidad de que se llegue a una multa por la respuesta favorable de las empresas.
“Nosotros no tenemos una actitud anti empresa, todo lo contrario, pero si las pymes cumplen con todas las normas, por qué no deberían hacerlo las grandes”, remarca Aguilar.
A partir de ahora, Mercado Libre tiene cinco días hábiles para responder por esta intimación. Ahora bien, a esta problemática se le suma un detalle no menor, y es que la empresa creada por Galperín encabeza el listado de las firmas que más denuncias individuales se presentan en Defensa al Consumidor. Sólo en el primer cuatrimestre de 2026, acumula 2.396.
En este punto entra en juego otra herramienta con la que cuenta la Provincia. Sucede que la intimación realizada responde a una tarea de oficio por parte del equipo de Costa y Aguilar. Pero, como sucedió el año pasado con Flybondi, el gobierno provincial tiene la facultad de obrar y multar sobre el acumulado de denuncias individuales ante patrones de comportamiento que vulneran derechos. En aquel entonces, la compañía aérea debió pagar más de 300 millones de pesos por, entre otras acciones, suspender vuelos sistemáticamente.
Desde el gobierno provincial aclaran que la acción que tomaron sobre Mercado Libre no proviene de una distancia política con Marcos Galperín, un empresario que con avala el modelo libertario y no escatima en esfuerzos para defender las banderas que levanta Milei. Hay otros antecedentes, como la plataforma de contenido audiovisual Netflix, que también recibió una intimidación por prácticas abusivas. La firma estadounidense contestó desde sus oficinas, se reunió con el gobierno provincial, corrigió lo exigido y no tuvo que pagar un solo peso. Por el contrario, con el caso de Flybondi, la Provincia constató un patrón de conducta por parte de la compañía aérea que acumulaba más de 1.800 denuncias individuales a lo largo de 2025. Ante esta situación, Aguilar detalla que se multó directamente a la firma porque, a pesar de estas denuncias, siguió con su comportamiento alejado de la ley.
En el caso de Galperín, en lo que va del año van 2.400 de estas denuncias. Principalmente, los consumidores hablan de fraude o estafa porque perdieron dinero o productos en operaciones realizadas a través de la plataforma, de prácticas abusivas y problemas en la devolución de productos por fallas en los mecanismos de Compra Protegida y obstáculos para ejercer el derecho de arrepentimiento.
“Kicillof demuestra todos los días que no tiene una gestión anti empresa, llevamos más de 110 rondas de negocios nacionales e internacionales que conectan pymes, proveedores y comercios”, dice Aguilar.
Incluso, en el mismo momento que se conoció la intimación a Mercado Libre, Kicillof y Costa encabezaban la apertura de la Expo FITBA 2026 en La Plata. En el evento donde se exponen los principales desarrollos científicos impulsados por el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, se anunció la convocatoria de este año, que tendrá una inversión de 3.500 millones de pesos.
En las últimas horas, el fundador de ML se sumó a un posteo del Presidente contra la posibilidad de cobrar un impuesto al universo de personas más ricas. Según los datos del Informe de Desigualdad Global 2026 elaborado por Thomas Piketty, impulsor de la creación de un impuesto a la riqueza a nivel global, el 10 por ciento más rico del mundo captura más de la mitad de los ingresos generados, mientras que el 50 por ciento más pobre de la población obtiene apenas el 8.
Para Galperín, un tributo de estas características es una voluntad de los “zurdos”. “La batalla ricos versus pobres la inventaron los zurdos para hacerse del control del Estado”, sostuvo en su cuenta de X, quien asentó su domicilio en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina
Por Andres Miquel para Página 12
