Hace 55 años, un mes después del golpe cívico militar que derrocó al presidente Arturo Illia, el gobierno de facto intervino las universidades nacionales. La sede de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA fue el epicentro de un intento de resistencia que terminó con 400 detenidos entre docentes y estudiantes.
La dictadura cívico militar del general Juan Carlos Onganía resolvía hace 55 años -el 29 de julio de 1966- ponerle fin a la autonomía de las universidades nacionales y ocupaba por la fuerza de la represión cinco facultades porteñas, donde autoridades, docentes y estudiantes resolvieron resistir la medida en un hecho que se conoció como «La Noche de los Bastones Largos».
Se trató de un hecho represivo tras el cual centenares de científicos se vieron obligados a dejar un país donde las casas de altos estudios se vaciaron de prestigio y contenido educativo por decisión de un Gobierno autoritario.
Hacía un mes que Onganía se había instalado en el poder tras derrocar al presidente constitucional Arturo Umberto Illia y la tarde del 29 de julio de 1966 promulgó la ley 16912 por la cual ordenaba la intervención de las universidades nacionales con el propósito de terminar con el sistema de gobierno tripartito que ejercían docentes, alumnos y graduados que había sido consagrado tras la Reforma de 1918.
El régimen que había impuesto la censura de prensa y clausurado el Congreso veía a las universidades como ámbitos que estaban fuera de control y organizados por hombres y mujeres que soñaban «con subvertir el orden natural de las cosas»
La Universidad de Buenos Aires (UBA), que había repudiado el golpe a Illia con un comunicado firmado por su rector Hilario Fernández Long y otros 250 profesores, decidió resistir la medida y desconocer cualquier autoridad que no emanase de la autonomía y el sistema de cogobierno.
La orden del Gobierno era que los rectores se convirtieran en interventores y las universidades pasaran a depender del Ministerio de Educación. Quien no lo aceptara debía renunciar en un plazo de 48 horas.
Las autoridades legítimas de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, el Litoral, La Plata y Tucumán decidieron irse o fueron removidas, mientras que en casas de estudios como la del Sur, Noreste y Cuyo se resolvió acatar la orden de la dictadura.
Ese viernes 29 de julio por la tarde, en las sedes de las facultades de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Medicina, Arquitectura e Ingeniería de la UBA, estudiantes, docentes y graduados se congregaron para resistir ese decreto.
La sede de la Facultad de Ciencias Exactas, ubicada entre las calles Bolívar, Moreno, Alsina, Avenida Julio A. Roca y Perú, y conocida como la «Manzana de las Luces» fue el epicentro de ese intento de resistencia.
El general Mario Fonseca estuvo a cargo de una acción policial para ocupar la Manzana de las Luces que se denominó como «Operativo Escarmiento», con el cual se propició en horas de la noche el ingreso violento al edificio donde se ejerció una represión a bastonazo limpio contra la comunidad académica que se encontraba en el lugar.
«El escarmiento» que los militares querían aplicar se remonta a un hecho ocurrido en octubre de 1965, durante un acto que el Ejército llevó a cabo en Perú y Diagonal Sur para conmemorar el aniversario 51º de la muerte del expresidente Julio Argentino Roca.
Ese día, desde el techo de la Facultad de Exactas, estudiantes lanzaron monedas y profirieron cánticos contra la formación militar, algo que los mandos del Ejército no estarían dispuestos a dejar pasar.
Tras hacerse con el control del edificio, los uniformados hicieron salir del edificio a los docentes y estudiantes por el medio de dos hileras de policías que los golpeaban con saña y hubo 400 detenidos.
Onganía cerró todas las universidades por tres semanas y comenzaron las renuncias en masa con el alejamiento de la UBA de 1300 docentes e investigadores
Warren Ambrose, un académico estadounidense que se encontraba como invitado en la Facultad de Exactas, escribió una carta al diario New York Times en la que narraba las alternativas de aquella represión contra la comunidad educativa.
«Los soldados nos ordenaron, a los gritos, pasar a una de las aulas grandes, donde se nos hizo permanecer de pie, con los brazos en alto, contra una pared. Nos agarraron a uno por uno y nos empujaron hacia la salida del edificio. […] yo (como todos los demás) fui golpeado en la cabeza, en el cuerpo, y en donde pudieron alcanzarme«, describió en una carta el profesor Ambrose.
Decanos y vicedecanos se alejaron de las casas de altos estudios y comenzó un exilio de más de 300 científicos que dejaron el país acusados de «comunistas» mientras eran recibidos en prestigiosas instituciones del mundo occidental.
Laboratorios que hacían ciencia aplicada fueron desmantelados y por aquellos días emisarios de universidades de Brasil, Chile, Estados Unidos y Uruguay recorrían Buenos Aires a mediados de 1966 en busca de los académicos que habían sido removidos por el régimen.
Así, la UBA, que en 1957 había recuperado su autonomía, vio interrumpido un proceso de expansión académica y educativa durante el cual se crearon editoriales como Eudeba, el Instituto de Cálculo que operó la primera computadora que llegó al país y se crearon carreras como Economía, Psicología, Sociología, y Educación.
Luis Botet, un abogado cercano al almirante Isaac Rojas que solía presentarse como el abogado de la Revolución Libertadora, asumió la intervención de la UBA y justificó la salida de científicos y docentes al considerar que «la autoridad estaba por encima de la ciencia».
«Por esta Facultad entran 12 mil personas por día, por eso le pedí a la Policía Federal que elabore un plan de seguridad. No creo que sea una cuestión de restricción a la libertad de pensamiento sino una cuestión de orden», declaraba por esos días Federico Frieschknecht, quien fue designado por entonces como decano de Ciencias Económicas.
Así, policías vestidos de civil que recorrían los pasillos y las aulas pasaron a ser parte del paisaje y el clima represivo que se instaló en las universidades públicas y que iba a profundizarse con la irrupción del terrorismo de Estado en 1976.
