El informe de la Universidad Austral y Fundación Alimentaris revela que el financiamiento bancario sostenible cayó 17% en términos reales entre 2023 y 2025, mientras que la emisión de bonos sociales, verdes y sustentables se redujo 48% respecto de 2023.
El estudio también advierte una fuerte desigualdad territorial: el 88% de las organizaciones receptoras de inversión de impacto relevadas opera en Buenos Aires, Córdoba, CABA y Santa Fe. Además, identifica dificultades para conectar el capital con los proyectos: el 42% de los inversores señala restricciones de financiamiento y el 40% de las organizaciones receptoras tiene problemas para encontrar inversores que compartan sus objetivos de impacto. En 2025, el financiamiento sostenible y la inversión de impacto movilizaron USD 2.171 millones en Argentina.
Buenos Aires, octubre de 2026 – El financiamiento sostenible y la inversión de impacto en Argentina muestran señales de pérdida de dinamismo, en un contexto marcado por la concentración territorial de las organizaciones receptoras y las dificultades para conectar a los inversores con proyectos que buscan generar resultados sociales y ambientales positivos. Así lo revela el informe Mapeo de inversión de impacto en Argentina 2025, elaborado por el Centro de Estudios en Sustentabilidad e Innovación Social (CESIS) de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, junto con Fundación Alimentaris.
El estudio identificó durante 2025 un total de USD 2.171 millones en financiamiento sostenible e inversión de impacto, distribuidos en 543.735 operaciones. Del capital movilizado, el 92% correspondió a instrumentos de financiamiento sostenible y el 8% a inversiones de impacto, dos modalidades relacionadas, pero con características y criterios de clasificación diferentes.
“En América Latina, la información sobre inversión de impacto está fragmentada debido a que no hay metodologías de medición consensuadas y buena parte de los datos no es pública. Por estas razones, el actual mapeo es tan relevante, ya que pone a disposición información abierta para dimensionar cuánto capital movilizan el financiamiento sostenible y la inversión de impacto en Argentina. Desde hace ocho años, la Universidad Austral construye esta evidencia en alianza con actores del ecosistema”, resalta Fernanda Figueroa, directora del Mapeo y profesora e investigadora asociada del CESIS de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.
Por su parte, Eugenia Concina Haín, directora de Programas de Prosperidad de la Fundación Alimentaris, agrega: “Construir evidencia rigurosa y comparable en el tiempo es clave para entender un mercado que todavía está en formación. Los datos muestran que el desafío no es solo movilizar más capital, sino generar las condiciones para que llegue a proyectos con impacto medible y retornos sostenibles. Este mapeo es un logro colectivo, fruto de un ecosistema de organizaciones activas y perseverantes, y esperamos que ayude a orientar decisiones para fortalecerlo”.
El retroceso del financiamiento sostenible
Uno de los principales hallazgos del informe es la caída del financiamiento sostenible canalizado a través del sistema bancario. Sobre la base de una muestra constante de seis entidades, el volumen de créditos sostenibles registró una disminución acumulada del 17% en términos reales entre 2023 y 2025, equivalente a una reducción del 12% cuando los montos se expresan en dólares corrientes.
La evolución de este segmento muestra que el financiamiento pasó de USD 1.287 millones en 2023 a USD 1.223 millones en 2024 y USD 1.136 millones en 2025, considerando únicamente los bancos que aportaron información en los tres períodos.
La pérdida de impulso también se observa en el mercado de capitales. Las emisiones de bonos sociales, verdes y sustentables (SVS) alcanzaron los USD 472 millones en 2025, un 48% menos que en 2023, cuando habían registrado un máximo de USD 910 millones. Además, su participación en el total de obligaciones negociables colocadas en el mercado local pasó del 12% en 2023 a menos del 3% en 2025.
La contracción se registra, asimismo, en las inversiones de impacto realizadas por fuera del sistema bancario y del mercado de capitales. Al comparar un panel constante de inversores y excluir las operaciones extraordinarias de gran magnitud, el capital invertido durante 2025 cayó un 17% respecto del promedio anual de 2023-2024, mientras que la cantidad de operaciones se redujo aproximadamente un 30%.
Los investigadores advierten que estas comparaciones corresponden a muestras constantes de entidades e inversores y, por lo tanto, no pueden extrapolarse automáticamente al conjunto del mercado argentino.
Una marcada concentración territorial
La distribución geográfica constituye otro de los principales desafíos identificados. El 88% de las organizaciones receptoras de inversión de impacto relevadas opera en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.
La provincia de Buenos Aires representa por sí sola el 51% de la muestra, seguida por Córdoba (16%), CABA (14%) y Santa Fe (7%). Tucumán concentra el 3%, mientras que el 9% restante corresponde, en conjunto, a organizaciones que operan en Chaco, Misiones, Salta, La Pampa, La Rioja y Mendoza.
Esta distribución pone de manifiesto una importante brecha territorial en el ecosistema de inversión de impacto. Si bien los datos corresponden a las 87 organizaciones receptoras identificadas en el relevamiento y no permiten establecer qué proporción del dinero se destinó a cada provincia, muestran una fuerte concentración de la actividad en la región central del país.
El informe identifica la necesidad de promover condiciones que faciliten el acceso al financiamiento en otras regiones y contribuyan al desarrollo de un mercado de inversión de impacto más federal.
Inversiones de corto plazo y rentabilidad competitiva
El estudio también permite conocer las características de las operaciones realizadas. Durante 2025 se identificaron 96 inversiones de impacto por USD 179 millones, impulsadas por 50 inversores y destinadas a 87 organizaciones receptoras, por fuera del sistema bancario y del mercado de capitales.
Al excluir las grandes operaciones extraordinarias, el monto se reduce a USD 39 millones distribuidos en 93 inversiones. Además, seis de cada diez operaciones registraron montos inferiores a USD 150.000, lo que evidencia la importancia de las inversiones de menor escala dentro del ecosistema.
En cuanto a los plazos, el 83% de las operaciones se estructuró a tres años o menos. De ese total, el 78% contempló períodos de entre uno y tres años, mientras que el 5% correspondió a plazos inferiores a un año. Esta predominancia de horizontes de corto y mediano plazo puede limitar el financiamiento de transformaciones sociales y ambientales que requieren inversiones de mayor duración.
Otro dato relevante es que el 95% de las inversiones buscó obtener una rentabilidad igual o superior a la del mercado: el 66% aspiró a rendimientos equivalentes y el 29% a resultados superiores. Apenas el 5% contempló retornos inferiores a los de mercado.
Estos resultados muestran que la inversión de impacto busca compatibilizar objetivos financieros con resultados sociales y ambientales, sin que ello implique necesariamente resignar rentabilidad.
La desconexión entre el capital y los proyectos
Uno de los principales problemas estructurales identificados por los investigadores es la dificultad para conectar la oferta y la demanda de financiamiento.
El 42% de los inversores consultados señaló restricciones vinculadas con la disponibilidad de capital, mientras que el 40% de las organizaciones receptoras manifestó dificultades para acceder a inversores que compartan su definición y sus objetivos de impacto.
El estudio advierte que la existencia simultánea de capital orientado al impacto y de organizaciones que necesitan financiamiento no garantiza que ambos logren encontrarse y concretar operaciones.
A esta dificultad se suma la necesidad de fortalecer las capacidades de las organizaciones para presentar proyectos financieramente sólidos, así como el desafío de que los inversores incorporen los objetivos de impacto de manera más estratégica en sus decisiones.
En cuanto al destino de las inversiones, los objetivos sociales fueron los más frecuentes (48%), seguidos por los sustentables (29%) y los ambientales (20%). Entre los sectores que concentraron mayor actividad se destacan alimentos y agricultura, salud y manufactura, en muchos casos combinados con componentes tecnológicos.
Medir el impacto sin generar nuevas barreras
Otra de las tensiones identificadas se relaciona con la medición de los resultados sociales y ambientales de las inversiones.
Si bien el 68% de los actores relevados considera estratégica la medición del impacto, los costos asociados, la complejidad de los procesos y la falta de metodologías homogéneas pueden transformarse en obstáculos, especialmente para organizaciones pequeñas o con menores niveles de profesionalización.
El desafío, según plantea el informe, consiste en desarrollar mecanismos que permitan demostrar los resultados de las inversiones sin imponer exigencias desproporcionadas que terminen dificultando el acceso al financiamiento.
Los desafíos para desarrollar el mercado
Más allá de la evolución de los montos invertidos, los investigadores identifican la necesidad de fortalecer el entorno regulatorio e institucional, mejorar la articulación entre los actores y desarrollar instrumentos financieros que respondan a las características y necesidades de los proyectos.
El estudio destaca la importancia de generar mayor previsibilidad, establecer reglas e incentivos que favorezcan la movilización de capital a largo plazo y promover políticas que contribuyan a reducir las brechas territoriales.
También plantea la necesidad de acercar los objetivos de impacto a los modelos de negocio, fortalecer las capacidades de las organizaciones que buscan financiamiento y ampliar las redes de vinculación entre inversores y proyectos.
En definitiva, el informe señala que el desarrollo de la inversión de impacto en Argentina no depende únicamente de movilizar mayores volúmenes de capital, sino también de crear las condiciones para que esos recursos lleguen efectivamente a proyectos capaces de generar resultados sociales y ambientales medibles, junto con retornos financieros sostenibles.
El informe se presentó el 22 de octubre en un encuentro en la sede de Cerrito de la Universidad Austral, y reunió una gran cantidad de personas del ecosistema de inversión de impacto. Los resultados estuvieron a cargo del equipo de investigación de la Universidad Austral (Fernanda Figueroa, Estefanía Solari y Gonzalo Bernat), con la moderación de Eugenia Concina, de Fundación Alimentaris. Emilia Cerra, de GSG Impact, aportó la perspectiva regional y global, y Karina Katz (Oikocredit), Pablo Perretta (Asociación de Cooperativas Argentinas), Charlie Rivero Haedo (Zafrán) y Thiago Lespade (Resiliencia SGR) compartieron testimonios de inversiones de impacto. La jornada cerró con una “cosecha de propuestas”, moderada por Virginia Romero (Ekhos), que convocó a las personas asistentes a plantear acciones concretas para fortalecer el ecosistema.
El Mapeo de inversión de impacto en Argentina 2025 fue elaborado por María Fernanda Figueroa Herrera, Estefanía Solari, Gonzalo Bernat y Federico de Cristo, investigadores de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, junto con Fundación Alimentaris y organizaciones aliadas como GDFE, Sumatoria, SMS, El Núcleo, Ekhos y Oxygen Partners.
