Por decreto, el Gobierno destruye los ingresos. El mínimo quedó abajo del dato de 2001. Desde que llegó Milei, solo creció 79%, mientras el boleto de colectivo escaló 600%.
El Gobierno volvió a fijar el salario mínimo de manera unilateral y por decreto, tras otro fracaso del Consejo del Salario y sin acuerdo con los gremios, consolidando un esquema de aumentos que corre por detrás de la inflación y que profundiza la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La suba de diciembre es de apenas 6.000 pesos, se ubicó en el último lugar de la fila entre los países de la región y se encuentra en niveles inferiores a los de 2001. La decisión de ajuste impacta de manera directa sobre millones de trabajadores y también sobre los montos de planes sociales y algunas jubilaciones que toman como referencia ese monto, en un contexto en el que la aceleración de precios es evidente. La CGT aseguró que no sólo es insuficiente sino que está “alejado de la realidad”.
Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, el salario mínimo aumentó 79 por ciento, mientras que el boleto de colectivos se incrementó 600 por ciento; el de trenes, 520 por ciento; el subte, 846 por ciento; y las tarifas de luz y gas, 234 y 531 por ciento respectivamente.
La Resolución 9 de 2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece incrementos escalonados que van desde noviembre de este año hasta agosto de 2026. El esquema fija que el salario mínimo pasará de los 322.200 pesos de octubre a 334.800 pesos en diciembre, para alcanzar 376.600 pesos en agosto del próximo año, lo que implica una suba total del 16,8 por ciento en diez meses. La resolución se adoptó tras una nueva sesión plenaria sin acuerdo entre los representantes de trabajadores y empleadores, realizada el 26 de noviembre. El acta dejó asentado que el sector sindical presentó una propuesta de recomposición muy superior, mientras que los empleadores insistieron en incrementos mínimos.
Los datos del ajuste
El detalle de los montos confirma que el incremento será leve. Desde noviembre, el salario mínimo pasa a 328.400 pesos; en diciembre, 334.800; en enero de 2026, 341.000; en febrero, 346.800; en marzo, 352.400; en abril, 357.800; en mayo, 363.000; en junio, 367.800; en julio, 372.400; y en agosto, 376.600. El valor por hora avanzará desde los 1642 pesos de noviembre hasta 1883 pesos en agosto del año próximo. El aumento total en los valores mensuales —apenas 54.400 pesos entre octubre y agosto— deja en evidencia que la actualización se ubica muy por debajo de la inflación proyectada para los próximos meses y en el suelo en relación a los salarios mínimos en América Latina. Medido en dólares, de acuerdo con un informe se la CELAG, Argentina a 225 dólares quedó en el puesto 15, mientras en el primero lugar se encuentra Costa Rica con 729 dólares. Hace poco más de una década Argentina estaba en el podio y muy lejos respecto de los otros países.
Por el piso
De manera sostenida viene perdiendo frente a la escalada del costo de vida. Entre noviembre de 2023 y octubre pasado, la caída real acumulada fue del 35 por ciento, mientras que en lo que va del año el retroceso llega al 7,7 por ciento, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET). Esa retracción se refleja en todos los programas que utilizan el salario mínimo como base para definir montos, desde prestaciones vinculadas a la seguridad social hasta algunos beneficios para trabajadores desocupados.
La disposición también actualiza la prestación por desempleo, que será equivalente al 75 por ciento de la mejor remuneración neta del trabajador en los seis meses previos al despido. La normativa establece que ese monto no podrá ser inferior al 50 por ciento ni superior al 100 por ciento del salario mínimo vigente en cada tramo. La decisión afecta a miles de beneficiarios, que verán sus ingresos condicionados por un piso que no logra acompañar el incremento del costo de vida.
Rechazo de la CGT
La reacción gremial fue inmediata. La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó el nuevo valor del salario mínimo por considerarlo “insuficiente y desconectado de la realidad”. Para la central obrera, el nuevo piso de 328.400 pesos “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, ya que queda muy lejos de la Canasta Básica Total, que asciende a 1.176.852 pesos. El Gobierno volvió a actuar por decreto luego del fracaso del Consejo del Salario, un patrón que se repite desde el inicio de la gestión. El sector empresario había ofrecido un aumento casi simbólico —de 322.000 a 326.000 pesos— mientras que la CGT planteó un incremento acumulado del 71,6 por ciento para intentar que el salario mínimo volviera a acercarse a la Canasta Básica Total. Sin acuerdo, el Ejecutivo resolvió un aumento apenas por encima de la oferta empresaria.
Desde el campo político también hubo críticas. Carlos Castagneto, ex titular de la AFIP, aseguró que el Gobierno “impuso” el nuevo salario mínimo hasta agosto de 2026, “anulando la negociación”. Según Castagneto, el salario mínimo cayó al “valor real más bajo en treinta años” y perdió más del 60 por ciento de su poder adquisitivo entre 2023 y 2025. En ese marco, recordó que en 2011, a valores comparables, representaba 895.922 pesos, “casi tres veces más”.
El análisis técnico también apunta al carácter regresivo del laudo. Hernán Letcher, director del CEPA, señaló que la decisión “no recupera nada de lo perdido por el salario mínimo”. Explicó que el Gobierno definió un aumento progresivo desde los 322.200 pesos actuales hasta 376.600 pesos en agosto de 2026, lo que implica un incremento del 16,9 por ciento punta a punta, con un ritmo mensual cercano al 1,157 por ciento. Ese valor es incluso levemente inferior a las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, que ubicaba el aumento en torno al 17 por ciento.
Letcher detalló además la diferencia entre las propuestas de las partes. Los gremios buscaban recuperar el nivel del salario mínimo promedio de 2023, que representaría unos 497.000 pesos reales en abril de 2025. Los empresarios, en cambio, proponían un valor que en términos reales llegaba a 313.500 pesos para el mismo mes. La resolución oficial terminó ubicando el salario mínimo en torno a los 320.000 pesos reales para abril de 2026, un resultado que refleja que el Gobierno acompañó la postura empresaria y que consolida la pérdida de poder adquisitivo.
El nuevo salario mínimo, de aplicación inmediata y fijado sin consenso, vuelve a exponer la tensión entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. También confirma que los ingresos de los trabajadores continúan retrasados en un escenario de inflación que en los últimos seis meses mostró una tendencia ascendente. Con aumentos que no alcanzan para sostener el poder de compra, el recorte real se extiende a beneficiarios de planes sociales, jubilaciones mínimas y trabajadores informales. El deterioro acumulado, ya evidente en las canastas básicas y en los niveles de pobreza, promete seguir profundizándose mientras crece la brecha entre los precios y las decisiones oficiales.
Por Juan Garriga para Página 12
