Alfredo González describió que la mejora se registra especialmente en la industria y el sector productivo primario pero marcó que la deuda sigue siendo el control de la inflación.
En una entrevista con Télam, el dirigente empresario chaqueño criticó el rol de la banca privada, a la que acusó de no haber colaborado «nunca» con las pymes.
Al referirse a las elecciones legislativas celebradas el domingo pasado, González manifestó su expectativa de que se inicie un «período muy importante porque se deben dar las reales negociaciones entre todos los sectores para que la Argentina pueda volver a crecer».
González –quien asumió la conducción de CAME a mediados de agosto pasado, en reemplazo de Gerardo Díaz Beltrán- representa a la Federación Económica del Chaco (Fechaco), es propietario de la firma Centroficina (dedicada a la elaboración de muebles y equipamientos para oficinas) y vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Chaco.
A continuación, los principales tramos de la entrevista con Télam:
Télam: ¿Cuáles son los principales puntos a resolver en materia económica?
Alfredo González: El principal problema a resolver hoy son los vaivenes de la macroeconomía, que es la que genera la inflación que nos complica. La inflación es el punto principal dentro de una agenda compleja de asuntos, ese es el foco porque eso genera la inestabilidad macroeconómica que nos lleva puesta la microeconomía diaria. No obstante, nada se puede articular si no se articulan negociaciones con el Estado, entre todos los sectores empresarios y sindicales.
Desde nuestras cámaras bases en las negociaciones con los municipios, pasando por las federaciones regionales que negocian con las provincias y nosotros a nivel nacional, debemos sentarnos en una mesa para resolver todos los problemas pendientes.
T: ¿Cómo influye la inflación sobre las pymes?
AG: Nosotros tenemos un doble rol. Somos tomadores de precios y somos proveedores de los grandes conglomerados, por eso fuimos muy claros respecto del congelamiento de precios. Entendemos que es un paliativo, momentáneo y creo que el Gobierno también lo sabe y lo interpreta de esa manera y el Gobierno sabe que son herramientas que se toman como últimas opciones. Pero lo importantes es que se esté trabajando ya en un plan antiinflacionario, para que el 8 de enero, cuando venza el congelamiento, se pueda empezar a trabajar con el Gobierno de otra forma.
T: ¿Cómo está la actividad en estos momentos?
AG: Hay una incipiente recuperación, en algunos sectores más que en otros. La industria pyme nunca dejó de trabajar durante la pandemia como tampoco el sector productivo primario de las economías regionales y eso se nota en que son los primeros que están repuntando, más allá del comercio y los servicios que es el último eslabón, aunque también arrancó el sector del turismo. No somos un país homogéneo, tenemos muchas asimetrías entre las provincias.
T: ¿También en materia fiscal nota asimetrías?
AG: Desde ya, la presión fiscal se inicia en los municipios, con tasas surrealistas que ni siquiera son tasas sino impuestos encubiertos que complican desde ese lugar. Hoy en la Argentina tenemos casi 170 impuestos. No es un problema de este Gobierno, son problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Por eso la importancia de las entidades intermedias. Muchas veces se legisla sin saber el efecto que puede provocar una tasa o un impuesto sobre la actividad económica y simplemente lo que se busca es una finalidad recaudatoria.
T: ¿Qué pesa más en el empleo a la hora de definir una contratación, los costos fiscales o la legislación laboral?
AG: Nunca hablamos como un costo fiscal, al sueldo del empleado. Pero sí tenemos problemas con la legislación laboral que data de hace más de 50 años en algunos casos y donde hay oficios y profesiones que ya no existen. Por eso creemos que hay que actualizar la legislación laboral.
T: ¿Hay que modificar las indemnizaciones?
AG: Nosotros creemos que no hay que afectar los derechos de los trabajadores. Creemos que hay que buscar nuevas opciones.
T: ¿Puede ser un sistema de seguro?
AG: Puede ser un seguro, un co-seguro, un sistema como el que tiene la construcción, hay muchas variables que deben atenderse y que son válidas y elegir la más conveniente.
T: Se está hablando de convertir los planes sociales en empleos, sin que los trabajadores pierdan esos beneficios, ¿es posible esto?
AG: No sólo creemos que es posible sino que ya se está aplicando en muchas economías regionales. En el interior, la utilización de los convenios de co-responsabilidad gremial, han sido un instrumento idóneo para generar empleo para muchas personas que perciben los planes sociales. Estamos trabajando con el sindicato de los peones rurales -la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)- para llevar adelante un esquema que permita acelerar la contratación de los beneficiarios de ayuda social.
T: ¿Ya los convocó el Gobierno para participar del Consejo Económico y Social?
AG: Sí, y además ya estamos trabajando en una comisión técnica para analizar todos estos problemas desde el empleo hasta el aspecto impositivo y creemos que el Consejo es el ámbito adecuado para resolver estos problemas y poner en marcha la economía argentina».
