Tras el vencimiento de este lunes como plazo final para saldar los US$ 2.400 millones que el país le adeuda a ese organismo de crédito, se abre una nueva etapa de negociaciones.
El Gobierno nacional y el Club de París iniciaron un proceso de 60 días para saldar los US$ 2.400 millones que el país le adeuda a ese organismo de crédito, luego de que venciera este lunes el plazo original para abonar ese compromiso.
El presidente Alberto Fernández confía en lograr una postergación de ese pago, luego de entrevistarse con varios líderes europeos.
Fernández gestionó presencialmente esa postergación ante las máximas autoridades de Portugal, España, Francia e Italia, y la semana pasada mantuvo un encuentro virtual en el que trató el tema con la canciller alemana, Angela Merkel.
El plazo de gracia de parte de club de gobiernos acreedores (de Europa, pero también de los Estados Unidos, Canadá, Rusia, Australia, Israel, Brasil, Japón y Corea del Sur) abrirá un nuevo espacio para seguir negociando la reprogramación de la deuda de US$ 45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las autoridades del Club de París aguardan, precisamente, ese arreglo con el organismo multilateral que dirige Kristalina Georgieva, para reprogramar su propio acuerdo, que data de mayo de 2014 y fue cerrado por el entonces ministro de Economía (hoy gobernador bonaerense), Axel Kicillof.
En oficinas del Gobierno descartan una declaración formal de incumplimiento, ya que esa situación sólo se contempla para 60 días después del no pago del vencimiento, según las condiciones del crédito con el Club de París.
El grupo de acreedores oficiales de Argentina, que preside Emanuel Moulin, director general del Tesoro de Francia, se reunirá a principios de junio y se espera que allí se defina si hay una respuesta formal a la carta que envió a principios de abril el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el pedido de postergar el vencimiento y comentarios sobre las negociaciones con el FMI por un acuerdo de facilidades extendidas.
Guzmán indicó en su nota que para asegurar que el nuevo programa con el FMI tenga amplio apoyo social, el Gobierno puso en marcha un proceso de «búsqueda de consensos políticos y sociales frente a las políticas clave», con medidas que apuntan a la recuperación de la economía; a la atención a la población vulnerable pero con «prudencia fiscal»; y a la reducción de la inflación.
En el marco de esas tratativas se considera probable que durante junio se avance hacia la firma con el Fondo de una carta de intención, tras revisiones de las cuentas públicas, si finalmente se acuerda la llegada a Buenos Aires de una nueva misión del organismo.
Ese monitoreo ya tuvo lugar en abril en Washington, por parte de Guzmán, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, y Julie Kozack, la vicedirectora para el Hemisferio Occidental del organismo.
Más recientemente el ministro volvió a revisar con funcionarios del Fondo Monetario las cifras de la economía argentina, así como las políticas monetarias y fiscales vigentes, en la previa de la reunión que el presidente Fernández mantuvo con Georgieva en Roma.
Por lo pronto, en el primer cuatrimestre del año el resultado primario de la administración pública nacional arrojó un déficit de apenas 0,2% del PIB.
