¿Se puede administrar un país, una provincia o un municipio sin conocer profundamente su realidad?
Esta pregunta cobra especial relevancia cuando se habla de la provincia de Buenos Ayres, la más extensa y compleja de la Argentina, cuya estructura social, productiva y política ha sido históricamente mal gestionada, lo que ha llevado a un desequilibrio territorial y una crisis estructural que parece no tener fin. Buenos Ayres, con su vasto territorio y su peso económico y poblacional, requiere una administración que comprenda en detalle sus particularidades, necesidades y desafíos. Sin embargo, ha prevalecido un modelo de gestión centralista que desconoce estas realidades, profundizando las desigualdades y limitando su desarrollo.
Dividida en 135 municipios, cada uno con su ciudad cabecera y numerosas delegaciones municipales, Buenos Aires presenta una organización comunal única que exige una gestión eficiente y adaptada a las características de cada región. La gran extensión de la provincia y la concentración de la población en el AMBA, que alberga al 67% de los bonaerenses en una superficie que representa apenas el 4,3% del territorio, ha acentuado las desigualdades entre el norte, superpoblado y con infraestructura colapsada, y el centro-sur, despoblado y carente de inversiones. Esta urbanización extrema ha desequilibrado la asignación de recursos, servicios y atención pública, dejando a gran parte de la provincia relegada.
A todo esto, se suma un sistema de gobierno obsoleto y centralista, basado en un Decreto-Ley militar de 1958 y una Ley Electoral de 1935 que divide a la provincia en 8 secciones electorales, cuando la provincia tenía 4.300.000 hab. Este marco legal, que no representa la realidad poblacional ni social actual, genera sobrerrepresentación en algunas zonas y subrepresentación en otras, impidiendo una verdadera participación democrática y un reparto justo de los recursos. La asignación de fondos a los municipios, a través de la Ley 10.559 de 1987, se realiza mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), un sistema tan opaco como discrecional, que deja a muchos intendentes sin claridad sobre los montos que recibirán. Esto hace que la distribución de recursos dependa más de las decisiones políticas que de criterios objetivos basados en necesidades reales.
El panorama socioeconómico de la provincia agrava aún más la crisis. Con 56% de la población subalimentada y 22% en la indigencia, Buenos Ayres enfrenta un escenario de desigualdad y pobreza alarmante. El narcotráfico, el aumento del delito y una desocupación del 8% son síntomas de una crisis social que parece no tener fin. A esto se suma la concentración de la tierra y una producción agrícola atrasada, que, lejos de modernizarse, sigue un modelo de agresividad con el medio ambiente, frenando el desarrollo sostenible que la provincia necesita.
En este contexto, los intendentes deben administrar municipios con recursos insuficientes, brindando servicios esenciales como salud, educación y seguridad, mientras la recaudación cae al ritmo de la desaceleración económica. En las regiones rurales del centro y sur, la migración masiva hacia el AMBA ha dejado territorios despoblados y sin capacidad productiva, profundizando aún más las desigualdades. Mientras tanto, la falta de políticas que impulsen la industrialización y la modernización tecnológica deja a la provincia estancada.
Buenos Ayres necesita con urgencia un cambio estructural profundo. Es imperativo realizar una inversión significativa en la producción agrícola-ganadera, utilizando nuevas tecnologías y promoviendo una política demográfica que repueble las zonas más despobladas. Sin embargo, esto solo será posible si el Estado provincial se fortalece, y no si se «achica», como proponen ciertos sectores liberales. Reducir la presencia del Estado en un contexto de crisis no resolverá los problemas de fondo, sino que profundizará el empobrecimiento y agravará la crisis.
El futuro de la provincia depende de una visión de desarrollo a mediano y largo plazo, que implique una redistribución equitativa de los recursos y políticas que involucren a los sectores privados, públicos y sindicales. Gobernar Buenos Ayres requiere conocer sus necesidades, comprender sus fortalezas y atender sus debilidades. Sin una administración basada en el conocimiento profundo del territorio, la provincia continuará su deriva hacia el deterioro. Es hora de que Buenos Ayres reciba la atención que merece, con políticas claras, inversión tecnológica y una distribución justa de sus recursos. Solo así podrá salir de su laberinto.
Luis Gotte
La Trinchera Bonaerense
