Con la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, el nuevo art. 123 establece que, cada una de nuestras provincias, además de dictar sus propias constituciones, deben asegurar su AUTONOMÍA MUNICIPAL, siendo los gobiernos de provincia los que determinen su alcance.
Sin embargo, el legislador de la Convención Constituyente fue desafortunado en la redacción de esta norma, ni fue claro ni inteligente, dejando una ventana abierta al no disponer que dicha autonomía debiera ser plena.
Toda autonomía implica ser ejercida cabalmente, es decir, debe ser total. Solo la Constitución Nacional y la Provincial establecen límites. Por lo tanto, no debe quedar restringida a cuestiones de intereses políticos, porque, de lo que se trata es de proporcionar el máximo beneficio para los Municipios y vecinos. La realidad nos ha demostrado que, salvo excepciones, cada provincia ha efectuado su interpretación en su propio beneficio político.
La mayoría de los gobiernos provinciales no han puesto en discusión la autonomía en tanto política, administrativa, financiera o económica. Lo que perturba al ejercicio del poder político centralista es la Autonomía Institucional, es decir, que cada Municipio pueda dictar sus propias Cartas Orgánicas o Constituciones locales. El hecho que los gobiernos municipales tenga sus propias reglas de organización y administración local y el ejercicio del poder de ejecución de sus obligaciones comunitarias, eligiendo la forma y el procedimiento adecuado para su realización, conspira con la conducción del poder verticalista de los gobernadores.
La Argentina cuenta con una superficie continental de 2.766.890 km², cuya densidad poblacional es de 17 hab./km². El promedio mundial llega a 46 hab./km², y el Área Metropolitana de Buenos Ayres alcanza los 1.150 hab./km². Hay 23 provincias más CABA, 20.563 localidades y 1.298 Municipios de las cuales 345 pueden dictar sus Cartas Orgánicas de acuerdo a sus constituciones provinciales, y sólo 186 las han sancionado, restando 159 que aún no lo hicieron.
A pesar del art. 123 de la Ley Suprema, existen 4 provinciales que no habilitan a sus municipios a tener Constituciones locales: Buenos Ayres, La Pampa, Mendoza y Santa Fe. Es decir, al 48% de la población argentina no se le permite administrarse de acuerdo a sus realidades y necesidades.
Son 8 las provincias que carecen de Cartas Orgánicas: las mencionadas anteriormente, cuyos municipios se rigen por una Ley de Municipalidades Provincial (la Provincia de Buenos Ayres por un Decreto militar de 1958); sumándose La Rioja con 18 municipios, Santa Cruz y sus 15 Municipios, Formosa con 27 municipios que no habilita a sus municipios a la redacción de Cartas Orgánicas y Tucumán con 19 Municipios aún no las ha reglamentado por ley.
Por otro lado, hay 5 provincias más CABA que todos sus municipios habilitados posean sus respectivas Cartas Orgánicas: Catamarca (8), Corrientes (44), San Juan (7), San Luis (2) y Tierra del Fuego (2).
Algunos casos curiosos para destacar son: Formosa, su constitución establece una población de 30 mil habitantes, la más alta de Argentina, para dictar las Constituciones locales, con una población de 580 mil habitantes solo Clorinda y Formosa alcanzan esta “vara” que se impone, pero aún no lo han concretado; la Provincia de Corrientes donde, todas las comunas con más de 1.000 habitantes son considerados Municipios y la posibilidad de dictar sus propias Cartas, ya cuenta con 44 Cartas dictadas de 76 Municipios; y, La Rioja que es un ejemplo de manipulación política ya que, la constitución provincial de 1986 disponía que sus Municipios tengan autonomía plena permitiendo que 18 Municipios sancionaran sus Cartas, sin embargo, la reforma de 1998 las deroga.
Por otro lado, según datos provisorios del Censo de 2022, en la República Argentina habitan más de 47.300.000 personas. De ese total, el 92% reside dentro de unas 1.000 ciudades distribuidas en todo el territorio. Sin embargo, la concentración poblacional es desigual entre las regiones, en que las capitales centralizan la población de sus provincias. Así, tenemos 8 aglomeraciones urbanas que concentran un poco más de la mitad de la población total del país: Buenos Ayres, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, La Plata y Salta.
En contraste, 90 pueblos se han despoblado en las últimas décadas y unos 800 están en crisis por despoblamiento. En las zonas rurales viven algo más de 4 millones de personas (el 8% de nuestra población) y el 40% está en riesgo de emigrar hacia las grandes urbes.
Existen 675 ciudades entre 2000 y 10.000 habitantes. Uno de cada cuatro argentinos habita una ciudad pequeña. Son Comunas donde la capacidad burocrática se encuentra limitada, por lo tanto, el gobierno local es más eficiente para gestionar su desarrollo local. Hoy muchas de ellas intentan adaptar sus servicios para atraer a más población y con ellas más inversiones privadas que incrementarían la actividad laboral.
El mayor problema con el que se encuentra el poder político, y están ignorando, es el crecimiento urbano incontrolado. Hecho que se da en las megaurbes, que van generando sus conurbanaciones. Ellas siguen un anárquico y confuso proceso de expansión territorial-comunal, generando consecuencias negativas, como la falta de planificación, insuficiencia de infraestructura básica y de servicios para la comunidad. Solo reproduce injusticias.
El joven del pueblo que emigra en busca de oportunidades laborales, no solo corta sus raíces culturales junto al desarraigo que lo acompañará durante el resto de su vida, sino que, suelen obtener empleos mal remunerados, que producen insatisfacción, enojos, violencia. La generación siguiente, la de sus hijos, potenciará aún más este escenario de sinrazones.
Las proyecciones para la próxima década son alarmantes. No hay indicios de que el escenario actual pudiese mejorar. Se carecen de planes, proyectos y propuestas políticas. Con un oscuro escenario económico. Pero, Argentina tiene un horizonte deseable y posible. Solo hay que tomar decisiones y tener voluntad política para ejecutar medidas descentralizadoras, relacionadas con el pleno ejercicio de un sistema federal de gobierno, que implica provincias con autonomía e independencia y municipios con autonomía plena, junto a una política estratégica de repoblamiento. Aprendamos de los arrojos y bríos del presidente actual de El Salvador, cuando hay convicciones podemos cambiar la realidad a nuestro pueblo y para bien.
Luis Gotte
La pequeña trinchera
Co-autor de “Buenos Ayres Humana, la hora de tu comunidad” Ed. Fabro, 2022
Mar del Plata
luisgotte@gmail.com
D.N.I. 20041255
