El jefe de Gabinete explicó su crecimiento patrimonial con ganancias en bitcoin y una herencia. La revelación llegó horas después de la controversia por la adhesión de él y su esposa al régimen simplificado de Ganancias.
Después de varios meses de incertidumbre, Manuel Adorni presentó finalmente su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Pero lejos de cerrar la discusión sobre su patrimonio, la abrió todavía más. Horas después de quedar envuelto en una polémica por la adhesión de él y de su esposa al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, el jefe de Gabinete reconoció públicamente que durante años mantuvo ahorros no declarados y atribuyó buena parte de su crecimiento patrimonial a ganancias obtenidas con inversiones en bitcoin.
“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, afirmó este miércoles por la noche durante una entrevista con LN+. La frase tuvo un impacto inmediato en la Casa Rosada. No solo porque llega en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales, sino porque contradice parcialmente algunas explicaciones previas del propio funcionario. En marzo, cuando comenzaron a multiplicarse las preguntas sobre su patrimonio, Adorni había asegurado que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”.
La explicación que ofreció ahora fue diferente. Según relató, tanto él como su esposa Bettina Angeletti acumularon durante años ahorros no registrados formalmente como una forma de protegerse de la inestabilidad económica argentina. “Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, sostuvo. Además aseguró que parte de la evolución patrimonial observada por la Justicia se explica por ganancias cercanas a los 300.000 dólares obtenidas mediante inversiones en bitcoin y por una herencia recibida en los últimos años.
La secuencia resultó particularmente incómoda para el oficialismo porque coincidió con la controversia generada por la adhesión de Angeletti y del propio Adorni al régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal. Durante toda la jornada, funcionarios y dirigentes libertarios intentaron relativizar la polémica y sostuvieron que no existía ninguna irregularidad. “No hay ninguna ilegalidad”, repetían este jueves en distintos despachos oficiales. El argumento era sencillo: si el propio Gobierno impulsó esa ley para que los contribuyentes utilizaran las herramientas previstas en ella, resultaría contradictorio cuestionar que funcionarios o familiares de funcionarios decidieran hacerlo.
La explicación oficial fue en la misma dirección. Después de que trascendiera la adhesión de su esposa y luego la propia, Adorni transmitió a su entorno una aclaración tajante: “Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo”. Cerca del jefe de Gabinete insistieron en que se confundieron dos instrumentos distintos incluidos dentro de la misma ley. Según esa versión, el matrimonio únicamente adhirió al régimen simplificado de Ganancias, un mecanismo administrativo mediante el cual ARCA confecciona una declaración jurada preliminar que el contribuyente solo debe revisar y validar. “En nuestro caso solo utilizaremos uno de los instrumentos previstos por la ley, el régimen simplificado de Ganancias”, señalaron.
De hecho, la ley que Javier Milei celebró como uno de los mayores logros de su administración y que el propio Adorni describió meses atrás como una norma que “quedará en la historia grande de nuestro país” tiene una particularidad difícil de ignorar: muchos de sus principales defensores fueron también algunos de sus primeros usuarios. Los registros de ARCA muestran que durante los últimos meses un nutrido grupo de funcionarios, asesores y dirigentes cercanos al oficialismo solicitó adherir al régimen, lo que ayuda a explicar por qué dentro del Gobierno existe tan poca disposición a cuestionarlo.
Para buena parte del oficialismo se trata, sencillamente, de una herramienta que está funcionando exactamente como fue concebida. Algunos contadores consultados por elDiarioAR señalaron que el esquema ofrece tres ventajas concretas: simplificación administrativa, un límite a las facultades de revisión de ARCA sobre períodos anteriores y la posibilidad de regularizar determinados bienes o inconsistencias fiscales sin recurrir formalmente a un blanqueo tradicional. Precisamente por eso la adhesión de Angeletti encendió alarmas fuera del Gobierno, aunque dentro de la Casa Rosada predomina la idea de que el debate está políticamente sobreactuado.
Paradoja fiscal
La defensa tiene además un componente ideológico difícil de soslayar. La Ley de Inocencia Fiscal fue presentada hace exactamente un año en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada y constituyó uno de los proyectos tributarios más ambiciosos de la administración Milei. Aquella tarde, desde el atril, José Luis Espert encabezó la presentación política de la iniciativa. El economista, que por entonces era una de las principales espadas parlamentarias del oficialismo antes de quedar definitivamente corrido del escenario político por las denuncias que lo vinculaban con presuntos aportes provenientes del narcotráfico, reivindicó la reforma en términos casi fundacionales. “Este cambio comienza con un cambio conceptual: no es el argentino el que está en falta con el Estado, es el Estado el que está en falta con los argentinos. El Estado les puso el arma y el gatillo en la cabeza. Eso se termina con nosotros”, afirmó ante funcionarios, periodistas y con el ministro Luis Caputo sentado en primera fila.
A su lado estaba Juan Pazo, entonces titular de ARCA y principal arquitecto técnico del proyecto. Fue él quien explicó los aspectos más novedosos de la reforma. “Vamos a abandonar el esquema persecutorio de la ex AFIP. A partir de ahora, todos son inocentes hasta que ARCA diga lo contrario”, sostuvo. Pero hubo una frase que hoy, a la luz de la polémica alrededor de Adorni, adquiere una resonancia especial. Al describir las ventajas del régimen simplificado de Ganancias, Pazo aseguró que quienes ingresaran al sistema quedarían protegidos frente a futuras investigaciones patrimoniales.
“Para que se entienda: en el ejemplo extremo, si durante ese ejercicio fiscal una persona compra cinco departamentos, ARCA solo le cobrará Ganancias por lo que haya facturado”, explicó el entonces titular del ente recaudador. Y remató con una definición que hoy vuelve a ser observada con atención: “Van a pagar por lo facturado y nada más. No importa si aumentó su patrimonio o su consumo. Ningún gobierno del futuro podrá ir a buscarlos”. Pazo, como no podía ser de otra manera, también figura entre quienes terminaron adhiriendo al régimen.
Es que la discusión pública ya no gira únicamente alrededor de si se trata o no de un blanqueo. El problema para el Gobierno es que algunos de los argumentos utilizados para promover la ley el año pasado parecen haber adquirido una lectura distinta ahora que varios de sus propios funcionarios comenzaron a utilizarla. La polémica, además, horas antes de que Adorni presente la declaración jurada patrimonial y que deberá responder buena parte de las preguntas formuladas por la investigación que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita sobre la evolución de su patrimonio y el de su esposa.
En los pasillos de Casa Rosada repiten que no existe ninguna incompatibilidad, que el régimen fue creado precisamente para que los contribuyentes se adhieran y que utilizar una herramienta legal no puede transformarse en una sospecha. El problema es otro. Visto desde afuera, el cuadro ofrece una imagen incómoda para cualquier gobierno: una ley presentada como una revolución tributaria, defendida con el argumento de que limitaría futuras investigaciones y utilizada poco después por algunos de sus principales impulsores.
Aunque jurídicamente no implique ninguna irregularidad, la secuencia alimenta una pregunta políticamente difícil de desactivar: si el Gobierno diseñó una herramienta para liberar a los ciudadanos del control fiscal o si terminó construyendo un mecanismo que también podía servir para protegerse de eventuales acusaciones sobre el origen de sus propios patrimonios.
