El presidente del Colegio de Martilleros bonaerense utilizó una ironía feroz para criticar el proyecto de ley de La Libertad Avanza que busca desregular la profesión. En diálogo con FM Reflejos, respaldó el comunicado publicado ayer en nuestro portal, calificó la iniciativa como «un disparate» y alertó sobre la desprotección total que sufrirá la sociedad frente a las estafas si se elimina la obligación de contar con profesionales universitarios matriculados.
En una entrevista concedida a FM Reflejos, Luis Eusebio Colao, presidente del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, expresó su profundo rechazo a un proyecto de ley presentado por legisladores de La Libertad Avanza que tomó estado parlamentario en la legislatura bonaerense. La iniciativa busca liberalizar la actividad, una medida que desde el sector inmobiliario consideran un retroceso alarmante y sobre la cual la entidad ya se había manifestado en un comunicado difundido ayer por este medio.
Una propuesta calificada como «inactividad visible» y una falacia
Colao explicó que la norma intenta igualar la formación de quienes cursaron estudios superiores con personas sin capacitación específica. Al respecto, el dirigente fue contundente:
«Hoy lo que pretende este proyecto es equiparar a quienes somos profesionales universitarios, quienes tenemos agitación profesional, quienes tenemos incumbencias locales en nuestro título, con cualquiera, con cualquier persona».
Asimismo, desarmó el argumento de la supuesta modernización económica, calificándolo como un engaño discursivo:
«Se disfraza de traer una falacia. ¿Cuál es la falacia? Acá dice, vamos a desregular la actividad. Si hay una actividad que está desregulada es nuestra actividad, está desregulada completamente. Nosotros no somos obligatorios en la intervención profesional, pero sí necesarios».
El peligro social de las estafas inmobiliarias
Más allá del perjuicio para las más de 200.000 familias que viven de la actividad en la provincia, Colao hizo especial hincapié en que el principal afectado por esta iniciativa será el ciudadano común. Detalló que el control institucional es lo único que frena el avance de los delitos relacionados con la vivienda:
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Acciones judiciales vigentes: El Colegio ha realizado más de 500 denuncias administrativas y más de 300 en el ámbito penal.
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Convenios de seguridad: Mantienen un acuerdo de trabajo con el Procurador General de la Corte, el doctor Julio Conte Grand, para combatir las modalidades delictivas en alquileres.
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La desprotección total: «A partir de mañana si este proyecto se aprueba, todo eso se tira a la basura, porque en cualquier área cualquier cosa. Y esto es realmente un retroceso, es un retroceso social», enfatizó.
Para graficar los riesgos de la falta de profesionales matriculados, relató el caso de unos jóvenes que sufrieron reiterados engaños antes de acudir a una inmobiliaria legal: » Vinieron y compraron bien y ahora tienen su lote saben que tienen sus escrituras y demás. Eso se lo asegura un profesional matriculado que aparte está controlado. Cualquiera le puede asegurar eso? Y esos sueños de esa parejita, que se vio frustrada, eso multiplicado por la cantidad que vos quieras, si a nosotros nos sacan del medio».
Un debate de hace 35 años y la estrategia judicial
El presidente de la entidad vinculó este proyecto con una línea histórica impulsada por el actual Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación:
«Esto no es nuevo, venimos sufriendo un ataque sistemático de la mano de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregularización, que realmente no tiene nada de nuevo. A ver, esta discusión, el decreto 24.84 del 30 de octubre del año 1991, presidente Menem, ministro Cavallo, decía lo mismo que dice esta gente ahora, 35 años después».
Colao recordó que aquella normativa de los años 90 terminó judicializada y declarada inconstitucional, lo que posteriormente obligó a modificar las Constituciones y el Código para exigir el título universitario a los martilleros. Concluyó informando que ya han presentado las objeciones formales y un dictamen preliminar del constitucionalista Carlos Marucci ante los legisladores, confiando en que «en algún momento el sentido común va a prevalecer».
