Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) calificaron el nuevo esquema como un «impuesto al tránsito» y advirtieron que los contratos a 20 años garantizan «inversión cero» y solo contemplan tareas de «maquillaje» como corte de pasto y bacheo.
Vialidad Nacional confirmó de manera oficial la adjudicación de los tramos de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Bajo este sistema, el sector privado asumirá la operación y el mantenimiento de las trazas viales sin erogaciones por parte del Estado Nacional por un plazo de 20 años. En la región, la medida genera fuerte preocupación por el impacto económico inmediato: se confirmó la instalación de cinco nuevas estaciones de cobro en el trayecto que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con Bahía Blanca.
El denominado Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, que abarca la Ruta Nacional 3 desde la Capital Federal hasta territorio bahiense, fue adjudicado al consorcio integrado por las empresas Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A., con una tarifa base de $997 + IVA. Por su parte, el Tramo Pampa quedó en manos de la firma Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.
El impacto en los accesos regionales
Según los pliegos y fuentes oficiales, tras un período administrativo de entre 30 y 60 días, las empresas comenzarán las tareas iniciales. Sin embargo, el cambio más drástico para los usuarios de la zona ocurrirá aproximadamente dentro de un año, cuando se instalen tres nuevos pórticos de peaje en puntos clave del sur bonaerense:
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Uno entre las localidades de Pehuen Co y Monte Hermoso.
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Otro a la altura de Tres Arroyos.
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Un tercero en las inmediaciones de Olavarría.
Estas nuevas estaciones se sumarán a las ya existentes en la Autopista Riccheri y Cañuelas, completando un esquema de fuerte presión fiscal sobre el transporte y los particulares.
En materia de obras viales urgentes, los pliegos solo prevén inicialmente tareas de mantenimiento mínimo (corte de pasto, señalización y bacheo, incluyendo una reparación de hormigón en la autovía que une el Triángulo con el ingreso a Punta Alta). En tanto, la esperada construcción de una rotonda en la intersección de la Ruta 3 vieja y la Ruta 3 Norte, un sector crítico por su alta tasa de siniestralidad fatal, quedó postergada recién para después del tercer año de concesión.
«Es un disparate total»: La dura respuesta de los usuarios viales
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestaron un rechazo absoluto al nuevo modelo implementado por el Ministerio de Economía. Su coordinador, el Ing. Ricardo Lasca, advirtió sobre la inviabilidad técnica del sistema y denunció que se trata de una doble imposición ilegal.
«Va a haber 8 estaciones de cobro para hacer solamente 650 kilómetros de Capital Federal a Bahía Blanca. Esto ocurrirá en el resto de la red vial que se va a concesionar. A las actuales cabinas de peaje, que son 39, se agregan más de 50; es decir, va a haber un peaje cada 90 o 100 kilómetros en toda la red. Es un disparate total», aseveró Lasca.
El especialista sostuvo que, debido al bajo caudal de tránsito de las rutas del interior, el sistema es financieramente ineficiente: «Lo que se recaudará se gastará en el costo operativo del cobro y no se volcará a los caminos». En ese sentido, criticó la falta de infraestructura real para salvar vidas:
«Eso es lo grave de estas nuevas concesiones, que solamente se van a limitar los concesionarios a cortes de pasto y bacheo, o sea, un maquillaje. No se prevé ampliar la red, ni hacer autopistas, autovías o multitrochas para evitar los choques frontales que es lo más grave para quienes transitamos la red vial. Este sistema de concesiones implica inversión cero y riesgo cero para las empresas».
Doble imposición y falta de obras
Para la CONADUV, el esquema viola la Constitución Nacional al no garantizar caminos alternativos y superponerse con el Impuesto a los Combustibles, que ya recauda unos 3.000 millones de dólares anuales destinados por ley a la infraestructura vial.
«La plata está señor Milei, manéjenla y adminístrenla como corresponde. No tenemos que pagar peajes porque para eso pagamos el impuesto a los combustibles. Acá hay una doble imposición. Esto es una gran caja política y son cómplices todos los gobiernos de la década del 90 a la fecha. Uno paga para matarse en las rutas», alertó el coordinador del comité.
Finalmente, Lasca lamentó que los usuarios sigan excluidos de los órganos de control y de los procesos de decisión: «En materia de seguridad vial se necesitan tres patas: control, educación e infraestructura, y actualmente no se hace absolutamente nada. No les importa ni siquiera la vida de la gente porque hay más de 4000 muertos por año y 100.000 heridos en siniestros viales», concluyó.
