Si el Ejecutivo no lo hace en un plazo de cinco días, el magistrado comenzará a aplicarles multas a funcionarios, entre ellos, a Manuel Adorni.
El capricho libertario por incumplir las decisiones del Congreso tuvo un nuevo revés judicial. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, le otorgó al Gobierno Nacional un plazo de cinco días hábiles para cumplir la Ley de Emergencia en discapacidad. De lo contrario, comenzará a aplicarles multas a funcionarios como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de la Andis, Alejandro Vilches, con la posibilidad de ser denunciados penalmente por desobediencia judicial. El 12 de diciembre, González Charvay había invalidado el decreto que suspendía la vigencia de la ley y ordenó que sea ejecutada en todo el país. “Este paso es importantísimo porque significa que no existe cosa tal como una ley suspendida”, afirman los prestadores de servicios.
“Una vez dictada la sentencia, el Poder Ejecutivo Nacional está obligado a cumplirla. No existe ninguna razón ni fundamento para que el Ejecutivo se abstenga de hacerlo”, explicó el abogado de los prestadores, Diego Armesto. Según detalló, la resolución judicial estableció el cumplimiento inmediato, por lo que, una vez notificado el fallo, el Poder Ejecutivo Nacional queda automáticamente obligado a atender el reclamo del colectivo alcanzado.
Frente a esta situación, el colectivo de discapacidad solicitó al juez la ejecución de la sentencia y requirió que, en caso de incumplimiento, se apliquen astreintes, es decir, multas económicas que los magistrados imponen para forzar el acatamiento de una orden judicial firme ante una resistencia injustificada. “Se trata de una medida de coerción tanto psicológica como económica”, señaló Armesto. No obstante, aclaró que por el momento esas sanciones aún no fueron efectivizadas. Deberían comenzar a partir del 1 de febrero.
La ley había sido aprobada por el Congreso en julio del año pasado y declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026 con opción de prórroga hasta fines de 2027. El Presidente Javier Milei vetó el proyecto y ambas cámaras del Congreso lo rechazaron. Sin embargo, aunque el Poder Ejecutivo promulgó la norma, estableció un freno a su aplicación mediante el decreto 681/2025, al considerar que el Congreso no había definido las fuentes de financiamiento.
Inmediatamente, dos familias en representación de sus hijos que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) presentaron un amparo judicial, que obtuvo el apoyo del colectivo de discapacidad en todo el país. Argumentaron que la suspensión profundiza la situación de desprotección de miles de personas que dependen de tratamientos, prestaciones y apoyos que ya se encontraban afectados por la crisis económica y el desfinanciamiento.
Por su parte, el Gobierno justificó la suspensión mediante argumentos fiscales y sostuvo que la aplicación de la ley sin partidas específicas podría afectar el funcionamiento de otras áreas del Estado. También planteó que cualquier reasignación presupuestaria corresponde al Congreso y no al Poder Ejecutivo. Sin embargo, esos argumentos fueron desestimados por el juez González Charvay, quien remarcó que, tras el rechazo del veto presidencial, la Constitución obliga al Ejecutivo a promulgar y cumplir la ley sin condicionamientos.
En un conflicto caracterizado por la emergencia de un sector, la estrategia del Poder Ejecutivo Nacional consiste en alargar los plazos lo máximo posible. Tras haber perdido cerca de 120 puntos de su poder adquisitivo en el primer año y medio de la gestión de Javier Milei, los prestadores de servicios, en conjunto con las familias y las personas con discapacidad, impulsaron un proyecto de Ley que declarara la emergencia en el sector. A partir de ahí, el gobierno libertario usó todos los recursos en su haber para dilatar el proceso. “Tardaron en girar el proyecto de la sanción al Senado y demoraron en reunir a las comisiones para tratar el proyecto. Luego Milei se tomó todos los días habidos y por haber para vetar la ley de emergencia”, cuenta Martín, quien sostiene una institución de educación especial junto a su familia desde hace más de treinta años.
La situación para los prestadores es apremiante y se profundiza cada día que la ley no entra en vigencia. “Desde octubre del año pasado, que fue el último aumento, hasta septiembre estuvimos trabajando con el 30 por ciento de los costos. En el colegio, los chicos pasan 8 horas por lo que nuestra prestación incluye tres comidas diarias, desayuno almuerzo y cena. Por ese servicio, estamos cobrando 3.099 pesos por día por alumno. Tenemos 250 chicos. Es inviable”, detalla Martin. Además, los prestadores cobran con un atraso de 60 días, por lo que a ese monto se le debe sumar la inflación acumulada de dos meses.
En octubre del 2025, el Gobierno Nacional aumentó el nomenclador al que responden las obras sociales. “A la educación especial nos dieron un aumento del 12 por ciento en octubre, 8 en noviembre y 7 en diciembre. Un acumulado que da 29 por ciento”, explica el prestador. Sin embargo, ese aumento recién se verá reflejado en marzo por la demora en los pagos. “A esta situación hay que sumarle las particularidades que tiene la educación especial. Nosotros no trabajamos solo con docentes. Tenemos cursos con un amplio gabinete psicopedagógico, dos docentes por aula y una administración importante porque trabajamos con obras sociales, no con padres como otras instituciones educativas”, detalla Martin.
Informe: Thiago Buglione para Página 12
