El Gobierno bonaerense quiere que los trabajadores de empresas con mayoría estatal aporten al sistema previsional provincial. La propuesta podría sumar miles de contribuyentes mientras la Provincia reclama a la Nación una deuda de 1,7 billones en fondos previsionales.
En medio de la puja política con el Gobierno nacional, el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye una medida clave vinculada al Instituto de Previsión Social (IPS). El artículo 55 propone que los empleados de empresas privadas con mayoría accionaria provincial comiencen a realizar aportes al organismo previsional bonaerense, una decisión que podría sumar cerca de 20 mil nuevos contribuyentes.
La iniciativa abarca a empresas como ABSA, Aubasa, Centrales de la Costa, Ceamse, Bagsa y otras firmas de energía. Hasta ahora, sus empleados aportan y se jubilan bajo el régimen de la ANSES, pero de aprobarse la norma, pasarían a integrarse al sistema previsional de la provincia. En conjunto, estas compañías emplean a más de 3.700 personas, y su incorporación fortalecería las arcas del IPS, que atraviesa un complejo panorama financiero.
El Instituto de Previsión Social cuenta con más de 372 mil beneficiarios, entre jubilaciones, pensiones y pensiones sociales. Según sus últimos registros, el haber promedio de las jubilaciones asciende a $1.296.592. El organismo, dividido en varios subsistemas —Magisterio, Administración, Servicio Penitenciario, Municipal, Policía y Leyes Especiales—, afronta un déficit estructural agravado por la falta de aportes nacionales y por la reducción del número de contribuyentes.
En este contexto, el Gobierno bonaerense presentó ante la Corte Suprema un reclamo por una deuda que, según estimaciones oficiales, asciende a 12,1 billones de pesos. De ese total, 1,7 billones corresponden específicamente a fondos previsionales que la Nación no transfiere desde 2024. Estos recursos, establecidos por ley, deberían girarse a las provincias que conservan sus cajas jubilatorias sin transferirlas a la ANSES, como es el caso de Buenos Aires, que administra tres: el IPS, la Caja de Policía y la del Banco Provincia (BAPRO).
La presidenta del IPS, Marina Moretti, advirtió que “desde 2024 no recibimos un solo peso de algo que es tan importante como la coparticipación”. Semanas atrás y en diálogo con La Tecla, explicó que esos fondos no son discrecionales, sino recursos obligatorios. “Hay un incumplimiento muy grave y la deuda es sideral. Esto no es para un gobierno: estamos hablando de los recursos previsionales de los trabajadores bonaerenses”, remarcó.
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la falta de estos recursos genera un desfinanciamiento deliberado, con el objetivo de debilitar las cajas previsionales provinciales y forzar su “armonización” bajo un régimen nacional unificado. En paralelo, el IPS enfrenta otros problemas estructurales: alta dependencia del sector docente, caída de aportantes por el monotributo, y un aumento sostenido de solicitudes de pensiones, especialmente por discapacidad.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, precisó que la deuda total reclamada a Nación incluye 3,04 billones en obligaciones directas, 6,9 billones en obras públicas paralizadas y 2,16 billones en programas interrumpidos. “La falta de esos recursos compromete obras estratégicas, programas sociales y políticas públicas esenciales para millones de bonaerenses”, señaló. Con la presentación judicial en marcha y la pulseada política en aumento, el futuro del sistema previsional bonaerense quedará, una vez más, en manos de la Corte Suprema.
Fuente La Tecla
