Con el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, se desata un plan de lucha que involucra paros, marchas federales y organización estudiantil. El reclamo no sólo apunta al presupuesto, sino al modelo mismo de universidad pública en riesgo.
El veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada con amplio respaldo parlamentario, encendió una fuerte reacción de gremios docentes, estudiantes, autoridades universitarias y sectores políticos de oposición, quienes advierten que la medida no es simplemente un ajuste: es un ataque estructural a la universidad pública tal como se la conoce.
En respuesta, se activó un plan de lucha consistente en paros nacionales, marchas federales y movilizaciones al Congreso, con la insistencia de que Diputados rechace el veto y restituya la Ley. Rectores y vicerrectores como Emiliano Yacobitti (UBA) expresaron su alarma y advirtieron que, si no se revierte la decisión, el sistema universitario argentino sufrirá un deterioro profundo.
Según denunció, esto generará la pérdida de calidad educativa, disminución del poder adquisitivo de docentes y no docentes, y vaciamiento de la investigación. Para las autoridades, lo que está en juego no es un número en el presupuesto, sino la existencia misma de un sistema universitario público inclusivo.
Paros, marchas y un plan de lucha nacional
Las principales federaciones docentes —FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FATUN, UDA, entre otras— convocaron a un paro nacional de 24 horas para este viernes 12 de septiembre. Reclaman no solo la sanción de la Ley, sino también mejoras urgentes en condiciones salariales y cumplimiento de compromisos previos.
A la medida de fuerza se sumarán paros progresivos en algunas provincias, que buscan visibilizar la gravedad de la situación. El movimiento estudiantil también salió a las calles con la consigna “Si hay veto, hay marcha”. Federaciones como la FUBA y agrupaciones provinciales preparan concentraciones frente al Congreso el día en que Diputados trate el rechazo del veto, además de organizar clases públicas, asambleas y cortes simbólicos.
La coordinación territorial amplía la fuerza del reclamo: desde Cuyo hasta el Litoral, pasando por Córdoba y el Gran Buenos Aires, la consigna de defensa de la educación pública se expande en todo el país. El plan de lucha no se limita al paro.
Universidades de distintas regiones del país delinearon una agenda que incluye jornadas de visibilización, tomas de facultades, restricciones administrativas y una nueva Marcha Federal Universitaria, la tercera en lo que va del año. Esta estrategia, que combina presencia callejera con presión política, busca dejar claro que la comunidad universitaria no se resigna al ajuste.
Congreso en tensión y consecuencias sociales
La tensión política se traslada también al Congreso. Desde la oposición aseguran que insistirán en convocar a una sesión especial para rechazar el veto presidencial, recordando que la norma había sido aprobada por amplias mayorías y que garantizaba mecanismos de actualización automática de los fondos.
Denuncian que el Ejecutivo desconoce la voluntad legislativa y pone en riesgo la estabilidad de miles de estudiantes y trabajadores. Los argumentos contra el veto también se sostienen en datos duros: el financiamiento rechazado representa un porcentaje ínfimo del PBI si se lo compara con otros gastos o recortes fiscales.
Mientras tanto, docentes acumulan una pérdida de poder adquisitivo superior al 40 % en los últimos meses, y las universidades denuncian “ahogo financiero” por no poder sostener gastos básicos de funcionamiento.
El rechazo no se limita al ámbito académico. En provincias como San Juan, Mendoza y Córdoba se multiplican las manifestaciones, con la adhesión de sindicatos estatales, organizaciones sociales y profesionales de la salud. Incluso trabajadores del Hospital Garrahanse sumaron al reclamo, reforzando la idea de que el ataque a la universidad pública afecta a toda la sociedad.
Las alternativas de salida son varias: insistencia legislativa, judicialización del decreto, negociaciones con el Ejecutivo o una escalada en las medidas de lucha. Sin embargo, lo que prevalece en las asambleas universitarias es la convicción de que la presión social será determinante para frenar el avance del Gobierno contra el sistema de educación superior.
El impacto directo del veto se sentirá en los estudiantes más vulnerables: quienes dependen de becas, los que viajan desde el interior para estudiar, aquellos que sostienen su carrera con trabajo precario o quienes se dedican a la investigación con fondos públicos. Para ellos, la falta de presupuesto no es un debate teórico, sino la posibilidad concreta de abandonar sus estudios.
La pulseada con el Gobierno recién comienza y, lejos de amedrentar al sector, el veto pareció unir más a la comunidad universitaria. Las calles volverán a llenarse de guardapolvos blancos, carteles y banderas que recuerdan que la universidad pública argentina es uno de los pilares de la igualdad social. El desenlace dependerá de la capacidad de movilización y de la voluntad del Congreso para defender la autonomía y el financiamiento que hoy están en jaque.
