El periodista Jorge Rial cargó duramente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que trascendiera que la funcionaria solicitó a la Justicia Federal un allanamiento en su domicilio por la difusión de los audios de Karina Milei, y advirtió que el Gobierno se está convirtiendo en un «régimen totalitario».
Por su parte, el diputado de izquierda Christian ‘Chipi’ Castillo denunció “la persecución judicial y gubernamental” contra Rial y Mauro Federico, además de directivos de los canales de televisión donde trabajan, luego de que se hiciera lugar a una cautelar para prohibir la difusión pública de audios vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Diputados de la oposición, en tanto, solicitaron reunir a la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja de manera «urgente».
Rial aseguró que la ofensiva judicial del Gobierno tiene como único objetivo frenar las revelaciones. «Están pidiendo allanar nuestras casas y sacarnos nuestros teléfonos. No somos delincuentes (…). Están intentando que no sigamos investigando», denunció. En ese sentido, consideró que la medida es contraproducente para el propio oficialismo: «Lo que están haciendo es confirmar que los audios de Spagnuolo son verdaderos», agregó.
El grupo Indalo, al que pertenece Rial, repudió «el intento del Gobierno Nacional de limitar la tarea del periodismo independiente a través de acciones judiciales que buscan censurar la publicación de información». «Las últimas acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo destinadas a censurar la difusión de material audiovisual que podría estar vinculados a un accionar ilícito de funcionarios y ex funcionarios implica una afectación directa al derecho a la información de la ciudadanía», agregaron.
Por su parte Castillo, referente del PTS, sostuvo que los Milei “consiguieron un juez amigo para dictar una cautelar sobre la difusión de los audios y a la vez han hecho una denuncia increíble de Patricia Bullrich, inventando una conspiración para presionar y perseguir a los periodistas. Y agregó que exigirá una convocatoria «urgente» de la comisión de libertad de expresión de la Cámara baja.
«La interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión y el acceso a la información. Mucho más aún cuando lo que se protege está relacionado con asuntos de interés público y funcionarios públicos. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte IDH desarrolló estándares precisos en la materia. Una cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo que impone la censura previa a la función periodística, afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión como un derecho colectivo y sostén fundamental del sistema democrático», agregó por su parte el abogado constitucionalista Andres Gil Domínguez.
El CELS sostuvo por su parte que «un juez prohibió que se difundan audios de Karina Milei y el Ministerio de Seguridad pide que allanen a medios y a periodistas. El gobierno va en contra de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a informarse de temas de interés público. En vez de esclarecer los hechos, criminalizan a quienes difunden».
El diputado Esteban Paulón advirtió además que la causa para «silenciar los audios» la tiene el Juzgado del Dr. Alejandro Patricio Maraniello: «Denunciado por las asociaciones de trabajadores judiciales por acoso sexual, violencia de género y acoso laboral, entre otras».
Por su parte, Leandro Santoro denunció que «en lugar de denunciar a los corruptos el gobierno denuncia a los periodistas que denuncian la corrupción! Quieren dejar de ser denunciados para pasar a ser denunciantes… y para esto se cargan la Constitución Nacional. Son victimarios, no víctimas».
También se expresó el senador Martín Lousteau. «El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad. En lugar de atacar la Constitución y al sistema republicano, el gobierno de Javier Milei debería explicar estos hechos. Desde que asumió, ha tensionado los límites constitucionales con DNU abusivos, ataques a la prensa y bloqueos legislativos. Este allanamiento busca amedrentar a periodistas y evadir responsabilidades», sostuvo.
