El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) informa a los usuarios viales directos e indirectos ya la opinión pública en general, que no estará presente en las siete audiencias públicas convocadas por la dirección nacional de vialidad (DNV), donde el poder concedente informará sobre la etapa ii y iii de la denominada roja federal de concesiones (RFC).
Etapa II: los eventos se llevarán a cabo los días 11, 12 y 13 de junio de 2025, a partir de las 10.00 hs., y se desarrollarán en distintos puntos de la provincia de buenos aires. se enfocarán en los denominados tramos sur, atlántico, pampa, mediterráneo, puntano, portuario sur, portuario norte y acceso sur. abarca unos 4.400 kms de rutas nacionales y la autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas.
Etapa III: los eventos se llevarán a cabo los días 30 de junio, 2 de julio, 4 de julio y 7 de julio del corriente año, a partir de las 10.00 hs, y se desarrollarán en Mendoza, Tucumán, chaco y entre ríos. comprenden los denominados tramos cuyo, centro norte y noroeste, chaco-santa fe, litoral y noreste, y mesopotámico centro.
El principal motivo por el cual el CONADUV toma la decisión precedentemente señalada, es que las audiencias públicas programadas tienen carácter de “no vinculantes”, constituyendo un simple formalismo y representando un desagradable “show” donde se monta un decorado escenográfico en hacer creer darle participación a la ciudadanía en la toma de decisiones importantes y siendo en definitiva una burla y falta de respeto a los usuarios viales y público en general. es sabido que trás las audiencias públicas no vinculantes, que son un requisito obligatorio, se pone en práctica la propuesta del poder concedente que ya está aprobada por las autoridades correspondientes antes de la realización de los eventos mencionados. es así que no se considerarán ni se tendrán en cuenta las presentaciones y exposiciones llevadas a cabo por los participantes en las respectivas audiencias públicas.
otro fundamento de la decisión del CONADUV es que de ninguna manera avalamos el proyecto denominado red federal de concesiones. el hecho de participar de las audiencias públicas convocadas es como aceptar una propuesta que implican gran error y la continuidad de concesiones viales bajo el régimen nefasto de falso peaje o impuesto al tránsito, claramente inconstitucional e inviable técnicamente.
Es de suma gravedad que estos eventos se lleven a cabo sin ni siquiera existir marco regulatorio – ente regulador que realmente defienda los derechos de los usuarios viales directos e indirectos ante esta estafa vial que parece ser persistirá en el tiempo. cabe destacar que las concesiones viales tienen carácter de servicio público.
Es lamentable que el gobierno nacional imposibilite un debate serio entre las respectivas áreas de gobierno y los usuarios viales, directos e indirectos. hay que destacar que los caminos son de dominio público.
El grave problema de fondo son los futuros contratos de concesión leoninos, ilegales y lesivos, sistema de peaje inconstitucional, y tarifas qalificadas de exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarias al interés general y de beneficios abusivos para los concesionarios.
RED FEDERAL DE CONCESIONES (RFC)
El Gobierno Nacional presentó la nueva Red Federal de Concesiones (RFC), permitiendo licitar aproximadamente 9.100 kilómetros de corredores viales nacionales, actualmente en manos de la indebida empresa Corredores Viales SA, por concesión bajo el sistema de peaje directo con cobro en ruta, solamente para su operación y simple mantenimiento.
Entre otras cosas se está contemplando un ajuste mensual en las tarifas actuales hasta que estén los nuevos concesionarios para luego aumentar las mismas hasta más de un 200 %, con ajustes trimestrales. Los plazos de concesión como las tarifas definitivas estarán de acuerdo a las ofertas que planteen las empresas las que solo estarán obligadas a mantener la infraestructura actual, señalización, corte de pasto y trabajos de mantenimiento básico. No se contempla realizar nuevas obras de ampliación de la red vial, como para transformar rutas en autovías o autopistas, multi trochas, carriles de sobrepaso.
Para peor se han incluido más kilómetros a concesionar, y encima se prevé incorporar nuevas estaciones de peaje a las ya existentes.
A pesar del contundente fracaso y la estafa vial que significa continuar con el sistema de peaje directo con cobro en ruta implementado en los años 90, la actual administración insiste con un método de financiamiento vial inadecuado e inconstitucional, que está direccionado a beneficiario sólo a los concesionarios con muy buenas ganancias, casi inversión cero y riesgo cero, constituyendo una afrenta a los usuarios viales y al interés de la sociedad en su conjunto por los graves perjuicios sociales y económicos que se generarán.
A tal efecto, el CONADUV manifiesta:
– Rechazar, total y enfáticamente, por inviable, antieconómica, ilegal e inconstitucional, la decisión del Gobierno Nacional de insistir con el fracasado sistema de “falso peaje o impuesto al tránsito” con cobro en ruta en caminos de dominio público ya existente y sin alternativas libres de pago, previamente pagados con creces por los usuarios viales desde la sanción de la ley 11.658/32 que creara los Fondos Específicos (impuesto a las combustibles, neumáticos, lubricantes)
– Que es imperioso reflexionar que así se sigue atentando contra lo prescripto en la Constitución de la Nación Argentina (Art. 10 – 11 y 14), siendo repudiado por organismos internacionales, legisladores nacionales y provinciales, organismos públicos y privados y representaciones de usuarios.
– Que hay una clara doble imposición, principalmente por el Impuesto a los Combustibles, y además de otras cargas.
– Que las rutas nacionales y provinciales de nuestro País son de bajo caudal de tránsito, motivo por el cual la mayor parte de la recaudación en concepto de peaje es destinada al innecesario y elevado costo operativo de las estaciones de cobro, sin volcarse plata al camino, haciendo inviable y antieconómico el método de financiamiento vial que se pretende imponer.
– Que se cuestiona el anuncio formulado por el Gobierno Nacional, solicitando al Sr. Presidente de la Nación quiera disponer se realice en forma urgente el estudio del beneficio económico que la comunidad obtendría si se dispusiera de caminos libres de pesos, y el costo social que implicará el proyecto de continuar con un régimen de peaje antieconómico, ilegal, injusto e inconstitucional.
– Que la Red Federal de Concesiones (RFC) que se pretende llevar a cabo está nuevamente direccionada a favorecer sólo a los concesionarios viales con fabulosos beneficios, con casi inversión cero y riesgo cero, constituyendo una nueva frente a los usuarios viales ya toda la sociedad en su conjunto. Lejos está de reducir los costos logísticos y de transporte, como también de lograr mayor seguridad vial.
– Que sería de suma importancia, ya que los caminos son de dominio público, convocar en forma urgente a una importante mesa de trabajo con la participación de los usuarios viales directos e indirectos, la DNV, las autoridades correspondientes, Gobernadores, Intendentes, Legisladores Nacionales y Provinciales, entre otros, con la finalidad de analizar las distintas alternativas para por en práctica un verdadero Proyecto Vial y libre de peaje.
– Rechazar terminantemente la solicitud de varios Gobernadores de “provincializar” rutas nacionales para imponer irresponsablemente el cobro de peaje, como también de instalar el mismo sistema en rutas provinciales.
El CONADUV reitera la necesidad de implementar un verdadero Proyecto Vial Nacional, que contemple toda la red caminera del País, exhortando al Gobierno Nacional ya quienes nos representan, a que se asignen en forma efectiva los recursos provenientes del impuesto a los combustibles al objeto que le dio origen, permitiendo así el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Vial Argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, SIN BARRERAS Y SIN PAGO DE PEAJE POR PARTE DE TODOS LOS USUARIOS VIALES, GARANTIZANO EL LIBRE TRÁNSITO TAL CUAL LO EXPRESA CLARAMENTE LA CONSITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA.
Si la política vial definida por el Señor Presidente de la Nación Argentina, Dr. Javier Milei, es POLITICA DE ESTADO y los caminos son bienes de dominio público , pagados en su totalidad con los recursos que aportan los usuarios viales, antes de adoptar una decisión apresurada y arbitraria, debería escucharse a quienes pagan los caminos y tienen propuestas mucho más adecuadas a la realidad social que vive el país.
RECUPERAR LAS RUTAS POR PARTE DEL ESTADO, SUPONE PONER FIN AL CICLO MÁS ESCANDALOSO DENTRO DEL PROCESO PRIVATIZADOR EN ARGENTINA. DEBE REJERARQUIZARSE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV) PARA VOLVER A SER EL ORGANISMO RECTOR DE LA POLÍTICA VIAL, RETOMANDO EL MANEJO DE UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA EN MATERIA DE PRECIOS RELATIVOS Y MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA.
POR UN PROYECTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL (VIAL, FERROVIARIO Y FLUVIAL) COMO POLÍTICA DE ESTADO, INTEGRADO Y ADAPTADO A NUESTRA VASTA GEOGRAFÍA, COMPETITIVO EN LO ECONÓMICO A NIVEL INTERNACIONAL Y ALEJADO DE LOS MEGA NEGOCIOS FUNCIONALES SOLO A UNAS POCAS EMPRESAS O INDIVIDUOS.
“Con peaje en la Red Vial Nacional, y no habiendo caminos alternativos libres de pago, no hay libertad”.
