El Ejecutivo avanza con la idea de eliminar los pagos que deben hacer las empresas del sector de comercio, socias o no de CAC y de CAME, para financiar a las entidades. Es un porcentaje del salario del trabajador. Otros casos similares
Aunque sabe perfectamente que no puede hacerlo mediante una resolución oficial, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene la decisión tomada de pujar por la eliminación del aporte obligatorio mensual que deben realizar todas empresas de comercio y servicios a las cámaras empresariales que las representan. Se trata de una medida acordada en el marco del convenio colectivo del sector que se va renovando año a año, por lo que en el Gobierno analizan cuál es la mejor estrategia para lograr el objetivo, ya que no se trata de un costo para las empresas generado por el Estado, sino resuelta por las cámaras en el convenio.
Con un aporte obligatorio que hoy se ubica en torno a los $4.000 por trabajador (es un porcentaje del salario de cada trabajador) que aporta la empresa a la entidad, sea socia o no de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el monto mensual alcanza los $4.000 millones, una abultada caja que las instituciones utilizan para distintas actividades, capacitaciones y para financiar las sucursales que ambas tienen en todo el país. Sin embargo, en el sector aseguran que lo que se recauda es menos (unos $2.500 millones), ya que hay muchas empresas que no lo pagan. Lo que el Gobierno busca es que el aporte sea voluntario y que las cámaras, en definitiva, se financien con ese dinero más las cuotas de las empresas socias.
El aporte obligatorio se ubica en torno a los $4.000 por trabajador (es un porcentaje del salario de cada trabajador) que aporta la empresa
La entidad que levantó el tema, semanas atrás, fue la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), que el fin de semana volvió a emitir un comunicado en el que insistió con pedir la “motosierra de contribuciones obligatorias inexplicables como el Inacap, que no representa un beneficio porque ningún empleado se capacita todos los meses o no lo hizo nunca, pero el empleador lo debe aportar igual desde el 2008 por cada trabajador registrado, que en el convenio mercantil son 1,2 millones”.
Se refería al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), donde se destina este pago obligatorio, según el Convenio Colectivo Mercantil 130/75. El Inacap existe desde 2008 y se financia, según su web, con “una contribución patronal mensual de carácter ‘obligatorio’. La misma es a cargo del empleador y concierne a todos los empleados que se encuentren bajo la órbita del Convenio Mercantil”. En este caso, los fondos recaudados son administrados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
En concreto, hoy los comerciantes –sean grandes o pymes– pagan una tasa del 0,5% sobre el salario de cada empleado registrado. De acuerdo a lo establecido en el convenio, el sueldo básico inicial fue de $792.241,35 en agosto pasado, por lo que el aporte al Inacap fue de $3.821,60 ese mes. Además, el 0,5% se aplica también sobre las asignaciones no remunerativas. Como en julio los empleados de comercio recibieron un pago adicional de $27.920,40, se debieron pagar otros $139,61 al organismo. En total, entonces, los comerciantes pagaron $3.961,21 por cada empleado que percibe el salario mínimo. Por supuesto, al tratarse de un porcentaje fijo, el monto va aumentando a medida que se incrementa el salario de los trabajadores.
En el comunicado de Cadam de este domingo, la entidad remarcó que “en septiembre y octubre la contribución patronal incluso aumentó a $4.278,10, cuando el ministro había anticipado que estudiaba que sea optativo”. “Queremos mayor producción y trabajo y para eso, hay que recortar este tipo de aportes, de los cuales no hay una rendición de cuentas pública, para entender que hacen con los más de $60 mil millones que se recaudarían por año”, indicaron desde el sector.
Qué negocia el Gobierno con las cámaras
Fuentes que conocen el tema afirmaron que Sturzenegger está negociando con las cámaras de qué forma poder avanzar con este recorte y desde las entidades buscan que haya una transición y una baja gradual del aporte para evitar desfinanciar la entidad y generar complicaciones en todas las sedes que CAME y CAC tienen en todo el país. Además, plantean que también se les quite el aporte obligatorio al gremio.
“No sé cómo van a hacer para instrumentarlo porque el convenio se acaba de renovar. Hay dos alternativas, o se espera al año próximo para quitar el aporte, o se hace una adenda y se modifica ahora por presión política”, dijo una fuente consultada.
Otros aportes obligatorios
Otro caso que mencionó Cadam en su decálogo fue el de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), un organismo que se financia con un aporte obligatorio aplicado a las bodegas de todo el país. Las entidades vitivinícolas deben pagar este año $0,58 por litro de vino, mosto u otro producto elaborado, un 215% más que en la temporada pasada.
Desde Coviar, explicaron recientemente que el aporte representa, según el caso, entre el 0,1% y el 0,3% de los precios promedio actuales de los productos vitivinícolas grabados por la ley. No obstante, desde Cadam entienden que la obligatoriedad del pago es excesiva. De hecho, plantearon al Gobierno la opción de eliminar a la Coviar.
Por otra parte, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) exige también un aporte obligatorio a las empresas del sector, sean socias o no de la entidad, que equivale a 1% de la masa salarial. El sector cuenta con unos 250.000 trabajadores, por lo que las estimaciones de la recaudación mensual rondan los $2.500 millones, considerando que todas las firmas lo pagan. Aunque hay muchas que fueron a la Justicia y ya hay varios fallos a su favor. Pero en el sector cuestionan que la entidad sigue mandando intimaciones de pago y exigiendo cobrar ese aporte.
Fue acordado en noviembre de 2001 como parte de un agregado del convenio colectivo que sólo firmó Adimra con la UOM. “Adimra dice es parte del convenio, pero la jurisprudencia dice que no. El Ministerio de Trabajo, en su momento, homologó ese convenio parcial y fue poco claro en su interpretación, por lo que la entidad lo sigue cobrando”, se quejaron en el sector.
