La declaración conjunta del CIN, la FUA y los gremios le reclama al máximo tribunal que le ordene al Ejecutivo la aplicación de la ley de financiamiento, aprobada dos veces en el Congreso. Salarios en el piso histórico de los últimos 23 años y becas congeladas o suspendidas, entre los reclamos.
La cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei buscará este martes colmar plazas en todo el país bajo un fuerte reclamo contra el Gobierno por no cumplir con la ley de financiamiento, votada en dos oportunidades en el Congreso en 2025 y actualmente judicializada. La concentración principal será esta tarde a las 18 en la Plaza de Mayo, donde se leerá un comunicado firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los principales gremios docentes.
La convocatoria está organizada por el CIN, la FUA y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, y reúne a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en todo el territorio nacional. En Buenos Aires, la concentración arranca desde las 14 en las inmediaciones del Congreso (así como en otros puntos del centro porteño) y las columnas confluirán en Plaza de Mayo a partir de las 17.
203 días sin aplicar la ley
El título del comunicado lo dice todo: “203 días sin aplicar la Ley”. Ese es el tiempo transcurrido desde que la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) fue ratificada por el Parlamento con mayoría de dos tercios en ambas cámaras —incluso después del veto presidencial— sin que el Ejecutivo la haya cumplido.
El choque institucional escaló además al terreno judicial. Dos instancias de la justicia federal ordenaron al Gobierno el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma, que refieren a la recomposición de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles. El Ejecutivo desoyó ambos fallos y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar aplicarlos, lo que la comunidad universitaria interpreta como una ruptura del principio de división de poderes.
El comunicado es explícito: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.” Por eso el documento le pide directamente al máximo tribunal que “escuche el clamor de las plazas de toda la república” y que no permita que el Poder Ejecutivo continúe en esa senda.
Las universidades: el presupuesto que no llega
El deterioro financiero que describe el comunicado es estructural. Las transferencias a universidades nacionales acumularon “una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, señala el documento. Las partidas para gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes de la gestión el 64% del valor de enero de 2023, y el equivalente a casi nueve meses de transferencias se perdió durante este período.
El comunicado también describe el alcance del recorte por dentro: en 2025, las partidas para Ciencia y Técnica en universidades alcanzaron apenas el 38% de lo ejecutado en 2023; las de Extensión, el 1%; las Becas Progresar, el 26%; y la partida de infraestructura universitaria, directamente cero.
El diagnóstico político que ofrece la universidad pública es tajante: el Poder Ejecutivo “en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato.”
Estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires realizan un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas.
Los docentes y trabajadores: salarios en el piso histórico
El capítulo más duro del comunicado es el dedicado a los trabajadores universitarios. La declaración describe con precisión la brecha entre inflación y salarios: “Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30%, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%.”
Para dimensionar ese número en términos concretos, el documento lo traduce así: “el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado.” Y ubica el resultado en perspectiva histórica: los salarios universitarios están “en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina.”
Las consecuencias son drásticas: “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.” El 95% del presupuesto universitario se destina a salarios.
Los estudiantes: becas congeladas y expulsión silenciosa
El tercer frente que describe el documento es el de los estudiantes, donde el deterioro opera de manera más silenciosa pero igualmente profunda. El comunicado denuncia que “el sistema de apoyo al acceso, ingreso, sostenimiento y graduación de las y los estudiantes ha sufrido un profundo deterioro”.
Las Becas Progresar —la principal herramienta de apoyo económico para estudiantes de sectores populares— “permanecen congeladas frente a una inflación creciente”. Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional, atraviesan “una situación de incertidumbre y desfinanciamiento.” Y las becas vinculadas a vocaciones científicas (EVC) están directamente “suspendidas”, siendo “el principal instrumento de sostenimiento de esas vocaciones a nivel nacional.”
La de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, para impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión parlamentaria que ratificó la norma. En ninguno de los tres casos el Gobierno modificó su postura.
Mauricio Caminos – elDiarioAR
