El titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) advirtió que el sistema de peajes actual funciona como un «impuesto al tránsito» sin contraprestación en obras. Criticó la malversación de los fondos específicos del combustible y alertó sobre el desmantelamiento de Vialidad Nacional frente a la falta de políticas de infraestructura de fondo.
El Ingeniero Ricardo Lasca, titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, denunció que el traspaso de rutas nacionales a las provincias es una medida «ilegal e inconstitucional». Advirtió sobre la falta de mantenimiento estructural, la malversación de fondos específicos y calificó al sistema de peajes actual como un «impuesto al tránsito» que no se traduce en obras de seguridad.
La crisis del sistema vial argentino ha sumado un nuevo capítulo de tensión ante el intento de provincializar tramos de la red troncal nacional. Desde la CONADUV, su coordinador Ricardo Lasca fue contundente al calificar la situación como una «estafa» que afecta directamente al bolsillo del usuario y a la seguridad en los caminos. «Esto no es un peaje; es un impuesto al tránsito. Lo que se recauda en las estaciones no se vuelca en el camino, se gasta en el costo operativo del cobro», sentenció el ingeniero.
Para Lasca, el argumento de la falta de recursos por parte del Estado es falaz. Según explica, el financiamiento para las obras de infraestructura ya existe a través de gravámenes específicos: «Es falso cuando se dice que no hay plata, porque la plata está en el impuesto al combustible, al neumático y al lubricante. Sin embargo, no hay una política de Estado seria de transporte terrestre ni fluvial».
El referente vial criticó duramente la calidad de las intervenciones que se realizan tanto a nivel nacional como en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. «Hablan de bajar el costo argentino y mejorar la competitividad para encima hacer simples cortes de pasto o bacheo. Nadie hace autovías para evitar los choques frontales. Es todo un maquillaje, un virus que se contagia entre las administraciones», denunció.
Asimismo, Lasca defendió el rol de los técnicos de carrera de Vialidad Nacional, diferenciándolos de las conducciones políticas: «Hay profesionales que laburan con frío y con calor; el desastre lo hacen los administradores que pone cada gobierno. Están desmantelando la institución como siempre quisieron hacerlo».
La frustración de la comisión de usuarios viales radica en la falta de respuesta institucional. A pesar de haber presentado propuestas de ley y solicitado audiencias con las comisiones de Obras Públicas y Transporte, Lasca asegura que sus iniciativas son «cajoneadas» sistemáticamente.
«Es una desilusión increíble. No tenemos Defensores del Pueblo que valoren el esfuerzo que uno hace para defender a la comunidad. La malversación de fondos está denunciada por legisladores hace tiempo, pero pasan los gobiernos y nadie hace nada. Seguimos iguales o peor», lamentó el ingeniero, resaltando que la inestabilidad en los cargos nacionales —con renuncias frecuentes— complica aún más cualquier posibilidad de diálogo técnico.
