Con la convocatoria del Partido Intransigente, Sindicato de trabajadores municipales de Tornquist, Colectivo feminista, Concejo municipal de mujeres Tornquist, Suteba, Moviendo Mayo, CTA y otros, se realizó frente al palacio municipal, una convocatoria que rechaza el DNU que envió el presidente Javier Milei en el paquete “Ley de ómnibus” presentada hoy en el congreso de la nación.
Durante la convocatoria varios de los presentes hicieron uso de la palabra y marcaron la peligrosidad de la derogación de leyes que quitaría muchos derechos adquiridos en años anteriores.
Una vez leído el petitorio a cargo de Fernando Caffieri que resume el porque del rechazo a este DNU, el mismo fue firmado por todos los presentes y entregado a la presidente del HCD, Carmen Soverchia acompañada por la presidente del bloque del frente de todos Lic. Marcela Giemnez. Ambas informaron que lo elevarán para la adhesión correspondiente.
De la misma manera se expresó el Secretario de Gobierno y Seguridad, Lic. Bruno Zacconi que excuso al Intendente por una reunión pactada con anterioridad y afirmó que también adherirán a dicho petitorio.
El texto del documento
Rechazamos el DNU 70/23 de Javier Milei por tratarse de un paquete de medidas que excede las facultades del poder ejecutivo que invocando “corregir la crisis que enfrenta la economía argentina” pretende desregular la economía con “la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales” en favor de intereses extranjeros o de grupos económicos ultraconcentrados.
Coicidimos con distintas voces en que El DNU es un “brutal avasallamiento de las facultades del Congreso»y que el dictado de todo DNU es para una situación excepcional, por lo tanto lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º.
El decreto describe un contexto de la situación económica y fiscal de la Argentina calificándola de “crisis terminal”, adscribiéndole toda la responsabilidad a la gestión que acaba de terminar su mandato y desentendiéndose de la responsabilidad y activa participación en el colosal endeudamiento y desequilibrios fiscales generados por los funcionarios de la gestión Macrista, que ahora están puestos en funciones nuevamente por Milei.
El mandatario anunció sin sonrojarse a través del DNU, que la inflación entre diciembre y febrero será entre el 20% y el 40% mensual, sin referirse a cómo la clase trabajadora podrá palear esta situación, y quién sabe los próximos meses, con los magros salarios y los índices de pobreza, que son de público conocimiento.
Sumado a esto, las medidas propuestas atentan directamente a fulminar la producción nacional, el ya deteriorado poder adquisitivo del pueblo e incluso de sus hogares, a través de la derogación las Leyes N° 20.680 de Abastecimiento, N° 18.875 de Compre Nacional -parcialmente, N° 21.608 de Promoción Industrial, N° 27.437 de Compre Argentino -parcialmente- y N° 27.545 de Góndolas, N° 27.737 de alquileres, en conjunto con la derogación de otras leyes comerciales, que concentrarán aún más la riqueza de las grandes corporaciones del mercado.
El DNU dice textualmente “que frente a la crisis del sistema de salud es imperativo lograr reducciones contundentes en los costos de las prestaciones, lo que en definitiva redundará en un beneficio directo para la población en general”, ¿como se logrará esto eliminando controles, regulaciones y precios de medicamentos y prepagas?
Derogar la Ley N° 26.737 que limita la compra de tierras en suelo argentino a extranjeros, implica lisa y llanamente rifar nuestras tierras al mejor postor ¿de qué manera la venta de vastos territorios de la nación podrían redundar en beneficio alguno para las y los argentinos?
También se pretenden derogar otras leyes relativas a la producción, como La Ley N° 18.905, que establece la Política Nacional Vitivinícola y otras que protegen y promueven las economías regionales y la estabilización del mercado interno. La eliminación de estas regulaciones afecta gravemente la producción, la comercialización, y el consumo interno de esto productos.
La derogación de normas que regulan la actividad minera y energéticas, permitiendo el saqueo de nuestros recursos dará como resultado la devastación de territorios contaminando y expulsando a sus pobladores y aumentando exponencialmente los costos en estos servicios para toda la población.
Ya se ha visto que la privatización de las empresas públicas o el desprendimiento de la participación del Estado nacional en sociedades anónimas. No mejora su rendimiento ni competitividad, solo genera formidables negocios para quienes las adquieren, vasta ver los ejemplos de los noventa como Nuestra Aerolínea de bandera que fue literalmente desguazada por sus operadores privados y hoy es una empresa superávitaria en manos estatales.
Estas medidas solo profundizarán la crisis en que se encuentran las y los trabajadores argentinos, Resulta beneficiosa únicamente para la casta Financiara-Económica que eventualmente accederá a hacer negocios en estos ámbitos. Las privatizaciones junto a la quita de subsidios a la energía, será letal para los asalariados, vasta recordar las subas del 3000% en las boletas del Macrismo.
En cuanto a la situación de las y los trabajadores en relación de dependencia, el DNU expresa que los emprendimientos privados son lo “mejor para la contención social” y pretende serlo a través del empleo. Pero al mismo tiempo propone una modificación a leyes de protección de derechos laborales y la derogación de la Ley 25.323[1] esto claramente atenta contra la estabilidad laboral.
Las regulaciones laborales que pretende modificar Milei, las Leyes Nros. 14.250, 14.546, 20.744. 23.551, 24.013, 25.345, 25.877, 26.727, 26.844 y 27.555 son invocadas a “los efectos de mejorar y simplificar los procesos de registración, darle seguridad jurídica a la relación laboral, aumentar el período de prueba (de tres a ocho meses), redefinir la procedencia de los descuentos salariales convencionales, autorizar a las convenciones colectivas a explorar mecanismos de indemnización alternativos a cargo del empleador, tal como se ha implementado en algunas actividades, revisar los criterios de ultractividad y evitar los bloqueos de actividades productivas” que en la práctica significa dar lugar a contratos sin relación de dependencia más largos, por lo tanto la relación laboral es más inestable, se pretende que el mismo empleado genere los recursos para su potencial indemnización por despido, e impida el derecho a huelga. ¿Cómo pueden estas medidas beneficiar a los sectores asalariados, si reducen sus derechos laborales? ¿Quién está pagando el ajuste en este contrato?
Por todo esto concluimos que el Presidente Milei ha incurrido en estafa electoral, ya que llegó al poder prometiendo hacer recortes sobre los costos que supuestamente generaba “la casta política” sin embargo hadado vía libre a las grandes corporaciones que se beneficiarán ampliamente con la derogación de las leyes mencionadas y otras más. Nos preguntamos cuáles de estas medidas apuntan a reducir el gasto que supone la casta política. Estas leyes que se pretenden borrar de un plumazo, fueron conquistadas con años de luchas colectivas.
Con esta brutal desregulación de la vida de la población lo único que se garantiza es ser sometidxs por lxs grandes grupos económicos, no tener manejo como Estado de sectores estratégicos como son la energía y la minería, no tener estabilidad en el trabajo, La suba los costos de producción destruyendo la competitividad con productos importados.
En resumen la libertad de ser sometidos y sin derechos. Remarcamos que dentro de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, las mujeres y disidencias sexuales, dentro de la clase trabajadora, son las primeras perjudicadas en la cadena de vulnerabilidad.
Nos pronunciamos en estado de alerta y movilización.
Por todo lo dicho anteriormente es que solicitamos a nuestros representantes del Honorable Concejo Deliberante que adhieran al rechazo del DNU 70/23.
