Se trata de un informe de 600 páginas con la transcripción incompleta de las modulaciones que realizaron las fuerzas de seguridad durante la represión del 12 de marzo de 2025. El tramo correspondiente al momento en que fue herido el fotógrafo no aparece.
En un nuevo acto de cinismo la Policía Federal entregó a la jueza María Servini una transcripción incompleta de las modulaciones de las distintas fuerzas de seguridad del día que fue herido Pablo Grillo en la habitual marcha de los jubilados al Congreso que en esa ocasión sido convocada por las hinchadas de fútbol. Son 600 páginas que abarcan entre las 12.00.50 del mediodía hasta las 23.34.54 de la noche, pero justo el tramo que falta es de las 17 a las 18, es decir, el lapso dentro del cual el fotógrafo fue herido por una granada de gas lacrimógeno disparada por el gendarme Héctor Guerrero que lo dejó al borde de la muerte. Casi desde el comienzo mismo de la investigación la querella reclamaba ese material, ahora entregado con el alevoso recorte.
“Hoy, el dolor inmenso que atraviesa nuestra familia por el brutal ataque a Pablo se ve agravado por una sombra terrible: la de la mentira, la opacidad y el encubrimiento por parte del Estado que debería protegernos (…) la Gendarmería Nacional omitió de manera insólita la hora exacta del ataque a Pablo en sus reportes oficiales. Como ciudadanos comunes, sabemos que en una fuerza de seguridad federal de este nivel, un ‘error’ de esta magnitud no es casualidad. Las horas no se pierden solas”, dice un comunicado que difundió la familia Grillo. “Las comunicaciones existen, los registros están, pero nos los ocultan. ¿Por qué? ¿A quién están protegiendo? ¿Qué es lo que dicen esas cintas que no se puede escuchar?”, se pregunta.
Una organización represiva
Según los registros de imágenes y la reconstrucción que realizó el colectivo Mapa de la Policía y que constan en el expediente, Pablo Grillo fue herido a las 17.18 horas del 12 de marzo de 2025 en Hipólito Yrigoyen y Solís. Tomaba fotos desde atrás de una estructura de madera hacia donde se encontraban agrupados efectivos de Gendarmería. El cabo Guerrero le disparó en forma horizontal, anti reglamentaria, directo hacia su cabeza, algo que está prohibido por los manuales de uso de armas menos letales. Pablo no representaba ningún peligro para los agentes si se pretende justificar una supuesta respuesta defensiva. En rigor, Guerrero disparó seis veces en violación a las normas entre las 17 y las 17.22, lo que encaja en el lapso que falta en la desgrabación de las comunicaciones.
Como en otros operativos represivos que el Gobierno despliega en las marchas de los jubilados, estaban presentes todas las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad. Es más, del otro lado de la Plaza del Congreso, casi a la misma hora que Pablo, también recibía un disparo en el ojo izquierdo Jonathan Navarro, un hincha de Chacarita. En este caso se trató de un proyectil de gas pimienta disparado por un agente de la Prefectura, Sebastián Martínez. Más temprano, el agente de la federal Nicolás Emanuel Céspedez había empujado a la jubilada Beatriz Blanco, quien terminó hospitalizada.
El gendarme Guerrero fue procesado como autor del delito de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como miembro de una fuerza de seguridad, en concurso real con abuso de armas agravado por abuso de su función también como parte de una fuerza. Ya fue elevado a juicio oral e interviene el Tribunal Oral Federal 6, ahora integrado por Adriana Pallioti, Enrique Méndez Signori y Diego García Berro. La fiscal a cargo es Fabiana León. Todavía no hay fecha de juicio. El mes pasado comenzó la presentación de pruebas. Contra el prefecto Martínez y el policía Céspedez también hay causas judiciales avanzadas.
La particularidad de esta movilización es que tuvo la convocatoria y el apoyo de las hinchadas de clubes de fútbol. Era una marcha de las que hacen los jubilados/as todos los miércoles pero con ese respaldo, que hizo que se volviera más masiva. Por eso la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redobló el despliegue de uniformados. La ofensiva contra las manifestaciones está inspirada desde inicios del gobierno de Milei en el llamado “protocolo antipiquetes” (Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de las Vías de Circulación) que impulsó Bullrich, que convirtió la protesta social en un delito a través de una simple resolución ministerial.
La Policía Federal cumple en los operativos conjuntos una función centralizadora y fiscalizadora de las acciones. Aquel 12 de marzo había emitido una orden de servicio con el número 659 que –con ironía—identificaba con la frase famosa de Diego Maradona: “Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”. Ese mismo día, además de decenas de heridos, hubo un récord de 114 detenidos a quienes la jueza Karina Andrade ordenó entrada la noche liberar ya que ninguna fuerza de seguridad había entregado constancias fehacientes de las razones de los arrestos.
Modulaciones y cadena de mando
La querella de Pablo Grillo –a cargo de las abogados Agustina Lloret (del Centro de Estudios Legales y Sociales) y Claudia Cesaroni (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos)- pidió las modulaciones de las fuerzas de seguridad desde los comienzos de la investigación. La transcripción llegó recién ahora para ser incorporada a la parte de la causa que quedó todavía en instrucción donde se investigan las responsabilidades por encima del cabo Guerrero en los hechos.
Desde el CELS explicaron que el tramo de las transcripciones que está ausente, se corresponde con videos e imágenes que sí están incorporados a la causa y que muestran al Comisario Inspector de la PFA, Gerardo Ariel Perillo Scampini, junto al cordón de gendarmes entre los que estaba Guerrero. “Cumplía rol de fiscalizador del operativo y en las imágenes se lo ve con un equipo radial realizando modulaciones. Recordemos que esta vía es oficial y obligatoria para cualquier funcionario público perteneciente a una fuerza de seguridad que participa de un operativo de estas características”, señala el CELS.
Es decir, la querella plantea que hay certezas de que había por lo menos un policía con facultades de fiscalización que estaba modulando durante ese tramo de transcripciones que faltan y sabe quién es.
“El hecho de que los intercambios entre los agentes de las fuerzas de seguridad convocados a conformar el operativo de seguridad se hayan registrado de manera ininterrumpida durante el lapso de 12 horas, excepto por el tramo que comprende el momento exacto en el que ocurrieron los hechos que aquí se investigan resultan, por lo menos, llamativo, a la vez que generó un dispendio de tiempo y esfuerzos de esta querella para terminar de comprender y esclarecer la correspondencia y/o la falta de correspondencia entre un archivo de audio de 5 horas y 40 minutos de duración y el documento de 610 páginas remitido”, dice un reclamo presentado a Servini.
La querella aportó también los fotogramas donde se puede observar al comisario Perillo Scampini sosteniendo un handy negro que se usa para las modulaciones. “Estuvo modulando con el aparato correspondiente a la frecuencia del Enlace Troncalizado de la PFA hasta instantes inmediatamente previos a que el cráneo de Pablo Grillo fuera atravesado por el proyectil de gas lacrimógeno disparado por el Cabo Primero Héctor Jesús Guerrero. Esto implica que sí se produjeron modulaciones entre las 17 y las 18 horas, en particular, en la zona específica donde ocurriría el grave hecho del que fue víctima Grillo”, señala la presentación.
Allí le solicitaron también a la magistrada que libre un oficio para que la División Comunicaciones Troncalizadas de la PFA informe “cómo es la metodología de registro y guardado del crudo de las modulaciones producidas a lo largo de un operativo”; “remita una transcripción completa de los intercambios que comprenda el tramo horario que va de las 17 a las 18 horas”; y “explique los motivos por los cuales los registros audibles y su correspondiente transcripción se vio interrumpida en ese lapso”.
La cadena de mando investigada abarca también a los jefes del grupo que integraba Guerrero: Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, que no hicieron nada para evitar que Guerrero disparar en un ángulo prohibido. Por el contrario, le habrían indicado apuntar a los manifestantes. También son señalados: el Jefe del Destacamento Móvil 6, Comandante Principal Néstor Germán López, quien tenía bajo su mando inmediato a los grupos que intervinieron en el operativo; el Jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, Alférez Gonzalo Gabriel Goulart, quien se ocupó de impartir órdenes a los efectivos de la Gendarmería; el Director Nacional de la Gendarmería Nacional, Comandante General Claudio Miguel Brilloni, cuya presencia en el lugar habría coincidido con el recrudecimiento de la represión.
La querella de Grillo también pidió investigar a Bullrich, quien desde el comienzo sembró información falsa (como que Pablo estaba preso, cuando estaba en el Hospital Ramos Mejía peleando por su vida) además de haber dado directivas para todo el despliegue de ese día.
No es la primera vez
El CELS recordó que no es la primera vez que se advierten maniobras para empantanar la investigación del ataque a Pablo Grillo por parte de las fuerzas federales. En los meses posteriores a los hechos, Gendarmería “omitió entregar información y filmaciones obtenidas por gendarmes que estaban en las cercanías de Guerrero cuando efectuó el disparo a Grillo. Primero, tardó en mandar los videos al juzgado y, cuando lo hizo, envió solo uno de ellos. De las imágenes que se extraen del único video incorporado, surge que había dos efectivos más con cámaras en el casco, cuyos registros no fueron puestos a disposición de la justicia”. Uno de los efectivos que filmaba aparece dándole una palmada a Guerrero, en un gesto de felicitación, después de que le disparara en la cabeza al fotógrafo.
Gendarmería había mostrado también reticencia a entregar la documentación de la investigación interna que había iniciado contra Guerrero. Fue entonces que Servini allanó el Edificio Centinela para incorporar la prueba. Entonces se conoció que esas actuaciones internas apenas habían avanzado y todo lo que hacían era considerar que la Guerrero había actuado bien y que la culpa la tenía Pablo Grillo por haberse expuesto y ubicado en la línea de tiro. Después la fuerza presentó manuales que reconocen que el arma utilizada por más que se considerara disuasiva podía producir “lesiones graves e incluso la muerte”. Bullrich siempre insistió en defender al Gendarme con el argumento de que disparó –paradójicamente—como dicen los manuales, algo que la investigación descartó.
La actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, profundiza por estos días la ofensiva en las movilizaciones. El miércoles último, de hecho, los jubilados fueron atacados una vez más.
El texto que hizo circular este viernes la familia de Pablo Grillo, dice que él “está mejorando y para que su salud continúe en alza necesitamos aferrarnos a la luz de la verdad sobre lo que ocurrió esa tarde”. “A pesar de este inmenso dolor, elegimos creer en la solidaridad de los argentinos que nos abrazan cada día y mantenemos viva la esperanza de que el Gobierno elegirá el camino de la total transparencia –escribieron-. Confiamos en que la verdad saldrá a la luz. El que nada teme nada oculta”.
