El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense criticó la decisión del Gobierno nacional de dar por finalizado el PEVI y eliminar el financiamiento de la Coviar. “Desmantelar herramientas sin construir alternativas agrava la crisis productiva”, sostuvo.
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de dar por finalizado el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), ordenar el cese de las contribuciones que financiaban ese programa y así limitar en los hechos el rol de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), al considerar que la medida “implica un retroceso para toda la cadena vitivinícola”.
La medida fue celebrada públicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien la enmarcó dentro del proceso de reducción de estructuras y fondos sectoriales impulsado por el gobierno de Javier Milei.
En ese contexto, Javier Rodríguez sostuvo que “es lógico discutir mejoras en el funcionamiento de la Coviar y del PEVI, porque toda política pública puede perfeccionarse. Siempre hay cosas para corregir, desde revisar y calibrar los objetivos hasta la forma en que llegan los beneficios a los distintos actores de la cadena. Pero otra cosa muy distinta es decidir directamente desarmar una herramienta estratégica para el sector sin construir alternativas para el desarrollo vitivinícola”.
“En los últimos dos años, a partir de las políticas de Milei, la cantidad de viñedos en producción se redujo en más de 2000. Una cifra realmente alarmante. En primer lugar, hay que decir que esto se debe a la política macroeconómica. Ahí hay que buscar las causas principales, y las soluciones. La vitivinicultura necesita más coordinación, más financiamiento y más acompañamiento del sector público, no menos. El problema no se resuelve desmantelando instituciones como celebra Sturzenegger.”, agregó el ministro.
Javier Rodríguez también advirtió que el cierre del PEVI se produce en paralelo con el achicamiento de organismos estratégicos para el sector. En ese sentido, señaló la reducción de la estructura del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y recordó que, de no haber mediado una medida cautelar impulsada por cámaras y entidades vitivinícolas, este año se habría eliminado el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), una herramienta clave para garantizar la trazabilidad y las estadísticas de la actividad.
Asimismo, cuestionó la eliminación del programa PROVIAR II, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y orientado a pequeños productores, y alertó sobre el ajuste en el INTA, organismo que históricamente sostuvo los Centros de Desarrollo Vitícola y los programas de Cambio Rural destinados a la asistencia técnica y extensión para pequeños y medianos productores.
La Coviar fue creada por ley en 2003 y está integrada por entidades privadas de provincias productoras, además del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el INV y el propio Estado nacional. Su función principal fue ejecutar y financiar el PEVI, orientado al desarrollo, promoción y fortalecimiento de la actividad vitivinícola.
Según datos sectoriales, en 2025 se registraron 20.939 viñedos operativos con 196.220 hectáreas cultivadas. A su vez, la cosecha 2026 muestra una fuerte caída en la cantidad de bodegas elaboradoras activas: actualmente funcionan 503 establecimientos, frente a los 680 registrados en la misma etapa del año pasado, lo que representa una reducción cercana al 25%.
En Mendoza, principal provincia productora del país, la caída también es significativa: pasó de 478 bodegas elaboradoras activas en 2025 a 374 en 2026.
Desde el sector vinculan esta situación a la caída del consumo interno, el sobrestock de vino y mosto, los bajos precios de la uva y las dificultades de financiamiento, un escenario que llevó a numerosas bodegas a reducir su actividad y, en otros casos, directamente cerrar sus puertas.
En esa línea, Javier Rodríguez afirmó que “cuando hay menos consumo, menos financiamiento y menos rentabilidad para productores y bodegas, la respuesta del Estado nacional no puede ser retirarse y dejar librada la actividad al mercado”.
“Lo que se necesita es fortalecer las herramientas de articulación público-privada para sostener el empleo, la producción y las economías regionales. La eliminación del PEVI va exactamente en el sentido contrario”, concluyó.
