La iniciativa, que habilita la compra de campos sin límites y los desalojos exprés, se trataría mañana en el Congreso. El escenario de votación es incierto. Según Ravier, la ley vigente “criminaliza” a los inversores del exterior.
El Gobierno aprovecha la semana de definición del Mundial para avanzar con la extranjerización de la tierra. El día después de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, en la que la administración de Javier Milei convalidó sin cuestionamientos la prohibición de ingresar con banderas de las Islas Malvinas, el oficialismo buscará aprobar el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Se trata de un paquete de medidas que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego. Según el vocero presidencial, Adrián Ravier, “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros”. “Una barbaridad que se deriva de su malicia o su ignorancia”, dijeron desde el Observatorio de Tierras de la UBA, además de advertir que es una ley a medida del capital norteamericano. El peronismo en el Senado busca bloquear el capítulo de extranjerización de las tierras.
Tras varias semanas de intensas negociaciones, el gobierno busca habilitar la compra, por parte de inversores foráneos, de la totalidad del territorio nacional. Se trata del proyecto de Federico Sturzenegger, que ya recibió más de una docena de modificaciones. La versión del dictamen que circula entre los senadores lleva el número 14 y da cuenta de las veces que el archivo fue modificado. “El texto lo siguen tocando por abajo de la mesa aun cuando ya salió de comisiones”, reveló una fuente del interbloque Popular a este diario, que adelantó que “probablemente se propongan los cambios negociados sobre la base del dictamen que ya estaba”.
La tarde del martes, el oficialismo y la oposición encabezaron negociaciones frenéticas. Según pudo saber este diario, en el oficialismo los números aún no cerraban y había rumores de levantar una vez más la sesión. El peronismo, en cambio, trabajaba para bloquear el capítulo de extranjerización de la tierra. “Tenemos 35, nos falta un voto”, contó un senador al tanto del poroteo a Página12. En efecto, si la sesión transcurre sin ausentes, la oposición necesita 36 votos para bloquear las iniciativas del oficialismo.
Falacias libertarias
Detrás del discurso sobre la defensa irrestricta de la propiedad privada, el Gobierno impulsa una redefinición del régimen de la tierra que facilita el ingreso del capital extranjero sobre activos estratégicos. La discusión excede el derecho de propiedad y atenta contra la soberanía.
De todos, la extranjerización de la tierra es el aspecto más perjudicial para la integridad nacional. En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno “propone levantar las restricciones generales para la adquisición de tierras rurales por extranjeros”. A su vez, cuestionó la legislación vigente al afirmar que “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros” e intentó diferenciar entre actores privados y estatales al sostener: “Una cosa es un inversor privado y otra un Estado extranjero”. “Es una barbaridad, que se deriva de la malicia o de la ignorancia”, respondió Pablo Voldkin, coordinador del Observatorio de Tierras. Lejos de “criminalizar” la compra de tierras, explicó, la ley vigente la habilita y únicamente regula la concentración excesiva en manos de capitales extranjeros.
Según Voldkin, actualmente los extranjeros poseen alrededor del 5% de la tierra rural del país, mientras que la legislación vigente autoriza que ese porcentaje alcance el 15%. “Hoy poseen 13 millones de hectáreas y podrían llegar a ser dueños de prácticamente 40 millones de hectáreas, una superficie mayor que toda la provincia de Buenos Aires”, explicó. En otras palabras, la norma todavía permite incorporar unos 26 millones de hectáreas más al dominio extranjero. El verdadero objetivo de la reforma, sostiene el investigador, es eliminar los límites precisamente en los territorios donde la tierra adquiere valor estratégico.
“El problema no es que la ley inhiba la compra de tierras, sino que hay departamentos donde la extranjerización ya supera el 40% o el 50%, especialmente en zonas cordilleranas”, advirtió. Con la eliminación de esos topes, podrían quedar completamente en manos de capitales extranjeros áreas donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos.
Voldkin también cuestionó la diferenciación planteada por Ravier entre Estados e inversores privados. “Los Estados extranjeros no son quienes más compran tierra en la Argentina; los principales compradores son las personas físicas y jurídicas”, señaló. Por eso, el verdadero objetivo del gobierno es remover los límites que hoy pesan sobre el capital privado extranjero. Se suma la eliminación del porcentaje por nacionalidad previsto en la ley vigente, una modificación que, según el investigador, “está hecha a medida del capital norteamericano”, principal poseedor de tierras rurales en el país. Un país a medida de los tecnorricos que Milei admira.
“Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas. Sin territorio, dejamos de ser un país soberano”, sostuvo el senador Wado de Pedro ante Página/12. “La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras”, concluyó.
Contra las expropiaciones
El proyecto también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados. La iniciativa restringe el alcance del concepto de “utilidad pública”, lo que eleva el umbral para justificar una expropiación y fortalece la posición de los propietarios frente a cualquier intento estatal de recuperar inmuebles por razones de interés general.
El Estado deberá indemnizar no solo el valor de la propiedad, sino también las ganancias que el propietario demuestre haber perdido como consecuencia directa de la expropiación. A la vez, establece que la toma de posesión solo podrá concretarse una vez abonada la totalidad de la indemnización, actualizada por inflación y con intereses. Incluso las ocupaciones temporarias de inmuebles quedarán limitadas a un máximo de 90 días. En los hechos, la reforma dificulta que futuros gobiernos puedan recuperar activos estratégicos mediante la herramienta de la expropiación.
Desalojos exprés
Otro de los ejes de la reforma es la aceleración de los desalojos. El texto habilita que cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad. Si el juez considera que el planteo reúne elementos suficientes en una evaluación preliminar, podrá ordenar la entrega del inmueble sin esperar la sentencia definitiva del proceso.
La única atenuación prevista, luego de intensas negociaciones, alcanza a hogares donde vivan niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional. En esos casos, se otorgarán diez días para facilitar la búsqueda de otro lugar donde vivir.
Luz verde para los incendios intencionales
La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina uno de los principales desincentivos a los incendios provocados. Desaparecen las restricciones que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por el fuego durante 60 años, una herramienta incorporada por el diputado Máximo Kirchner para evitar que los incendios fueran utilizados como mecanismo de valorización inmobiliaria o expansión de la frontera agropecuaria.
Con la reforma, se eliminan las prohibiciones que impedían desarrollar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o modificar el uso de los suelos incendiados por 30 años. Deja sin efecto el principal resguardo que buscaba desalentar la especulación sobre tierras arrasadas por el fuego.
