La Unidad Fiscal de Bahía Blanca imputó formalmente a una influencer bahiense acusada de comercializar un suplemento dietario en comprimidos presentado como quemador de grasas que, de acuerdo con los análisis técnicos efectuados, contenía sustancias peligrosas para la salud. Según la imputación, ambas mujeres disimulaban el carácter nocivo del producto y utilizaban un sello falsificado de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para darle apariencia de legalidad.
La imputación contra Victoria Ramos (41), es como presunta autora de los delitos de comercialización de sustancias medicinales peligrosas para la salud (artículo 201 del Código Penal, que contempla una pena de entre 3 y 10 años de prisión) y uso de sello oficial falsificado (artículo 288, inciso 1, que prevé penas de entre 1 y 6 años de prisión), por dos hechos en concurso real. También aparece mencionada en la causa su hermana, Valeria Ramos (40) a la que se le atribuyen los mismos delitos, pero como partícipe secundaria de un hecho.
Durante la audiencia de formalización de la investigación penal realizada el 5 de marzo pasado, a pedido de la fiscal federal Elisa Trinchín, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, y del auxiliar fiscal Facundo Nicolás Ruiz Martínez, la jueza federal de Garantías María Gabriela Marrón otorgó el plazo de 60 días hábiles para desarrollar la investigación, en atención a la complejidad del caso y a las medidas probatorias pendientes.
Asimismo, para la principal imputada, la magistrada dispuso medidas de coerción tales como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse semanalmente en la sede de la Policía Federal Argentina (PFA), así como la prohibición de uso de las redes sociales por las que se comercializaban los productos, y el contacto con las clientas y los proveedores de las sustancias.
Respecto de su hermana, la jueza le impuso la promesa de someterse al proceso, con la obligación de comparecer cada vez que sea citada e informar, por intermedio de su defensa, cualquier cambio de domicilio.
El Ministerio Público de la Defensa estuvo representado por los defensores José Ignacio Guillermo Pazos Croccito y Gisella Malvestiti, quienes no cuestionaron los hechos expuestos por la fiscalía, aunque señalaron que las imputadas desconocían la disposición de la ANMAT N° 6132/2025, que prohíbe el uso, distribución y comercialización del producto en toda la Argentina del producto. No obstante, plantearon la nulidad de un segundo allanamiento realizado en el domicilio de la partícipe secundaria, al considerar que no contaba con habilitación judicial, lo que fue rechazado por la jueza Marrón, quien indicó que la medida había sido debidamente autorizada.
Denuncia de la ANMAT
El caso se inició a partir de una denuncia presentada por la ANMAT ante la División Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina. Según se indicó, desde un perfil de la red social Instagram se promocionaba y comercializaba una sustancia prohibida bajo la denominación “Quemador Natural Viking’s, Natural Gym Receta por 30 comprimidos”. El envase, además, exhibía un rótulo con la leyenda “Producto autorizado por ANMAT”.
A partir del número telefónico ofrecido como contacto para la compra del producto, la fiscalía logró identificar a la titular de la línea, quien resultó ser la persona que lo comercializaba.
La investigación también permitió identificar perfiles en redes sociales, otras líneas telefónicas vinculadas y la participación de una segunda persona —la hermana de la imputada—, quien fue acusada como partícipe secundaria luego de establecerse que su domicilio funcionaba como punto de entrega de las sustancias y como remitente de envíos al interior del país.
Con esos elementos, la fiscalía solicitó órdenes de allanamiento para los domicilios de ambas imputadas, en una audiencia unilateral ante la jueza Marrón. Durante los procedimientos realizados el 17 de diciembre de 2025 se secuestraron teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones y 87 frascos del producto denominado “Quemador Natural”.
No obstante, con posterioridad se constató que la imputada principal, V.M.R., continuaba con la comercialización de los productos, lo que motivó nuevos allanamientos, materializados el 26 de febrero del corriente año, también con resultados positivos.
Los damnificados
En el marco de la investigación, se entrevistó a cuatro personas que habían adquirido el producto, quienes describieron distintos efectos adversos tras su consumo, entre ellos, retención de líquidos, mareos, migrañas intensas, taquicardia, desvanecimiento y constipación. Además, entregaron los envases en los que se encontraban los comprimidos, que incluían la inscripción “Producto autorizado por ANMAT”.
La División del Laboratorio Químico de la PFA, a pedido de la fiscalía, realizó los análisis sobre los comprimidos secuestrados y determinó que contenían mazindol e hidroclorotiazida. A la primera —incluida en el listado de estupefacientes de la Ley N°23.737— se la conoce como una droga “anoréxica” con una composición similar a la de las anfetaminas y considerada altamente perjudicial para la salud.
Por su parte, la hidroclorotiazida es un diurético tiazídico que debe utilizarse únicamente bajo indicación médica y que no posee función adelgazante, ya que no produce efectos sobre la grasa corporal. Los representantes del MPF explicaron que, al igual que el mazindol, su uso sin control médico implica riesgos graves para la salud.
Por este motivo, la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), el organismo del gobierno de la provincia de Buenos Aires que regula la calidad y seguridad agroalimentaria, emitió una comunicado para que la ciudadanía se abstenga de consumirlos.
Fuente: LB24 / Fiscales.gob.ar
