El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó hoy a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”. Estaba imputada por ser presunta autora ideológica del lavado de dinero del empresario Lázaro Báez. Esta resolución se produce después de que el fiscal federal Guillermo Marijuán, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaran el sobreseimiento de la ex presidenta.
Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, el juez también rechazó la solicitud de la asociación civil Bases Republicanas de ser querellante en la causa, considerando que era inadmisible.
Casanello destacó en su resolución que, como juez, su tarea se limita a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición de sobreseimiento, y en este caso, la fiscalía ha arribado a una solución prevista en la legislación basada en un razonamiento lógico derivado de las pruebas presentes en el expediente. Además, aclaró que la formación del sumario no afecta el buen nombre y honor de la vicepresidenta.
Con esta decisión, la acusación queda archivada de forma definitiva, sin posibilidad de apelación. Este caso, que se inició en 2013, era el único de relevancia en el que la vicepresidenta estaba siendo investigada.
La causa se originó a partir del testimonio del arrepentido Leonardo Fariña, quien afirmó que Báez le había dicho en una reunión que Cristina Kirchner le había consultado si estaba sacando dinero al exterior, supuestamente informada por la embajada de Estados Unidos. Fariña también mencionó que el empresario le pidió ser más prudente con sus movimientos.
Tanto Báez como Fariña fueron condenados por lavado de dinero en un juicio oral, sentencia que fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. La situación de Cristina Kirchner estaba pendiente, habiendo sido previamente indagada y con falta de mérito.
Hace dos semanas, el fiscal Marijuán presentó un dictamen solicitando el sobreseimiento de la vicepresidenta. El fiscal mencionó la estrecha relación personal entre Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, destacando 372 comunicaciones telefónicas entre ellos entre 2010 y 2013. Sin embargo, la Fiscalía señaló que estas comunicaciones no eran suficientes para vincular a la vicepresidenta con el lavado de dinero, y que no había otros elementos en el expediente para incriminarla.
Ante el dictamen del fiscal, el juez Casanello consultó a la UIF y a la AFIP. Ambas entidades coincidieron con el fiscal y solicitaron el sobreseimiento de la vicepresidenta la semana pasada.
En cuanto a la solicitud de la asociación civil Bases Republicanas para continuar con la investigación de la causa, el juez Casanello la rechazó.
