La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó hoy, a través de una medida cautelar, que a partir del 1° de junio próximo la caja de jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) suspenda la aplicación del régimen establecido por el gobierno de María Eugenia Vidal, que elevó la edad jubilatoria y redujo el monto de los haberes a cobrar por los trabajadores retirados de esa entidad.
Además, el máximo tribunal provincial dispuso un recupero progresivo de los haberes que hubieran percibido los beneficiarios con el sistema anterior.
La ley vigente hasta ahora, la 15.008, elevó a 65 los años de jubilación para hombres y mujeres y estableció el haber en un 75% de lo que cobra el personal en actividad en lugar del 82% que regía, bajo el argumento de que ese sistema llevaba a la caja a una situación deficitaria.
Esa medida generó la presentación de más de 5.000 medidas cautelares en la Justicia y entre quienes acudieron a los tribunales estuvo la Asociación Bancaria (AB).
En el fallo al que tuvo acceso Télam, el tribunal sustentó la decisión en la necesidad de evitar perjuicios «de difícil reparación ulterior».
La resolución -adoptada por unanimidad- se encuadra en la causa colectiva conformada a partir de acciones declarativas de inconstitucionalidad contra la ley 15.008, promovidas por la AB, la Asamblea Permanente de Jubilados del Banco Provincia y la Unión de Jubilados del Banco Provincia.
Con antelación, el Procurador General había dictaminado que el régimen de movilidad establecido en la norma constituía una disposición regresiva que afectaba los derechos de los jubilados.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, resaltó que «el fallo nos da la razón: además de injusta, (la ley) es inconstitucional. Nuestro gobierno prometió cambiarla».
«Y tal como lo muestra el fallo de la Corte, lo hicimos. Sin embargo la oposición que había acordado votarla recibió un llamado de (Mauricio) Macri y de Vidal y cambió de idea. Ahora la justicia suspende definitivamente la ley de Vidal y le instruye a la oposición (¿republicana?) que vote de una vez la modificación», sostuvo el mandatario en Twitter.
Y aseveró: «Hicieron daño desde el gobierno, hacen daño como oposición. Alguna vez trabajen por los intereses del pueblo de la provincia».
La AB también celebró el fallo y dijo que «se logró que la Justicia dictaminara a nuestro favor e hiciera lugar a la medida cautelar».
«Esta medida favorece a más de 15.000 jubilados y 10.000 activos del Banco Provincia; es sin dudas un gran logro que habla de la justeza del reclamo y la fuerza de convicción de un sindicato, en defensa de los derechos previsionales de nuestros compañeros y compañeras», afirmó el gremio en un comunicado firmado por su conducción nacional, encabezada por Sergio Palazzo.
En tanto, el secretario general de la seccional La Plata de la AB, Federico Bach, también destacó el fallo de la Corte provincial.
Ratificó que «se restablece el 82%, la movilidad en la paritaria bancaria y se restablece el cobro de jubilación y pensión en los casos que se tenga cobrar» y destacó que «se restablece que la provincia de Buenos Aires está obligada a sobreponer el déficit de la Caja del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se había anulado con la ley 15.008 de Vidal», lo cual deberá ser incluido en el «presupuesto de acá hacia adelante».
El tribunal sostuvo que desde la vigencia de la Ley 15.008 al presente la movilidad de los pasivos del Banco Provincia -que ya no se calcula de acuerdo a variables propias de la remuneración relativa al cargo base- quedó librada a los avatares de un sistema previsional extraño, que en los hechos ha afectado el derecho de quienes gozaban del beneficio previsional.
En ese sentido, detalló que, en los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la ley promovida por Vidal se produjo una merma en los haberes jubilatorios que, en la liquidación del mes de diciembre de 2022, es del orden del 30% y acumulativamente supera el 40%.
La decisión importa recuperar -de modo secuencial y progresivo- hasta un 86% de la cuantía de los haberes que hubieran percibido los beneficiarios con el sistema que rigiera con anterioridad a la reforma cuestionada.
Lo resuelto, expresó la Corte, se extenderá hasta la sentencia de fondo. Los jueces también tuvieron presente la necesidad de contar con una normativa sobre esta materia.
Con respecto a ello, exhortaron al Poder Legislativo para que arribe este año a una solución «sustentable y compatible con el ordenamiento constitucional», conforme a los principios de la decisión adoptada.
Entre los fundamentos para adoptar la decisión, la Corte ponderó el tiempo transcurrido desde el inicio de los litigios, el resultado negativo de las gestiones de diálogo promovidas por el propio tribunal y la reciente pérdida de estado parlamentario del proyecto de ley en la materia.
En tanto, aclaró que lo establecido «difiere de las pretendidas por las entidades demandantes en sus planteos de fondo, aunque guarda una razonable equivalencia con ellas», y precisó que es también «menor que lo que hubiera podido resultar de aprobarse el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo».
Asimismo, consideró que la tutela provista se fundamenta en la verificación preliminar de una «diferencia significativa» en los haberes actualmente abonados, producto del reemplazo del régimen de movilidad preexistente por el contemplado en el artículo 41 de la Ley 15.008.
El gobernador Axel Kicillof pidió en la última apertura del periodo de sesiones ordinarias que se avance en el tratamiento del proyecto para reformar la Ley 15.008 que rige la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores y trabajadoras de la entidad.
La iniciativa no pudo ser sancionada el año pasado, pese a que se trabajó en comisiones con el gremio bancario y con todos los bloques de la oposición tras una solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
La ley de Vidal subió a 65 los años necesarios para que los empleados y empleadas del banco accedieran a la jubilación y estableció el haber en un 75% de lo que cobra el personal en actividad, en lugar del 82% que regía. Entonces se argumentó que ese sistema llevaba a la caja a una situación deficitaria.
