Se trata de 22 represas ubicadas en ocho provincias que tienen sus conseciones privatizadas desde la decada del 90 y que a partir de agosto comienzan a vencerse. Se estudia prorrogar las mismas, generar nuevos contratos o recuperar la gestión del Estado.
El complejo hidroeléctrico de Alicurá (1.000 Mw) actualmente está operado por la empresa AES Argentina
El futuro de 22 represas hidroeléctricas cuyos vencimientos de concesión comenzarán a operar a partir de agosto de 2023, tras 30 años de manejo privado, ya entró en una etapa de debate y definiciones sobre la continuidad en manos privadas o retorno a la gestión estatal, a lo cual se suma el reclamo de las provincias para tener una mayor injerencia en el tema.
Fuentes oficiales explicaron que las opciones inicialmente en estudio son las de prorrogar las concesiones de los actuales operadores en el caso de que los mismos se manifiesten interesados; avanzar en nuevos contratos con otros operadores privados; o recuperar la gestión del Estado nacional perdida tras el proceso de privatización llevado adelante en los primeros años de la década del 90.
Esa definición no resulta menor teniendo en cuenta que si bien se asegura en el sector las centrales hidroeléctricas tienen un mantenimiento adecuado, se anticipa que el parque generador requerirá de importantes inversiones para la extensión de vida, ampliación de capacidad y mejora de eficiencia.
Estas inversiones no comprenderían al mantenimiento de las obras civiles, que se vienen realizando de manera rigurosa a través del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep).
Al conjunto de opciones bajo análisis se sumó en los últimos meses el reclamo de varias provincias de ser parte de esa nueva gestión de las represas, con el argumento de que la Constitución de 1994 les otorgó a los estados la potestad sobre sus recursos naturales, en este caso el agua de sus ríos.
El planteo lo encabezan, en particular, las provincias de Neuquén y Río Negro, en cuyos territorios se levantan las represas cuyas concesiones comienzan a vencer en agosto de 2023, y que a la vez explican el 67% de la electricidad producida por las centrales hidroeléctricas.
Se trata de los complejos hidroeléctricos de Alicurá (1.000 Mw) actualmente operada por la empresa AES Argentina; El Chocón (1.200 Mw) y Arroyito (120 Mw), a cargo de la firma Enel Generación; Planicie Banderita (450 Mw), operada por Oroazul Energy; y Piedra del Águila (1.400 Mw), a cargo de Central Puerto, todas con vencimiento de concesión previstos para el segundo semestre del año próximo.
Bajo esta agenda comenzó el análisis del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (Etahc) recientemente conformado con representantes de la Secretaría de Energía, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y la empresa Energía Argentina (ex Ieasa).
El Etahc tendrá a su cargo el relevamiento integral de las veintidós concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos en las ocho provincias, con una potencia instalada de 5,8 GW en su conjunto.
En su conjunto, los aprovechamientos hidroeléctricos nacionales y binacionales, junto a los pequeños emprendimientos hidroeléctricos (PAH), aportan aproximadamente el 20% de la generación total en el ámbito del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con una potencia instalada superior a los 10,8 GW.
Entre las misiones que tienen asignadas, la Etahc deberá elaborar un informe detallando el estado de situación de cada concesión en sus aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales, en vista de los próximos vencimientos de sus respectivos contratos.
A comienzos de año, autoridades de los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro acordaron conformar una comisión propia a fin de analizar y avanzar en propuestas de acción y en generar los instrumentos jurídico-institucionales adecuados para plantearle al Gobierno nacional.
Las provincias buscan alternativas de esquemas a implementar para la administración, operación, mantenimiento y explotación de las hidroeléctricas emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén; contemplando las normas de uso de agua y cuestiones ambientales referentes al recurso.
Ambas provincias patagónicas incluyen en su reclamo la aplicación de la llamada Tarifa Comahue que como principales generadores de energía del país les permitiría un consumo eléctrico a precios diferenciales, lo que que podría significar la reducción de entre 15% y 40%.
La posibilidad de que las provincias tengan el manejo de las represas enfrenta un obstáculo legal importante ya que los activos se encuentran registrados bajo la titularidad de la Nación.
Los especialistas del sector consideran que el único camino viable para que pasen a manos de las provincias sería el de la donación por parte del Estado nacional, lo que sólo se podría dar a través de una ley sancionada por el Congreso nacional que avale el desprendimiento de esos activos.
La forma en que se resuelvan las concesiones que vencen el año próximo marcarán el camino de lo que podría ocurrir también con las represas Los Nihuiles I, II y III, cuyo contrato vence en 2024, a las que luego se sumarán Agua del Toro, Los Reyunos, El Tigre, Río Hondo y Los Quiroga.
En junio de 2025 vence el contrato de la represa de Futeleufú; y en noviembre las de Cabra Corral y El Tunal; en marzo de 2026 la de Ullum; y en julio la concesión de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo.
Pichi Picún Leufú, en agosto de 2029, es el último vencimiento de contrato de concesión.
