El Senado transformó en ley la reparación económica a los familiares de las víctimas. Los senadores hablaron de «una decisión justa» y de intentar «reparar lo irreparable».
La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, «tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar», que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.
El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100.
De acuerdo con los cálculos actuales, ese beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar.
Asimismo, el proyecto señala que el cobro del beneficio «importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto».
Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento «es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias».
El proyecto, por otro lado, establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.
Discusión en el Senado
Aunque el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, la discusión escaló entre el oficialismo y la oposición, que se acusaron mutuamente por la responsabilidad del hundimiento del submarino.
La nave, con 44 tripulantes, desapareció a mediados de noviembre de 2017 mientras realizaba un patrullaje por la zona económica exclusiva de la Argentina y fue encontrada un año después, a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.
La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la peronista chubutense Nancy González, cuestionó duramente al Gobierno de Mauricio Macri ya que el submarino desapareció durante su mandato.
«Ese 15 de noviembre de 2017 nuestro país sufrió la mayor tragedia naval en tiempos de paz y hoy no tenemos un responsable. Ojalá la justicia muy pronto falle porque responsables había, desde el Presidente de la Nación y el ministro (de Defensa Oscar Aguad) que en ese momento siguieron en sus puestos, no renunciaron pero se dedicaron a perseguir familiares e intervenir sus teléfonos», aseguró.
González también dijo que el submarino «no fue buscado por mucho tiempo» y que, luego, el rastreo se hizo «de manera irregular». Además, sostuvo que «nunca fue encontrado».
Por el contrario, la radical jujeña Silvia Giacoppo pidió que «se investigue a fondo, pero no solo desde el momento del accidente, sino desde que en septiembre de 2011 la entonces presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) dijo que se lo había reparado para que funcionara por treinta años».
«Quiero que se averigüe cuánto se pagó por aquella reparación y cuál fue el desperfecto que causó el hundimiento», destacó.
El radical mendocino Julio Cobos trató de atemperar los ánimos y mencionó que se trata de un «homenaje» y de una decisión «justa» del gobierno de Alberto Fernández.
Sin embargo, su coterránea del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti, aseguró que el Gobierno de Macri «montó un espionaje ilegal a los familiares de los marinos que buscaban justicia».
Agregó que «a veinte días de la desaparición del submarino, el Gobierno de Macri sabía dónde había sido la implosión y que, por su magnitud, no había posibilidad de vida».
«Esta es una manera de reparar algo que es irreparable. Estoy convencida de que una de las formas es decir la verdad de lo que sucedió. El alma se empieza a reparar cuando hay memoria, verdad y justicia», concluyó.
