En este trabajo de análisis e investigación histórica, el Prof. Alberto Auzmendi aborda en profundidad la estructura, el funcionamiento y las contradicciones del orden conservador en la Argentina entre 1890 y 1912.
EL RÉGIMEN CONSERVADOR: APOGEO Y TRANSFORMACIÓN (1890-1912)
El régimen político es la forma concreta y específica en la que se aplican los conceptos generales enunciados en las Leyes de la Nación y en la Constitución Nacional: es decir, el conjunto de instituciones que garantizan el funcionamiento del Estado y la unidad política, o sea de acuerdo a la definición de Natalio Botana es una fórmula operativa que pone en funcionamiento la fórmula prescriptiva de la propia Constitución.
“La fuerza del político está en saber ser león y zorro al mismo tiempo” (J:A:Roca)
El control institucional
El orden conservador se basó en varios mecanismos que ayudaron a que la minoría dirigente pudiera permanecer en el poder. Los especialistas señalan cuatro elementos fundamentales del régimen en este período: el fraude electoral y la persecución de los opositores políticos, el control de la sucesión y la intervención federal.
El fraude electoral
Esta alteración de la votación o los resultados de las elecciones se llevó a cabo de varias maneras.
Alternando el registro de votantes. Se omitían los nombres de los opositores o se agregaban al padrón electoral personas que no vivían.
Intimidando a todo aquel que quisiera votar por la oposición. Los seguidores de un candidato concurrían a votar en masa y eso atemorizaba a los que pensaban votar por su adversario.
Alentando el voto múltiple. Ciertos sectores, los llamados votantes golondrina, emitían su voto por el mismo candidato en varias mesas diferentes.
Comprando los votos. Como el sufragio no era secreto, primero se constataba que la persona hubiera votado por el candidato requerido y luego se le pagaba la retribución, generalmente en dinero.
Además, en caso de que un candidato tuviera pruebas de fraude, no existía ninguna posibilidad de que pudiera ganar el caso ante la Justicia, ya que la mayor parte de los funcionarios judiciales formaban parte de este sistema y habían obtenido sus cargos a cambio de lealtad al orden político establecido.
A este sistema de producción oficial del sufragio se lo llamó también “fraude burocrático”, porque una densa madeja de cargos ejecutivos, desde el presidente de la nación, pasando por los gobernadores, los intendentes y los comisionados municipales, hasta los jueces de paz y los comisarios de policía actuaban al compás de recompensas y gratificaciones derivadas de la distribución de puestos públicos.
El control de la sucesión
El control de la sucesión consistía en que el presidente que terminaba su mandato, eligiera al presidente sucesor. Este tipo de práctica otorgaba funciones extraordinarias al Poder Ejecutivo, en un sistema en el que el presidente, de por sí, ya tenía un papel central, y restaba toda importancia a las elecciones, que resultaban un acto puramente formal.
La intervención federal
El recurso de intervención federal estaba garantizado por el artículo seis de la Constitución Nacional, reformada en 1860, que expresaba: “El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubieran sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”. Esto significa que el gobierno podía intervenir en las provincias para mantener o restablecer su orden político interno en caso de haber sido apartadas por alguna situación de rebelión o de invasión. Este recurso se aplicó en todos los casos en que la autoridad central no estuvo de acuerdo con alguna situación o con algún líder provincial; reforzó la concentración del poder en el gobierno nacional y disminuyó los poderes de los gobiernos provinciales.
Este derecho de intervención fue sancionado por la Constitución de 1853 en su artículo 6, que después de la reforma de 1860, quedó redactado de este modo: “ El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubieran sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.
La redacción de este artículo clave dejó la puerta abierta para un ejercicio discrecional del poder de intervención por parte del gobierno nacional, que está autorizado a intervenir para garantizar la forma republicana de gobierno.
Este objetivo está muy vagamente definido, y en la práctica cualquier conflicto provincial podría ser interpretado como una situación de peligro para la forma republicana de gobierno. Esta atribución se materializó en un ejercicio muy frecuente de la intervención federal por el simple expediente del decreto presidencial.
Durante este período, y también en otros posteriores de la historia argentina, la práctica concreta de la intervención federal se ejerció sobre casi todas las provincias. El propósito de fondo era el mismo: controlar el orden provincial a través de la presencia de gobernadores “amigos” del gobierno central.
Las contradicciones del régimen: los derechos políticos de las mayorías.
Los grupos dirigentes argentinos fueron liberales y progresistas cuando proyectaron la formación de una sociedad nueva y heterogénea a través de la incorporación de inmigrantes y, no obstante, se mostraron escépticos y conservadores en el campo político. Pensaban que el país debía ser transformado “desde arriba”, evitando que los descendientes de los inmigrantes arrancaran algún día el poder de sus manos.
Sin embargo, con el correr del tiempo, el progreso que ellos mismos preconizaban tuvo una contraparte con una sociedad que se había vuelto más compleja, más heterogénea y, a la vez, más lúcida. Este distanciamiento generó tensiones no sólo entre los opositores, sino también dentro de la misma clase dirigente. Ante esta amenaza, el régimen conservador otorgó suma importancia al control de la sucesión política, control que se centró en los cargos de presidente, gobernadores y senadores, y que tenía como fin impedir que algunos de esos cargos fuera ocupado por los sectores de la clase política que emprendían una actividad opositora.
El régimen político del ochenta procuró conciliar los valores igualitarios de una república abierta a todos los ciudadanos con los valores jerárquicos de una república restrictiva, circunscripta a unos pocos.
Las juntas de electores, el Colegio Electoral y el Senado de la Nación
Las juntas de electores que funcionaban en cada provincia, y el Colegio Electoral(nacional) eran las instituciones donde se procesaron las sucesiones presidenciales desde 1880. La característica central del Colegio Electoral consistía en que los electores (votados por los ciudadanos) eran libres de elegir a uno u otro candidato, es decir que no dependían del mandato imperativo del pueblo para designarlos. Este derecho de los electores estaba establecido en la Constitución, y su objetivo era evidente; mediatizar el ejercicio de la soberanía popular, transfiriendo a un grupo de ciudadanos, escogidos a tal efecto, el derecho de elegir presidente. Es importante destacar que, en la práctica, las negociaciones que llevaban a la designación del Presidente de la Nación transcurrían fuera del recinto del Colegio Electoral. Se establecían trabajosos acuerdos previos entre personajes notables, de modo que cuando las juntas se reunían para votar, la decisión ya estaba tomada y sólo había que hacerla pública.
Los bloques de electores se organizaban, por lo cual, los gobernadores tenían un peso político muy grande en este proceso, y puede decirse que las provincias resultaban las verdaderas protagonistas del momento decisivo en que se elegía al presidente.
Otra institución básica a tener en cuenta para entender el funcionamiento del régimen es el Senado de la Nación. Los senadores asumían la representación de las provincias frente al Poder Ejecutivo nacional y adquirían, de este modo, una especie de bisagra en el complejo entramado del sistema federal. Al ser elegidos por las legislaturas provinciales, abrían una vía para que los gobiernos provinciales colaboraran en la formación del gobierno nacional.
El federalismo presidencialista : el caso argentino.
El sistema federal es una forma de organización institucional en la que coexisten dos órdenes de soberanía: un poder central y un conjunto de unidades geográficas locales, que en el caso argentino son el Estado nacional y los estados provinciales. A esta coexistencia de dos órdenes soberanos se la denomina “dualismo federal”, que significa que la soberanía aparece fragmentada. Esta fragmentación plantea de jerarquía entre estos dos órdenes. Cada sistema ha resuelto este problema de manera diferente, y de esta resolución depende la índole del sistema establecido.
El federalismo clásico, tal como se lo concibió en los Estados Unidos o en Suiza, se expresa mediante un equilibrio entre ambos órdenes soberanos. El poder central tiene la capacidad para controlar los poderes locales, pero éstos, a su vez, tienen atribuciones para controlar al poder central. De este modo, se procura evitar que el equilibrio dualista se rompa en favor del poder central. Además, se busca impedir que algún Estado federal emergente ejerza un liderazgo unificante sobre los demás, hecho que también lesionaría el dualismo.
También hubo en la historia casos de otro tipo de federalismo, como el Estado resultante del proceso de unificación de Alemania (1866-1871), que era federal pero combinaba unidades heterogéneas (reinos, ducados, principados y ciudades libres). Este aparente pluralismo estaba controlado por la presidencia hereditaria del rey de Prusia, con el título de emperador. Este manejaba la maquinaria administrativa, convocaba las sesiones del Congreso, nombraba y revocaba al canciller (encargado de las relaciones exteriores) , comandaba la política exterior y las Fuerzas Armadas. El ejemplo alemán ilustra como el dualismo federal puede quebrase ostensiblemente en favor de un poder central que recorta atribuciones a las unidades geográficas locales.
El federalismo argentino se inscribe en la misma línea que el alemán , ya que el equilibrio dualista se quiebra en favor del Estado nacional y, en particular, en favor del Poder Ejecutivo, dado que nuestro sistema ha tenido siempre un fuerte sesgo presidencialista. Esta orientación respondió también a las ideas de Juan Bautista Alberdi que, citando una sentencia de Simón Bolívar, señaló ”…los nuevos Estados de la América antes española necesitan reyes con el nombre de presidentes…”. Esta línea de pensamiento se remonta a la vieja tradición monárquica española, en la que habían sido educados no sólo alguno de nuestros pensadores de relieve sino también muchos de los hombres de la independencia, como el citado Bolívar y el general San Martín.
La participación electoral
La participación de los ciudadanos en estos comicios era muy reducida. En primer lugar, solo los ciudadanos varones tenían la posibilidad de votar. Esto reducía casi en un cincuenta por ciento el universo de posibles votante. Por otra parte , los inmigrantes no tenían derecho al sufragio, excepto que obtuvieran su carta de ciudadanía. Si bien no había objeciones legales para obtenerla, la inmensa mayoría de los inmigrantes nunca se naturalizó. Esto se debía probablemente a dos factores: por un lado un sistema fraudulento despertaba pocas expectativas de participación y por otro, no había ninguna actividad civil que les estuviera vedada por el hecho de no naturalizarse. La no participación electoral de los inmigrantes es un hecho muy significativo, ya que en las áreas geográficas de mayor concentración de los mismos los varones adultos extranjeros representaban entre el cincuenta y el setenta por ciento de la población en condiciones de votar. Con respecto a los argentinos nativos, los datos disponibles sobre la Capital Federal indicaban que el porcentaje de participantes efectivos osciló, según los años, entre un veinte y un cincuenta por ciento del total.
La apertura del ciclo revolucionario en 1890.
Este estado de cosas, signado por el fraude, se mantuvo incólume durante la década de 1880. La extraordinaria expansión de la economía tenía demasiado ocupadas tanto a las clases dirigentes como a la sociedad en su conjunto y, en ese contexto, los vicios del orden político parecían ser más tolerables. Pero el año 1890 deparó sorpresas.
En primer lugar, durante ese año, una fuerte crisis económica, reflejo de un ciclo de baja en las economías europeas, afectó al país con una contundencia sin precedentes. Casi de inmediato, el sistema político se vio sacudido por la llamada “Revolución del Parque”, que fue el primer cuestionamiento violento del orden consagrado en 1880. Este movimiento tuvo un carácter netamente urbano, puesto que se localizó dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires, y dejó un saldo de más de doscientos cincuenta muertos y mil heridos.
La Revolución de 1890 inició un ciclo revolucionario que se extendió hasta 1905 y que se propagó desde el centro hacia la periferia: a su turno, Córdoba, San Luis, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y Tucumán tuvieron sus propias revoluciones. Los dirigentes de la Revolución del Parque provenían de fuerzas políticas de diferente signo que se organizaron en una agrupación llamada Unión Cívica: el partido liberal, de tradición mitrista; algunos personajes del tronco autonomista; y un grupo de antiguos militantes de la tradición populista del autonomismo bonaerense, que seguían a Leandro Alem y a Hipólito Yrigoyen, que en 1889 había fundado la Unión Cívica de la Juventud. También contaron con el apoyo de algunos sectores militares y católicos, todos ellos amparados en un vago programa que revindicaba la limpieza del sistema electoral, la efectividad del régimen federal y la moral administrativa. En realidad, la Unión Cívica no era otra cosa que una expresión de las clases medias asustadas por la crisis, y su oposición se centraba en la persona del presidente , no en el régimen vigente desde 1880. Pero desde su asamblea constitutiva y en la acción desplegada por la nueva organización, la personalidad de Leandro Alem impuso su tónica y dio al núcleo una mística tremendista que tendrá larga trascendencia en la política argentina.
La consecuencia inmediata de la revolución fue la renuncia del presidente Juárez Celman. El vicepresidente, Carlos Pellegrini, asumió la Presidencia de la Nación. No obstante, la hegemonía gubernamental conservadora quedó, a partir de este momento, en una especie de estado de impugnación permanente. Desde el punto de vista ideológico, el régimen pasó a estar cuestionado en su aspecto central; su legitimidad, pues, según consideraban los revolucionarios, la implantación de una república restrictiva no estaba autorizada por la Constitución, ya que era producto de la inmoralidad del sufragio, tal como era practicado entonces, el fraude y la manipulación electoral.
El noventa no sólo marcó el inicio de un ciclo revolucionario, sino también de un modo nuevo de hacer política. En 1891, la Unión Cívica se dividió. Un sector formó la Unión Cívica Radical, que fue el primer partido político moderno, es decir, el partido político tal como lo entendemos en la actualidad. Se inicia también a partir de estos hechos la lucha por imponer un nuevo concepto de ciudadanía para la Argentina moderna que culminará con la reforma electoral de 1912.
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Repositorio propio.
