Tras la áspera sesión en el Concejo Deliberante por el cambio de zonificación en la zona del Circuito Chico, la edil radical salió al cruce de las críticas del bloque oficialista. Aseguró que el proyecto carece de diagnósticos técnicos, cuestionó el valor real de la audiencia pública e insistió en que las modificaciones urbanísticas deben surgir de un proceso participativo e integral.
La concejal Susana Marcolini (UCR) respondió a los cuestionamientos del oficialismo tras la votación que aprobó el cambio de zonificación hacia una nueva zona residencial extraurbana en las inmediaciones del Circuito Chico. En un cruce directo con las expresiones del edil oficialista Branko de Sabarte —quien había acusado a la oposición de no acompañar la iniciativa—, la representante radical rechazó terminantemente que su bloque intente frenar el crecimiento o la inversión privada en el distrito.
“No se puede ser tan irresponsable”, enfatizó Marcolini, al tiempo que remarcó que el radicalismo trabajó durante meses sobre el expediente. “Estamos de acuerdo con el desarrollo y el crecimiento, pero acompañar esos objetivos no significa validar cualquier procedimiento”, aclaró.
Reparos técnicos y cuestionamientos al proceso
Desde la bancada de la UCR dejaron asentados por escrito sus cuestionamientos a la reforma del Código de Ordenamiento Territorial (COT). Entre los puntos principales expuestos por Marcolini se destacan:
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Falta de diagnóstico integral: La concejal puso en duda la elección de ese sector para la expansión urbana de Tornquist. “¿Cuál es el diagnóstico que justifica que allí vaya la extensión? ¿Quién lo hizo?”, cuestionó.
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Incertidumbre sobre el origen del proyecto: Planteó la necesidad de aclarar si la iniciativa nació por impulso del Estado municipal o si se trata de un emprendimiento privado acompañado a posteriori por el Ejecutivo.
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Inconsistencias en las prefactibilidades: Advirtió que las factibilidades técnicas incluidas en el expediente corresponden al loteo actual de 18 parcelas y no a los desarrollos futuros que posibilitaría la nueva normativa, lo que podría generar que solo algunos propietarios logren habilitaciones a futuro.
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Interacción con otras normas: Señaló la falta de análisis previo sobre reglamentaciones vinculadas al uso de agroquímicos y las actividades en campos linderos.
Como alternativa de resguardo institucional, Marcolini planteó que podría haber adoptado una medida de «no innovar» hasta concretar un análisis técnico profundo.
El rol de la audiencia pública y el antecedente de 2002
Respecto a la participación ciudadana, la edila recordó que en un principio el oficialismo consideraba innecesaria la audiencia pública. Si bien valoró los aportes de vecinos e instituciones, lamentó que sus observaciones no hayan tenido una incidencia real en la redacción final del proyecto.
En ese sentido, comparó el proceso actual con la elaboración del Código de Ordenamiento Territorial aprobado en 2002 —del cual participó activamente—, destacando que en aquel momento se realizó un trabajo interdisciplinario y comunitario mucho más amplio: “Una audiencia pública por sí sola no constituye el proceso participativo que requiere una reforma de esta magnitud. No es media tinta, es hacer las cosas como corresponde”.
Propuesta no escuchada sobre el corredor turístico
Finalmente, la concejal lamentó que el oficialismo no haya desglosado en un expediente separado las siete parcelas destinadas a consolidarse como corredor turístico. Explicó que el COT vigente ya contempla figuras para fomentar hoteles, alojamientos y emprendimientos gastronómicos en esa zona, por lo que existían herramientas para impulsar la actividad sin alterar la zonificación general de manera precipitada.
“Esto va a ser, y ojalá me equivoque, una deuda continua y pendiente para este distrito”, concluyó Marcolini, reafirmando que el debate no pasa por desarrollo sí o no, sino por la responsabilidad con la que se planifica el territorio a largo plazo.
