La Cámara Federal de Casación Penal dictó un fallo trascendental que frena el cierre de la causa por la represión contra manifestantes de la tercera edad. El máximo tribunal penal del país ordenó investigar el ataque sufrido en octubre pasado por Egidio Contreras, un jubilado de 75 años que resultó con una fractura de húmero tras ser arrojado al piso por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) durante una movilización hacia el Congreso.
Los puntos clave del fallo:
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Revocación del archivo: Los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma anularon las decisiones previas de la jueza María Servini y de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que habían archivado la denuncia alegando «inexistencia de delito» y justificando el accionar policial como «funcional».
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Advertencia sobre la crueldad: El juez Slokar, quien lideró el acuerdo, advirtió sobre un proceso de «deshumanización y crueldad» en el control de la protesta social, señalando que la fuerza pública debe garantizar libertades y no ser utilizada para una «irrazonable represión».
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Vulnerabilidad de los adultos mayores: El tribunal subrayó que las víctimas pertenecen a un grupo de «tutela preferente» por su vulnerabilidad. Se calificó el accionar policial como un «dispositivo brutal» que erosiona los cimientos de la convivencia democrática.
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Crítica al silencio judicial: La resolución destaca que la falta de investigación por parte de los jueces inferiores genera una «barrera simbólica» que suprime la libre expresión y fomenta la impunidad en violaciones a los derechos humanos.
Contexto del caso: Egidio Contreras fue interceptado por cuatro efectivos mientras portaba una bandera. Además de la fractura sufrida en ese episodio, el damnificado denunció haber sido gaseado en trece oportunidades previas y haber recibido amenazas. La denuncia original fue impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), con el patrocinio de la abogada María del Carmen Verdú (Correpi), y contó con el respaldo del fiscal de Casación, Javier de Luca, quien argumentó que el uso de la fuerza no cumplió con los principios de legalidad y proporcionalidad.
Impacto institucional: Este fallo se produce en un clima de creciente escrutinio internacional. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la represión de la protesta pacífica en Argentina. Asimismo, el caso llega en vísperas de que la Corte Suprema de Justicia deba pronunciarse sobre la validez del denominado «protocolo antipiquetes» implementado por el Ministerio de Seguridad.
Con esta decisión, la Cámara de Casación apartó a los jueces de la Cámara Federal que habían avalado la represión y exigió una investigación profunda y efectiva de los hechos.
Fuente Página 12
