La medida implica el cese inmediato de más de 900 servicios y ensayos técnicos, afectando tanto a consumidores como a empresas del sector privado. El organismo ya perdió 700 puestos de trabajo en la era libertaria.
Javier Milei prometió que “la motosierra sigue andando” y, en medio de una caída notable en encuestas, su gobierno sigue aplicando políticas de ajuste sobre el entramado productivo. En este caso, le tocó de nuevo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en donde se anunció la eliminación de una serie de servicios que proveía al sector privado. Uno de los más sensibles: el control de alimentos y bebidas.
La resolución del directorio mileista del INTI resuelve de un plumazo el cese de una serie de ensayos y prestaciones técnicas que funcionaban como soporte para empresas, organismos de control y consumidores. Estos controles que hacía el INTI servían como instancia de verificación independiente de las empresas sobre calidad, composición y seguridad alimentaria.
En su resolución, el Consejo Directivo del INTI advierte que cesarán una extensa serie de servicios, con efecto inmediato. La lista es realmente muy larga: análisis de aditivos, antioxidantes y edulcorantes, estudios de vida útil, perfil sensorial, contenido de cafeína o detección de contaminantes como micotoxinas, medición de textura, color y propiedades funcionales de alimentos y el análisis de compuestos específicos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y productos procesados. Se eliminan, además, controles sobre sustancias como aspartamo, sucralosa o acesulfame K, antioxidantes y perfiles cromatográficos. Y la lista sigue y sigue.
¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que todos esos controles, de seguir hacíendose, se harán de forma privada y lejos de la órbita y el control del Estado. Y que los que consuman los alimentos tendrán una herramienta menos de seguridad.
Pero la lista incluye también otros items que le servían especialmente al sector privado (que el Gobierno dice querer apoyar), como -por ejemplo- los estudios de consumidores y evaluaciones sensoriales, que los utilizaban las empresas para testear sus productos antes de sacarlos a la venta.
La nueva norma estipula que los controles seguirán funcionando en los casos en los que ya existan convenios o contratos vigentes con los privados, pero a penas se venzan las órdenes actuales, cesará todo control sobre los alimentos.
Aniquilación del INTI
La diputada Julia Strada advirtió sobre la medida: “Milei acaba de resolver la aniquilación del INTI. Se dispone la cesación de más de 900 ofertas tecnológicas que el Instituto brindaba al entramado productivo. No es un hecho aislado, es una política sistemática de desarticulación. Al mismo tiempo se asfixia su funcionamiento operativo. No se pagan viáticos, lo que impide a los equipos técnicos realizar visitas a empresas, una instancia central para la prestación y desarrollo de servicios. En paralelo se paraliza la vinculación institucional. No se promueven nuevos convenios y los existentes se suspenden, se dejan caer o directamente se anulan».
Fuentes internas del INTI describen que el mecanismo es todavía más perverso: no se autorizan viáticos, no se hacen los trabajos comprometidos con una empresa y luego se le manda una nota de crédito por el servicio no prestado. De esa forma, se van cerrando áreas enteras que funcionaban y que producían ingresos al Estado.
Victimas del vaciamiento
Este es el último paso de una historia de desmantelamiento que comenzó apenas llegó Milei al Gobierno. “Desde junio de 2024 se recortan o modifican líneas de trabajo a razón de una o dos por mes. En octubre de 2025 se cesaron las competencias del Servicio Argentino de Calibración. En diciembre, mediante la Resolución 213/25, el organismo dejó de cumplir funciones en metrología legal, calibración y aprobación de modelos de instrumentos de medición. El país de Milei prescinde de la industria. Por eso busca desmantelar una herramienta clave para la innovación, la asistencia técnica y el desarrollo industrial como el INTI”, remarcó Strada. Según contaron a este diario fuentes del INTI, con esta última medida se perdió el 60 por ciento de facturación por aranceles que tenía el INTI. “A su vez, aumentaron los aranceles entre 400 a 800 por ciento para que sean muy caros. Y luego afirman que no hay demanda”, advirtieron.
Esto tiene su correlato en los despidos y represión a sus trabajadores. En diciembre de 2023, había 3030 trabajadores en el INTI. Hoy hay unos 2300 (es decir, cerca de unos 700 menos), entre contratos que fueron terminados, retiros voluntarios y otras modalidades de despido encubierto. Al mismo tiempo, el mileismo incorporó nuevas personas con sueldos altos. E incluso desde ATE denuncian que están intentando llevarse a los técnicos al sector privado y convertir lo que antes ofrecía el INTI en un negocio rentado.
Por Werner Pertot – Página 12
