El programa económico de Javier Milei y Luis Caputo ha ingresado en un terreno de rendimientos decrecientes y alta peligrosidad institucional. A pesar de haber forzado una parálisis económica sin precedentes y de contar con un esquema de dólar intervenido bajo el paraguas político de Donald Trump, la inflación de enero registró un 2,9 por ciento, acumulando ocho meses consecutivos de alza. Este dato no solo confirma el fracaso de la estabilización vía recesión, sino que expone una maniobra de manipulación estadística en el Indec que ha herido de muerte la credibilidad del organismo.
La cifra oficial, medida con la fórmula de consumo de 2004, es el resultado de una intervención política directa. La renuncia de Marco Lavagna al frente del instituto, tras negársele la aplicación del IPC actualizado, reveló que el Gobierno prefirió ocultar un número que, bajo la nueva metodología validada por el FMI, habría superado cómodamente el 3 por ciento. Esta decisión de mantener una estructura de medición obsoleta —que otorga menor peso a los servicios en un contexto de tarifazos— busca maquillar la realidad de una economía que ya se encuentra formalmente en estanflación: una actividad económica desplomada con precios que se resisten a la baja.
El componente más alarmante del informe es el comportamiento de la Canasta Básica. El rubro de Alimentos y Bebidas no alcohólicas se disparó un 4,7 por ciento, con picos de hasta el 5,5 por ciento en el conurbano bonaerense, impulsado por subas descontroladas en carnes y verduras. Esta aceleración en el precio de la comida, que ocurre paradójicamente con un dólar planchado y una emisión monetaria restringida, sugiere que el mercado ya no cree en la convergencia prometida por el Ministerio de Economía o que la inercia de los costos regulados ha devorado cualquier intento de anclaje nominal.
Ante este panorama, la respuesta oficial ha sido el refugio en el eufemismo. El ministro Caputo calificó la suba de precios como un «reacomodamiento de precios relativos», intentando desligar la responsabilidad del Ejecutivo sobre el dato presente. Sin embargo, la presión social y política ha escalado hacia el terreno judicial. El diputado Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra Luis Caputo, el vocero Manuel Adorni y las autoridades del Indec, Pedro Lines y Josefina Rim, bajo los cargos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos. La denuncia sostiene que el Gobierno frenó arbitrariamente un proyecto de actualización estadística que demandó cinco años de trabajo técnico y una inversión de 5 millones de dólares, simplemente para evitar que el índice reflejara la verdadera magnitud del impacto de su política económica.
En paralelo, la resistencia gremial ha tomado una postura firme. ATE Indec denunció que esta «intervención política» tiene un fin recaudatorio y de ajuste fiscal encubierto. Al publicar un IPC subestimado mediante la fórmula vieja, el Gobierno licúa automáticamente las jubilaciones, las asignaciones familiares y las paritarias docentes y estatales, que están atadas a la evolución de dicho indicador. Para los trabajadores del organismo, esta maniobra es una reedición del esquema de intervención del año 2007, que recientemente recibió condena judicial, y advierten que la ruptura de la comparabilidad estadística solo busca profundizar el ajuste sobre los sectores populares mientras se deterioran los ingresos por tercer mes consecutivo.
De cara a febrero, las proyecciones son aún más sombrías. Las mediciones de las primeras dos semanas ya anticipan un piso del 3 por ciento, lo que confirmaría que la recesión no fue el remedio contra la inflación, sino apenas el agravante de una crisis social que pronto se verá reflejada en los nuevos y alarmantes niveles de pobreza que el Indec ya no podrá ocultar bajo ninguna fórmula.
Fuente Página 12
