El bloque de la UCR anunció que no acompañará el proyecto del Ejecutivo para la entrega de viviendas sociales. Argumentan que el sistema propuesto privilegia la militancia gremial por sobre las necesidades habitacionales, vulnerando la igualdad ante la ley.
Tras el análisis del expediente N° 01/26, el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical de Tornquist ha manifestado su firme rechazo a la iniciativa del Departamento Ejecutivo referente a la adjudicación de viviendas sociales. Desde el espacio calificaron la propuesta como un atentado contra la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.
Argumentos centrales del rechazo
El bloque radical fundamentó su negativa en varios puntos críticos que afectan la transparencia y la legalidad del proceso:
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Violación de la Igualdad Ante la Ley: El proyecto pretende reservar el 70% de las viviendas a personas que acrediten participación en entidades representantes de trabajadores municipales. Según la UCR, esto constituye un trato privilegiado basado en la afiliación sindical, discriminando al resto de los vecinos y trabajadores no agremiados.
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Ataque a la Libertad Sindical: Los concejales advierten que exigir una «participación activa y verificable» en gremios para acceder a una vivienda ejerce una presión indirecta sobre el trabajador, vulnerando el derecho constitucional de no afiliarse o no participar en actividades políticas/gremiales.
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Desvío de Fondos Públicos: Dado que las viviendas se construyen con fondos provinciales, la adjudicación debe regirse exclusivamente por criterios objetivos (ingresos, situación habitacional, discapacidad, etc.) y no para «premiar trayectorias gremiales».
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Privilegios Corporativos: El bloque sostiene que el proyecto transforma una política social en un «beneficio corporativo» y una herramienta de «privilegio institucional» para la burocracia gremial, en lugar de reconocer un derecho universal.
Exigencia de criterios objetivos
Desde el Bloque de la UCR reafirmaron que la normativa vigente no debería admitir discrecionalidades ni favoritismos. El Estado no debe premiar ni castigar según adhesiones ideológicas o corporativas, sino garantizar que cada vecino con derecho a una vivienda digna tenga las mismas posibilidades de acceso.
«Usar fondos públicos para premiar trayectorias gremiales municipales sería, cuanto menos, un desvío de poder», concluye el comunicado del bloque.
