Se trata del comisario inspector retirado Claudio Martínez, quien fue exsecretario de Seguridad de San Miguel del Monte que iba a ser sometido a juicio oral junto a 23 policías por la masacre ocurrida en 2019.
El exsecretario de Seguridad de San Miguel del Monte que iba a ser sometido a juicio oral junto a 23 policías por la masacre ocurrida en 2019 en esa ciudad bonaerense, en la que murieron tres adolescentes de entre 13 y 14 años y un joven de 22 al chocar el auto en el que viajaban mientras eran perseguidos a tiros por los efectivos, murió luego de haber sido atacado por un perro en el domicilio en el que cumplía su arresto.
Fuentes con acceso a la causa informaron a Télam que se trata del comisario inspector retirado Claudio Martínez, quien gozaba de un arresto domiciliario con pulsera electrónica.
De acuerdo con los voceros, Martínez tenía en su casa varios perros de raza Rottweiler, uno de los cuales lo atacó y le lesionó gravemente un brazo, por lo que fue internado en el Hospital de Alta Complejidad de Cañuelas, donde murió hoy a raíz de las lesiones sufridas.
Ante esta situación se le dio intervención al personal policial de la comisaría 2da. de Cañuelas y a Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de ese distrito, que iniciaron actuaciones por «averiguación de causales de muerte», a la espera de los resultados de la autopsia, la cual se llevará a cabo en las próximas horas.
En tanto, la causa por la denominada «Masacre de Monte» se encuentra en estos momentos en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, que ya inició las audiencias previas al debate para que las partes aporten prueba.
Una fuente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), constituida como particular damnificado, aclaró a Télam que aun no se fijó la fecha de inicio del juicio.
En marzo del año pasado, la jueza de Garantías de La Plata, Silvia Pelossi, dispuso que sean juzgados 24 sospechosos, entre ellos, el exsecretario Martínez, quien estaba acusado de encubrimiento del hecho y el incumplimiento de sus deberes como funcionario público.
En la causa se investiga la muerte de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14); y las graves heridas que sufrió Rocío Quagliariello (13), la única sobreviviente de la masacre ocurrida la madrugada del 20 de mayo de 2019.
A su vez, los principales imputados son los entonces policías Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, quienes están procesados con prisión preventiva como couatores de «homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público».
De acuerdo con la acusación, estos efectivos se encontraban a bordo de los dos patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron que el auto Fiat 147 conducido por Suárez se estrellara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta 3, en San Miguel del Monte.
Según la imputación de la fiscalía, no existió «motivo fundado» para que estos efectivos adoptaran dicho temperamento, los acusados tuvieron el «representado e indiferente propósito» de producir la muerte de las víctimas y llevaron a cabo una «agresión ilegítima».
Mientras que en el caso de los restantes acusados que no afrontan los cargos por los homicidios serán sometidos a juicio sin la intervención de jurados populares.
Se trata de los entonces efectivos policiales Florencia Stankevicius y Mario Mistretta, quienes serán juzgados «por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público»; y Julieta Aguilera Rearte y Nelson Rodríguez por «violación de deberes de funcionario público».
Por «falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público» están acusados el subcomisario Franco Micucci (ex jefe de la Estación de Policía de Monte), José Durán, Nadia Genaro, Melina Bianco, José Domínguez, Cristian Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Marcelo Idarreta y Maia Valiente.
Para la fiscalìa, Righero, Bianco, Gutiérrez y Domínguez «tuvieron conocimiento inmediato del suceso homicida» y su «condición, conocimiento y ubicación funcional, les habría permitido develar el ilícito de los otros agentes», pero no lo hicieron.
Por otro lado, Evelin Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo y Sergio Servia van a juicio por «encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público».
El teniente Héctor Ángel por «encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público»; y Raúl Mauregui sólo por «violación de deberes de funcionario público».
En su fallo de 85 páginas al que accedió Télam, la jueza concluyó que se trató de «un lamentable suceso en el cual se investiga la comisión de graves delitos presuntamente cometidos por el personal policial en el ejercicio de sus funciones», y destacó «el compromiso que asumieron los testigos que permitieron con sus declaraciones, correr el velo de lo que, hasta dicho momento, parecía ser un aparente accidente de tránsito».
