La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, señaló hoy que La Libertad Avanza “quiere usar el tema del aborto como una cortina de humo” al presentar un proyecto de ley para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y pidió que el Congreso “no tome esto ni siquiera en consideración”.
En diálogo con Télam Radio, la funcionaria bonaerense destacó que LLA viene “de un fracaso político estrepitoso con esa ley disparatada de venta y saqueo de la Argentina”, por lo que “quieren utilizar un tema sensible por el que se ha producido un enorme debate, movilización y que concluyó en el consenso mayoritario” en relación a la ley IVE sancionada a fines del 2020.
“Quieren derivar la atención pública de los problemas que son imprescindibles, urgentes en la Argentina, como es el tema del trabajo, de los ingresos, del hambre, del acceso a la salud, del desastre y a la enorme crisis provocada que están impulsando como proyecto”, denunció Díaz.
Y subrayó que “no les va a ir bien con esto” habida cuenta de que hay “un movimiento social muy amplio que construyó ese cambio de ley y que lo va a defender”.
Al destacar que el proyecto de ley presentado el 5 de febrero por cinco diputados y diputadas de LLA “deroga las excepciones del aborto del código de 1921”, Estela Díaz expresó que esta propuesta “atrasa más de 100 años y que quieren volver al siglo 19”.
También remarcó que elimina la causal de la violación, “o sea que quieren forzar a las mujeres en la situación de violación, en la continuidad de un embarazo”.
“La verdad que esta gente debería llamarse La Libertad Atrasa, ese debería ser su verdadero nombre”, agregó al considerar que “es intolerable para nuestra sociedad” que ese debate se instale en el Congreso.
En este marco, sostuvo la necesidad de que los legisladores y legisladoras “estén trabajando fuertemente en la defensa de la mejora de la vida cotidiana de la población que se está deteriorando de manera estrepitosa” y no dediquen tiempo “para discutir un proyecto que atrasa más de un siglo”.
Acerca de la marcha de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la ministra Estela Díaz planteó que “no hay ninguna razón para revisar el marco legal vigente” y que el sistema de salud “está atendiendo a toda aquella mujer que requiere atención por la interrupción de un embarazo”.
“Eso ha reducido significativamente la morbimortalidad de mujeres por aborto, no sólo a la muerte, que las cifras no eran tan elevadas, sino también las enormes cantidades de complicaciones por aborto y el acompañamiento, además, para que no haya repitencia”, dijo.
Y resumió su posición calificando este proyecto de ley presentado por el bloque oficialista en Diputados como “inaceptable” y que muestra “la irresponsabilidad política de esta gente que nos está gobernando”.
El proyecto de ley presentado el 5 de febrero por LLA por la diputada propone la derogación de la «Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)», además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.
En el caso del artículo 85, esta propuesta volvería a penalizar «con reclusión o prisión de uno a cuatro años» a quien causare el aborto en cualquier etapa de gestación y en el artículo 86 reinstalaría la «inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena» a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que «abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo».
Actualmente, de acuerdo con la ley 27.610 que se encuentra vigente, ambos artículos indican que no se incurre en delito en caso de que el aborto sea realizado dentro de las primeras 14 semanas de gestación y «con consentimiento de la persona gestante».
En tanto la propuesta libertaria pide volver a modificar el artículo 85 del Código Penal y penalizaría «con reclusión o prisión de uno a cuatro años» si se practicara un aborto con consentimiento «de la mujer».
Además, se eliminaría el artículo 85 bis, que reprime «con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena» a quien «dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare» a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
Asimismo, se modificaría el artículo 88 del Código Penal: «Será reprimida con prisión de uno (1) a tres (3) años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare».
En la legislación actual, este artículo aplica tan solo de tres meses a un año a la persona gestante que, «luego de la semana catorce (14) de gestación causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare».
