Saltaron la reja del Palacio Legislativo y se pronunciaron en las escalinatas.
Los manifestantes, de Greenpeace, saltaron la reja del Palacio Legislativo y se pronunciaron en la escalinata, sentados en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción, hoy en el Senado. Además arrestaron a un camarógrafo, que resultó herido.
La normativa vigente, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.
TN accedió a los últimos cambios que hizo el oficialismo en el dictamen original del proyecto que estaba desde diciembre.
No hay grandes modificaciones, y la más significativa son dos agregados en los artículos 6 y 7. Incluyen la prohibición de actividades que impliquen daños al ambiente en términos de la Ley General del Ambiente 25.675, y la determinación de que las evaluaciones ambientales cumplan con la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua 25.688. Este último punto implica un monitoreo de la calidad y cantidad del caudal de agua que se vea afectado.
El Gobierno apuesta a priorizar las actividades productivas (minera, hidrocarburífera) en Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, atraer y darles luz verde a proyectos mineros internacionales.
Para eso abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica. Algo que, según la ley vigente, está prohibido.
Si el proyecto se convierte en ley la relevancia hídrica pasarán a determinarla las provincias, a la que se les otorgaría mayor poder de decisión para analizar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.
La organización ecologista Greenpeace ya se había manifestado a principios de mes contra la iniciativa, con un cartel de 50 metros de largo con el mensaje: “El agua es un derecho, no se negocia”.
La especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra, explicó: “La protección de los glaciares no es un simple tecnicismo legal, sino una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos y argentinas. Reducir los estándares de protección actuales, lejos de ser un avance, representaría un retroceso peligroso que compromete el acceso al agua de las generaciones presentes y futuras”.
Rossi Serra advirtió: “La reforma de la ley ignora y vulnera gravemente los compromisos tanto nacionales como internacionales asumidos por Argentina para enfrentar la crisis climática. No hay desarrollo posible si se recortan las bases de protección que garantizan seguridad hídrica y estabilidad para las comunidades y ecosistemas”.
Fuente Frente a Cano
